Las criptomonedas no han dejado de crecer en popularidad a lo largo de los últimos años, siendo Bitcoin el principal responsable de ello. Tras su llegada en el año 2009 han sido millones de personas las que, alrededor de todo el planea; han decidido sumarse a ella realizando sus inversiones y operaciones con la principal criptomoneda.
La Directiva europea 2018/843 hace referencia a este tipo de activos como una representación digital de un valor que aceptan personas jurídicas y físicas como medio de cambio; y que se puede almacenar, transferir y negociarse a través de medios electrónicos. Además, recalca que se trata de un monedas emitidas en el terreno privado; y que, por lo tanto, su valor no está garantizado por ningún banco central ni institución pública.
España es uno de los países en los que se ha experimentando un mayor nivel de operaciones con las criptomonedas. En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aquellos ciudadanos que inviertan en este tipo de activos a través de plataformas de intercambio deben ser conocedoras de que las ganancias patrimoniales obtenidas por la permuta de estas monedas o su conversión a moneda de curso legal tienen un impacto fiscal en su IRPF.
En concreto, deben tener en cuenta la siguiente tributación: al 19 % para los primeros 6.000 euros; 21 %, entre 6.000 y 50.000 euros; 23 %, entre 50.000 y 200.000 euros, y un 26 % en el caso de que las ganancias se encuentren por encima de los 200.000 euros.
Con ello, la Agencia Tributaria trata de evitar que se produzcan fugas de recaudación y otras irregularidades que, hasta el momento, no ha logrado controlar de una manera eficiente. Esta situación complica a los usuarios que hacen uso de este tipo de activos, el negocio con el mismo. Por lo tanto supone un revés para todos aquellos que deciden invertir.
Refuerzo del control fiscal sobre Bitcoin
El Gobierno de España ha decidido reforzar el control fiscal sobre Bitcoin y el resto de criptomonedas a través de la reforma al Proyecto de ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que viene realizando desde el pasado año 2020. Con motivo de esta normativa se obliga a la declaración de la tenencia de criptomonedas; tanto de aquellas que se encuentren en monederos como en plataformas de custodia, con independencia de que sean nacionales o extranjeras.
Este lineamiento se incluyo en la disposición que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio. Esta legislación establece que las operaciones con criptomonedas deben ser incluidas en la declaración de bienes en el extranjero, basado en el Modelo 720.
El Modelo 720 se refiere a la declaración sobre y derechos en el extranjero, la cual se considera una obligación tributaria de carácter informativo. Esta declaración tributaria tiene que ser presentada por entidades o personas residentes en España.
De esta manera, como consecuencias de estas nuevas medidas, se impondrían nuevas multas, que podrían llegar a ser de 5.000 euros por cada dato que no esté incluido; o bien, que habiéndolo hecho, contengan algún tipo de información errónea, incompleta o falsa. De igual manera, hay que tener en cuenta que habrá una multa de 100 euros por cada dato sobre las criptomonedas que no sea presentado en tiempo y forma.
De esta manera, podemos ver como desde España hay un nuevo control sobre las criptomonedas, de forma que se buscará evitar casos de fraude fiscal. Así pues, se busca tener un mayor control sobre la tenencia y uso de las criptomonedas por parte de los ciudadanos de España. Habrá que ver con el paso del tiempo el éxito o fracaso de esta medida tomada por parte del Gobierno español.
