Los exchanges de Bitcoin de España son los más afectados por la ley antifraude. La normativa pone a estas empresas nacionales en diferentes desventajas frente a las empresas internacionales; y es que estas se encuentran con la ventaja de que se encuentran exentas de algunas responsabilidades tributarias.
La Ley Antifraude del Ministerio de Hacienda, abarca ahora a las criptomonedas; y exime de responsabilidades tributarias y regulatorias a exchanges centralizados y extranjeros, como es el caso de Coinbase o Binance. Sin embargo, sucede lo contrario en los exchanges nacionales que tienen su sede en el territorio español, como es el caso de Bit2Me o 2gether, entre otros.
De acuerdo a lo establecido por la ley, los exchanges de bitcoin tienen la obligación de enviar los datos de los saldos en monedas virtuales de los clientes; y así como cualquier otra operación relacionada, como la compra, envío, transferencia y resguardo de las mismas. Esto también se aplica para aquellas personas que realizan ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.
“Se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los y las titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de otras personas o entidades para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores o las proveedoras de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia”, indica la Ley Antifraude que ha sido promulgada en el territorio español.
De esta manera, toda la información debe ser elevada a la Agencia Tributaria; y hay que tener en cuenta que aplica a las empresas residentes en España y otras compañías extranjeras con sede permanente en España. Es decir, que tengan oficinas que se encuentren situadas en el territorio nacional.
Hacienda puede llegar a pedir información
De esta manera, las empresas que operen de forma virtual, como sucede en el caso de Coinbase o Binance con sus respectivas plataformas y aplicaciones, se encuentran ajenas a estas obligaciones que están indicadas por la ley.
Además, es importante saber que hay sanciones para quienes no acaten la normativa, y es que derivará en multas para las empresas implicadas. De hecho, las sanciones van desde los 5.000 euros por los datos de cada criptomonedas que no se hayan registrado; y lo mismo ocurrirá en el caso de que se facilite información falsa, inexacta o incompleta.
La regulación en España ya tuvo lugar tiempo atrás. Aunque en la actualidad se hace mención a los exchanges, en un primer momento la exigencia de declarar las criptomonedas tuvo lugar sobre quienes ahorran en bitcoin.
En diciembre del pasado año 2021, el Ministerio de Hacienda comenzó a llevar a cabo la solicitud de información a varios usuarios que debían detallar su posesión de criptoactivos durante los ejercicios de los últimos cuatro años.
Esta solicitud de información recayó sobre algunos contribuyentes en particular y no sobre todos ellos. En la declaración, se les solicitó a estas personas que aclarasen qué saldo de criptoactivos han tenido en sus haberes este tipo de activos desde 2017 a la fecha durante cada año.
Asimismo, y por otro lado, es necesario tener en cuenta que las competencias relativas a la recaudación del Impuesto sobre Patrimonio, que es el que se encarga de gravar la propiedad de bienes y derechos, se encuentren cedidas en España a las comunidades autónomos.
No obstante, aunque la Ley Antifraude de España haga una excepción con los exchanges de criptomonedas más grandes del mercado, como son Coinbase y Binance, no quiere decir que desde el país no se quiera su regulación; y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Competencia (CNMV) manifestó que estas empresas formaban parte de su lista gris.
