El 7 de abril de 2025, el fiscal general adjunto Todd Blanche difundió la nueva política penal cripto del DOJ bajo el título “Ending Regulation By Prosecution”. El memorando disolvió con efecto inmediato el National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) y ordenó concentrar recursos en fraude con víctimas, hackeos y usos criminales intencionales de activos digitales.
El cambio afectaba a la discrecionalidad interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No derogaba delitos aprobados por el Congreso, no vinculaba a tribunales y declaraba expresamente que no creaba derechos exigibles por investigados. Una empresa no podía invocarlo como licencia para ignorar blanqueo, sanciones o transmisión de dinero.
Cripto-índice:
Prioridades de la nueva política penal cripto del DOJ
El memorando pidió perseguir conductas que dañaran a inversores y consumidores, como estafas, robos, ataques informáticos y apropiación de activos. También mantuvo como prioridades el uso de criptomonedas para terrorismo, narcotráfico, trata, crimen organizado, cárteles y blanqueo de beneficios delictivos.
En cambio, ordenó evitar casos contra exchanges, mezcladores y proveedores de monederos basados únicamente en actos de sus usuarios o en infracciones regulatorias no conscientes. Para acusar a intermediarios, los fiscales debían centrarse en pruebas de intención delictiva y participación material, no en convertir un proceso penal en sustituto de reglas administrativas poco claras.
El DOJ también restringió cargos que obligasen a decidir si un criptoactivo era valor o materia prima cuando existiera otra teoría penal disponible. La clasificación podía seguir siendo relevante, pero no debía dominar casos de fraude que podían probarse sin resolver esa cuestión regulatoria.
Qué cambió con la desaparición de NCET
NCET había coordinado experiencia especializada sobre exchanges, mezcladores, ransomware e investigaciones blockchain dentro de la División Penal. Su disolución no eliminó esa capacidad: las fiscalías federales continuarían utilizando herramientas ordinarias y la sección de delitos informáticos (CCIPS) conservaría funciones de orientación, formación y enlace con el sector.
La Market Integrity and Major Frauds Unit dejó de asumir asuntos cripto para centrarse en otras prioridades. El reparto desplazaba responsabilidad hacia fiscalías y unidades dedicadas al delito subyacente. Un caso podía seguir incluyendo trazado on-chain, decomiso o activos digitales aunque no estuviera dirigido por un equipo con “criptomoneda” en su nombre.
El memorando formaba parte del grupo presidencial sobre mercados de activos digitales. El Departamento debía participar en propuestas regulatorias y revisar actuaciones anteriores. La separación entre política penal y regulación civil buscaba que SEC, CFTC, Congreso y supervisores financieros definieran el perímetro sin apoyarse indebidamente en acusaciones criminales.
Por qué fue relevante para intermediarios
Para desarrolladores y proveedores no custodios, el lenguaje sobre actos de terceros reducía el temor a responsabilidad automática. Sin embargo, conocer el uso ilícito, diseñar una estructura para ocultarlo o prestar ayuda consciente seguía exponiendo a acusaciones. La tecnología neutral no protege a quien participa en el delito.
Los exchanges tampoco quedaban fuera de la Bank Secrecy Act. Registro ante FinCEN, programas AML, informes de operaciones sospechosas y sanciones continuaban vigentes cuando resultaran aplicables. El cambio era de selección y teoría de casos, no una amnistía regulatoria.
Perspectiva desde 2026
La actuación posterior confirmó el foco anunciado. En 2025 y 2026, el DOJ impulsó una Scam Center Strike Force contra redes transnacionales de fraude de inversión y blanqueo con criptomonedas. En junio de 2026 comunicó una semana de interrupciones con empresas privadas y la congelación de millones de dólares vinculados a fondos robados.
Ese trabajo no reconstituyó NCET; utilizó fiscalías, la División Penal, autoridades extranjeras y análisis de blockchain alrededor de víctimas y crimen organizado. Desde agosto de 2026, la lección es doble: el Departamento abandonó la regulación penal por categorías ambiguas, pero mantuvo una persecución intensa cuando los criptoactivos eran instrumento o producto de delitos tradicionales.
Fuentes
- Departamento de Justicia: memorando Ending Regulation By Prosecution, 7 de abril de 2025.
- Associated Press: cobertura contemporánea del cambio de política, 8 de abril de 2025.
- Departamento de Justicia: resultados de la Scam Center Strike Force, 3 de junio de 2026.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.