El Gobierno argentino creó en febrero de 2025 una unidad especial para reunir información sobre la promoción y el lanzamiento del token LIBRA. La medida administrativa se produjo mientras avanzaba una investigación del caso LIBRA en la justicia federal, tras denuncias relacionadas con la difusión del proyecto por el presidente Javier Milei.
Cripto-índice:
Cómo nació la investigación del caso LIBRA
LIBRA fue presentado en redes como una iniciativa vinculada al apoyo de proyectos privados en Argentina. Una publicación de Milei difundió su dirección de contrato y atrajo atención inmediata. El precio subió con rapidez y después cayó, en un mercado donde algunas carteras habían adquirido tokens antes de que el mensaje multiplicara la demanda.
La eliminación posterior de la publicación y las pérdidas de compradores generaron denuncias. Ese encadenamiento justificaba investigar qué sabía cada participante, cómo se distribuyeron los tokens y si existieron acuerdos previos. No demostraba por sí mismo estafa, asociación ilícita ni intervención penalmente relevante de cada persona mencionada.
El Decreto 114/2025 dispuso la creación de la Unidad de Tareas de Investigación en el ámbito del Ministerio de Justicia. Su misión era recabar documentos e información y remitirlos a las autoridades competentes. También ordenó poner los antecedentes a disposición de la Oficina Anticorrupción para evaluar la conducta de funcionarios.
Una unidad del Ejecutivo no sustituye al fiscal ni al juez. Puede ordenar cooperación interna y facilitar acceso a registros administrativos, pero no dicta condenas ni resuelve la validez de una imputación. La investigación penal conserva sus propias garantías, reglas de competencia y estándares probatorios.
Promoción política y responsabilidad jurídica
Que una figura pública comparta un token puede tener enorme efecto económico. La relevancia penal, civil o administrativa depende, sin embargo, de hechos más concretos: relación con promotores, conocimiento de la estructura, contraprestaciones, contenido exacto del mensaje y posibilidad de prever el perjuicio. Alcance político no equivale automáticamente a dominio del proyecto.
Para los creadores, la trazabilidad on-chain permite reconstruir compras, ventas y transferencias, pero una dirección no identifica siempre a su titular. Es necesario enlazarla con comunicaciones, accesos, registros de exchanges y movimientos bancarios. Además, vender con beneficio no acredita por sí solo que existiera un plan fraudulento previo.
Los compradores afrontan otra dificultad: distinguir una pérdida causada por volatilidad de un daño derivado de engaño. Una acción de resarcimiento necesita identificar manifestaciones falsas o silencios jurídicamente relevantes, confianza razonable, causalidad y cuantificación. En un token presentado con mensajes vagos, probar qué promesa impulsó cada compra puede ser complejo.
El episodio también planteó deberes institucionales. La comunicación presidencial puede percibirse como respaldo oficial aunque el texto niegue patrocinio. Protocolos de conflicto de interés, revisión jurídica y archivo de contactos ayudan a evitar que una recomendación personal se confunda con una decisión del Estado.
Qué no podía concluirse en febrero
En aquel momento era correcto hablar de denuncias, diligencias y sospechas. No lo era presentar como probado que Milei hubiera diseñado el token, recibido beneficios o cometido fraude. Tampoco podía atribuirse a toda persona cercana al proyecto la operativa de carteras cuya titularidad aún debía acreditarse.
La cautela terminológica protege tanto la presunción de inocencia como la calidad del análisis. “Imputado”, “investigado”, “acusado” y “condenado” describen fases distintas. Una noticia puede ser relevante sin anticipar el resultado de una causa que necesita cooperación internacional y peritaje técnico.
Perspectiva desde 2026
Desde agosto de 2026, la fiscalía seguía describiendo la causa como una investigación en curso. Informaciones posteriores añadieron transferencias y obstáculos técnicos o presupuestarios, pero no autorizaron a convertir hipótesis en hechos firmes. Un comunicado fiscal también aclaró incidencias relativas a una medida irregular, separadas del fondo del expediente.
El caso muestra por qué un proyecto de token debe conservar asignaciones, beneficiarios, contratos, comunicaciones y reglas de liquidez desde antes del lanzamiento. Para cargos públicos, revela un riesgo adicional: una publicación breve puede activar mercados globales y después exigir años de reconstrucción probatoria. Transparencia ex ante resulta más eficaz que explicar vínculos cuando el precio ya se desplomó.
Fuentes
- Decreto 114/2025 de Argentina, febrero de 2025.
- El País: apertura de la investigación judicial, 22 de febrero de 2025.
- Ministerio Público Fiscal: situación de la causa LIBRA, 2026.
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