Un grupo de ciudadanos españoles, alegando la protección de los inversores españoles de bitcoin y otras criptomonedas y cómo afecta a principios básicos del ordenamiento jurídico del país, ha hecho una solicitud al defensor del pueblo y el Gobierno de España para que se tomen medidas enfocadas la modificación y protección de quienes poseen tenencias de criptoactivos en el país.
De esta manera, desde el grupo se busca que haya una intervención por la cual se proteja a los inversionistas de Bitcoin y ha instado al Estado a que se realice una modificación de la Ley de Impuesto de la Renta de las Personas Física (LIRPF), de la cual aseguran que atenta contra aquellos usuarios de activos digitales por sus cargas tributarias.
De acuerdo con las palabras de algunos de los implicados, su petición es la de regular adecuadamente y con la mayor brevedad posible un nuevo régimen fiscal de los intercambios de monedas virtuales, de forma que las permutas queden exentas de tributación, salvo que se vendan criptomonedas por euros u otras monedas fiduciarias.
El nuevo régimen fiscal facilitaría en gran medida la simplificación y coste de la contabilidad y tributación al contribuyente, teniendo en cuenta que en la actualidad la agencia tributaria exige contabilizar todos los intercambios que se realicen entre criptomonedas.
Tributar tan solo conforme se vendan las criptomonedas a euros u otra moneda digital es mucho más fácil de controlar por parte de la Agencia Tributaria y de tributar por el contribuyente; y esto incitaría a regularizar de forma voluntaria opciones escondidas y no tributadas desde hace años, lo que beneficiaría la recaudación, además de facilitar el no evadir o eludir fiscalmente su tributación para evitar la contabilidad, el coste económico y los errores que puedan acabar derivando en que se produzcan sanciones económicas.
Complejidad en la contabilidad fiscal
La modificación legal que solicita este grupo de ciudadanos españoles facilitaría el control, la contabilidad, la tributación y la inspección, además de que evitaría en gran parte la defraudación fiscal que deriva del temor a que pueda sufrirse una multa por cometer un error involuntario en un tema tan complejo como el que rodea a las criptomonedas.
Hay que ser consciente de que todo inversionista de criptomonedas afronte un complejo trabajo de contabilidad fiscal totalmente injusto, ingente, costo y desproporcionado a su juicio y que resulta ineficiente para su recaudación y control, pues induce a la evasión fiscal en detrimento del interés público y de la propia administración tributaria.
En España todo inversionista medio de activos virtuales tiene que llevar a cabo la contabilidad de todas las operaciones de intercambios de criptomonedas que haya hecho en el lapso de un año en sus monederos digitales, exchanges centralizados, descentralizados, plataformas de comercio entre pares, monederos fríos…, lo que exige de una gran inversión de tiempo y dinero.
Según se indica desde este grupo, se requiere de dinero para la contratación anual de un programa o software de contabilidad que se encuentre especializado en criptomonedas, y estos tienen un precio que puede superar los 100 euros. Asimismo, también se requiere de tiempo, sobre todo para la obtención de los archivos contables de los monederos que no se puedan importar desde una API, además de lo que se requiere para la ordenación de las transferencias bancarias, fotos, cargos de tarjetas, capturas de pantalla y otros documentos en los que figuren las permutas realizadas por parte de un usuario.
Si no se cuenta con tiempo para ello, habrá que contratar un asesor fiscal especializado en activos digitales. Esto supone, por tanto, también un costo superior en honorarios, una suma que se debe declarar en impuestos.