Julio de 2026 dejó tres líneas regulatorias especialmente claras. En la Unión Europea terminó el periodo máximo de transición previsto para los proveedores que operaban antes de MiCA; el Reino Unido avanzó en el tratamiento fiscal y transatlántico de las stablecoins; y Estados Unidos combinó el debate sobre estructura de mercado con actuaciones patrimoniales frente a presuntas estafas.
El mes no produjo un único acto que reorganizara por completo el sector. Su importancia está en la convergencia: los grandes mercados pasaron de discutir principios generales a concretar quién puede seguir operando, cómo se tratan ciertos usos de stablecoins y qué facultades tienen las autoridades frente a productos o fondos vinculados a criptoactivos.
Cripto-índice:
MiCA: termina la última red de transición
El 1 de julio finalizó el plazo máximo de 18 meses que los Estados miembros podían conceder a determinados proveedores de servicios de criptoactivos ya activos antes de la aplicación de MiCA. Como explicamos en el cierre del periodo máximo de transición, ello no significa que todos los operadores europeos tuvieran el mismo calendario: cada Estado pudo optar por un plazo menor y algunos no aplicaron régimen transitorio.
La consecuencia práctica es que desapareció la última posibilidad prevista por el reglamento para seguir prestando servicios amparándose únicamente en un régimen nacional anterior. Desde entonces, la continuidad depende de contar con autorización MiCA o de encajar en otra base jurídica válida. ESMA había advertido oficialmente de la necesidad de preparar el final de esos periodos y evitar que la protección transitoria se interpretara como una licencia indefinida.
El hito debe leerse como un cambio de fase, no como el final del trabajo regulatorio. La supervisión convergente, las actualizaciones del registro y la revisión institucional de MiCA seguirán determinando si el pasaporte europeo funciona de forma homogénea.
Stablecoins: del uso cotidiano a la coordinación internacional
El Reino Unido anunció que determinadas conversiones de stablecoins dejarían de tratarse como disposiciones sujetas al impuesto sobre ganancias de capital cuando funcionaran como medio de pago. La medida, analizada en la propuesta británica de exención, persigue evitar que cada movimiento técnico necesario para pagar genere por sí mismo una liquidación fiscal. El documento oficial del Gobierno británico delimita el enfoque y recuerda que el detalle legislativo sigue siendo decisivo.
La segunda pieza fue internacional. Reino Unido y Estados Unidos publicaron principios compartidos sobre reservas, reembolso, cooperación supervisora y compatibilidad entre regímenes. Nuestro análisis de la declaración conjunta sobre stablecoins subrayó que se trata de una orientación política y regulatoria, no de una autorización automática para emisores. La declaración oficial intenta reducir fricciones entre dos mercados que desarrollan sus propias reglas.
Leídas juntas, ambas iniciativas muestran una transición desde el debate sobre si las stablecoins deben regularse hacia preguntas más concretas: qué activos respaldan la emisión, cómo se garantiza el reembolso, cuándo existe un hecho imponible y qué ocurre cuando emisor, custodio y usuario están en jurisdicciones distintas.
Estados Unidos: estructura de mercado y recuperación de activos
En el Senado estadounidense se difundió un texto unificado del CLARITY Act para continuar el debate sobre el reparto de competencias y la estructura del mercado de activos digitales. Como contamos al analizar el nuevo texto del CLARITY Act, la publicación no equivalía a aprobación ni entrada en vigor. Era un paso parlamentario relevante que debía seguir atravesando negociación, votación y el resto del procedimiento legislativo. La comunicación del Senado presentaba el texto como base actualizada para ese trabajo.
El otro frente fue ejecutivo y patrimonial. Cinco demandas civiles buscaron decomisar más de 25 millones de dólares presuntamente ligados a estafas de inversión en criptoactivos. El artículo sobre las acciones de decomiso explicó que una demanda no implica que el Estado haya obtenido ya una resolución definitiva. El Departamento de Justicia vinculó las actuaciones a investigaciones sobre varios esquemas y a la recuperación de fondos para posibles víctimas.
Estas dos líneas responden a funciones diferentes. El CLARITY Act intenta definir reglas generales para el mercado; los decomisos aplican herramientas existentes a casos concretos. Confundirlas conduciría a medir con el mismo criterio una propuesta legislativa y una actuación judicial patrimonial.
La tendencia del mes y los próximos hitos
El balance de julio es el de una regulación cada vez más operativa. Europa cerró el margen transitorio más amplio de MiCA. Reino Unido abordó fricciones fiscales y de coordinación para stablecoins. Estados Unidos mantuvo abierto el diseño de su arquitectura de mercado mientras utilizaba instrumentos civiles para perseguir activos supuestamente vinculados a fraude.
Para los operadores, el mensaje práctico es doble. Primero, el estado jurídico exacto importa: un periodo que expira, una propuesta fiscal, una declaración conjunta, un texto parlamentario y una demanda de decomiso producen efectos distintos. Segundo, las obligaciones ya no se concentran solo en el token; alcanzan autorización, reservas, reembolso, fiscalidad, custodia, intermediación y trazabilidad de fondos.
Tras julio conviene vigilar la aplicación supervisora de MiCA sin paraguas transitorio, la conversión de las propuestas británicas en normas concretas, la evolución parlamentaria del CLARITY Act y las resoluciones judiciales que determinen el destino final de los activos reclamados. Esa secuencia permitirá comprobar si la coordinación anunciada se traduce en reglas compatibles o en nuevas diferencias entre jurisdicciones.
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