Un jurado federal de Manhattan declaró el 2 de noviembre de 2023 a Sam Bankman-Fried culpable de los siete delitos sometidos a juicio por el colapso de FTX y Alameda Research. El veredicto llegó tras un mes de testimonios, documentos internos y explicaciones sobre el movimiento de miles de millones de dólares pertenecientes a clientes.
El veredicto de Sam Bankman-Fried decidió su culpabilidad, pero no fijó ese día la pena. La sentencia se celebraría meses después. Esta separación procesal importa: en noviembre ya existía una condena del jurado sobre todos los cargos juzgados, aunque todavía no podía afirmarse cuántos años de prisión impondría el tribunal.
Cripto-índice:
Qué decidió el veredicto de Sam Bankman-Fried
El jurado lo declaró culpable de dos delitos de fraude electrónico y cinco conspiraciones. Estas últimas abarcaban fraude contra clientes de FTX, prestamistas de Alameda e inversores de FTX, además de fraude de valores, fraude de materias primas y blanqueo de capitales.
La Fiscalía presentó el caso como un esquema de apropiación y engaño. Según la prueba aceptada por el jurado, depósitos de clientes fueron desviados a Alameda y utilizados para inversiones, devolución de préstamos, adquisiciones inmobiliarias, gastos y contribuciones políticas. Al mismo tiempo, se transmitía al público que los fondos estaban seguros y separados.
Los testimonios de antiguos directivos, entre ellos Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, ayudaron a reconstruir decisiones internas y modificaciones técnicas. El código permitía a Alameda retirar cantidades enormes y mantener un saldo negativo que un cliente ordinario no podía asumir. Los documentos financieros mostraron cómo se describía esa exposición a inversores y prestamistas.
Bankman-Fried declaró en su propia defensa y negó haber actuado con intención delictiva. El jurado rechazó esa explicación al emitir un veredicto de culpabilidad en cada cargo. La decisión no fue un acuerdo ni una admisión negociada: fue el resultado de un juicio contradictorio con prueba evaluada por ciudadanos.
Claves jurídicas y regulatorias
El proceso demostró que no toda gran causa cripto depende de clasificar un token. El núcleo estaba formado por delitos tradicionales de fraude, engaño y blanqueo. Aunque FTX operaba con activos digitales, utilizar depósitos ajenos de forma incompatible con lo prometido encajaba en normas penales anteriores a blockchain.
La estructura societaria tampoco impidió atribuir responsabilidad individual. FTX atendía a clientes y Alameda realizaba negociación, pero la Fiscalía probó conexiones de control, información y flujo de fondos. El análisis jurídico se centró en quién tomó decisiones, qué sabía y qué mensajes transmitió.
El veredicto no resolvió por sí solo la quiebra ni ordenó el pago inmediato a cada cliente. La masa concursal debía localizar activos y tramitar créditos, mientras el proceso penal podía utilizar decomisos para compensación. Insolvencia, restitución y pena eran procedimientos relacionados, pero diferentes.
Por qué fue relevante para el sector
El caso convirtió controles que podían parecer operativos en cuestiones de responsabilidad penal: segregación de activos, privilegios en el código, conciliación contable y declaraciones públicas. Un consejo de administración o auditor no puede limitarse a observar el saldo visible si otra entidad tiene acceso excepcional a los fondos.
Para los usuarios, el juicio mostró que “custodia” puede significar cosas muy distintas. Entregar claves o activos a una plataforma crea riesgo sobre su gobierno y contabilidad. La existencia de blockchain permite rastrear ciertos movimientos, pero no sustituye controles internos ni impide falsificar información fuera de la cadena.
Perspectiva desde 2026
El 28 de marzo de 2024, el juez Lewis Kaplan condenó a Bankman-Fried a 25 años de prisión, tres años de libertad supervisada y más de 11.000 millones de dólares de decomiso. La sentencia llegó después de considerar la escala del perjuicio y otros factores propios de la fase de pena. Bankman-Fried recurrió tanto la condena como la duración impuesta.
El 12 de junio de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto y la pena. Rechazó la alegación de que el juicio hubiera sido injusto y calificó de sólida la prueba presentada por el Gobierno. A agosto de 2026, esa decisión mantiene la condena; todavía deben distinguirse las posibles vías extraordinarias posteriores de una revocación que no se ha producido.
Fuentes
- Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: declaración sobre el veredicto, 2 de noviembre de 2023.
- Associated Press: cobertura contemporánea del juicio, 2 de noviembre de 2023.
- Departamento de Justicia: sentencia de 25 años, 28 de marzo de 2024.
- Associated Press: confirmación de la condena en apelación, 12 de junio de 2026.
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