El 8 de septiembre de 2022, seis usuarios de Tornado Cash demandaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la inclusión del protocolo en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La cuestión iba mucho más allá de un mezclador de criptomonedas: el caso obligaba a preguntarse si el Gobierno podía tratar como propiedad sancionable un conjunto de contratos inteligentes inmutables que nadie podía modificar ni retirar de Ethereum.
La demanda, denominada Van Loon et al. v. Department of the Treasury et al., fue presentada en el Distrito Oeste de Texas y contó con financiación de Coinbase. Los demandantes eran usuarios que afirmaban haber recurrido a la herramienta por motivos legítimos de privacidad, como ocultar donaciones o evitar que su actividad económica pudiera relacionarse con su identidad física.
Cripto-índice:
Qué había sancionado la OFAC
La OFAC había designado Tornado Cash el 8 de agosto de 2022 y bloqueado direcciones vinculadas con el protocolo. El Tesoro justificó la medida por el uso de la herramienta para blanquear criptoactivos procedentes de ataques informáticos, incluidos robos atribuidos al grupo Lazarus de Corea del Norte. Desde la perspectiva del supervisor, el riesgo para la seguridad nacional permitía actuar con las facultades económicas de emergencia de Estados Unidos.
Los usuarios no negaban que delincuentes hubieran utilizado el protocolo. Su argumento central era más preciso: sostenían que el poder de bloqueo previsto en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alcanzaba bienes o intereses en bienes de una persona extranjera, pero no software autónomo sin dueño. También invocaron la Administrative Procedure Act y alegaron afectaciones a derechos de propiedad y expresión.
La distinción técnica resultaba esencial. Algunos elementos asociados con Tornado Cash podían depender de personas o de estructuras de gobernanza. Sin embargo, los contratos de sus principales fondos habían quedado inmutables después de una ceremonia realizada en 2020. Una vez desplegados de ese modo, continuaban ejecutándose cuando un usuario enviaba las instrucciones previstas, aunque desarrolladores, titulares de TORN o autoridades quisieran detenerlos.
El problema jurídico del código inmutable
La demanda abrió una de las discusiones más importantes del derecho aplicado a DeFi: una herramienta no es necesariamente lo mismo que la persona que la creó, la interfaz que facilita su uso o el grupo que impulsa funciones adicionales. Esa separación importa porque cada elemento puede admitir un tratamiento jurídico distinto.
Para los proyectos descentralizados, el caso mostró que eliminar claves de administración no elimina todos los riesgos regulatorios. Las interfaces web, los relayers, las tesorerías y los participantes identificables pueden seguir sujetos a obligaciones. A la vez, la inmutabilidad plantea un límite práctico y conceptual: una orden dirigida a un código que no puede obedecerla no funciona como una orden dirigida a una empresa que controla cuentas o servidores.
También quedó expuesta la tensión entre privacidad y prevención del blanqueo. En una blockchain pública, una dirección permite reconstruir movimientos financieros durante años. Los mezcladores pueden proteger a usuarios legítimos frente a vigilancia, extorsión o ataques, pero la misma capacidad de romper la trazabilidad puede ser aprovechada para ocultar fondos robados.
Por qué el caso fue relevante para el sector
La acción de septiembre de 2022 fue el comienzo de una prueba judicial sobre el alcance real de las sanciones económicas en sistemas descentralizados. El resultado podía afectar a desarrolladores de código abierto, proveedores de infraestructura, protocolos DeFi y usuarios de herramientas de privacidad. También advertía que llamar “descentralizado” a un servicio no resolvía por sí solo la cuestión: los tribunales examinarían quién controla cada componente y qué encaje tiene en la ley invocada.
Para los equipos jurídicos, la lección inmediata era realizar un mapa funcional del protocolo. Había que diferenciar contratos mutables e inmutables, interfaz, gobernanza, claves administrativas, operadores y flujos de remuneración. Sin ese análisis, tanto una defensa como un programa de cumplimiento corrían el riesgo de tratar como una sola entidad componentes técnicamente distintos.
Perspectiva desde 2026
El recorrido posterior confirmó la importancia del litigio. El 26 de noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito concluyó que los contratos inteligentes inmutables examinados no eran “propiedad” en el sentido de la IEEPA: no podían poseerse, no constituían contratos con una contraparte controladora y tampoco eran servicios poseídos por Tornado Cash. Por ello, consideró que la OFAC había excedido su autoridad estatutaria respecto de esos contratos.
El 21 de marzo de 2025, el Tesoro retiró las sanciones económicas sobre Tornado Cash. La decisión no convirtió en lícito cualquier uso del protocolo ni impidió perseguir delitos, blanqueo o personas sancionadas. Sí dejó una regla jurídica de enorme trascendencia: el poder administrativo sobre actores y bienes no puede extenderse automáticamente a código autónomo cuando la ley no lo contempla.
Fuentes
- Expediente de Van Loon v. Department of the Treasury, 8 de septiembre de 2022.
- Axios: cobertura contemporánea de la demanda, 8 de septiembre de 2022.
- Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito: sentencia, 26 de noviembre de 2024.
- Departamento del Tesoro: retirada de las sanciones, 21 de marzo de 2025.
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