Wyoming aprobó el 7 de marzo de 2024 la Decentralized Unincorporated Nonprofit Association Act, conocida por las siglas DUNA. La norma ofreció una forma de entidad específicamente adaptable a organizaciones autónomas descentralizadas. La estructura DUNA para las DAO trató de conectar gobernanza en cadena, contratos inteligentes y responsabilidad jurídica sin convertir necesariamente el proyecto en una sociedad mercantil tradicional.
Cripto-índice:
Qué ocurrió
El gobernador firmó el proyecto SF0050 como Enrolled Act 23. La ley creó un nuevo capítulo en los estatutos de Wyoming y fijó su entrada en vigor para el 1 de julio de 2024. Por ello, la firma de marzo confirmó el marco, pero las entidades no pudieron acogerse a él de forma inmediata ese mismo día.
En su diseño original, una DUNA debía reunir al menos cien miembros unidos por consentimiento mutuo y por un propósito común sin ánimo de lucro. Sus «principios de gobierno» podían constar en acuerdos escritos, prácticas consolidadas, algoritmos de consenso, propuestas aprobadas o smart contracts. La ley reconocía así que reglas ejecutadas mediante código podían formar parte del documento funcional de gobierno.
La entidad podía adquirir y transmitir bienes, ser parte de contratos y comparecer en procedimientos judiciales o administrativos en su propio nombre. También podía desarrollar actividades con beneficio, siempre que este se aplicara o reservara para el propósito común. La condición de miembro, por sí sola, no hacía a una persona responsable de las deudas contractuales o de los daños imputables a la asociación.
Claves jurídicas y regulatorias
La DUNA no convertía una DAO en una organización benéfica ni le concedía automáticamente una exención fiscal federal. «Sin ánimo de lucro» describía las limitaciones estatutarias sobre finalidad y distribuciones; el tratamiento ante el Internal Revenue Service dependía de reglas federales distintas. Una organización que distribuyera beneficios como dividendos a miembros podía no encajar en este vehículo.
La separación patrimonial era relevante, pero no una inmunidad personal absoluta. Un miembro no respondía solo por votar o pertenecer a la DUNA, aunque seguía pudiendo responder por su propia conducta, por obligaciones asumidas directamente o por otras normas aplicables. La ley también permitía nombrar administradores para ejecutar tareas operativas siguiendo la dirección de los miembros.
El marco daba valor jurídico a la gobernanza digital, pero exigía trabajo documental. Era necesario definir quién es miembro, cómo se computan votos, qué ocurre ante errores del contrato inteligente y quién puede actuar frente a bancos, tribunales o proveedores. El código podía integrar los principios de gobierno; no sustituía las reglas sobre autoridad, notificaciones, propiedad o resolución de conflictos.
Por qué fue relevante para el sector
Muchas DAO administraban tesorerías y financiaban desarrollos sin una entidad claramente identificable. Esa ambigüedad dificultaba abrir cuentas, contratar personal, adquirir derechos de propiedad intelectual o comparecer ante un tribunal. También elevaba el riesgo de que una contraparte intentara responsabilizar personalmente a participantes dispersos.
Wyoming ofreció un puente entre esa coordinación digital y el derecho de organizaciones. La posibilidad de reconocer votos vinculados a un registro distribuido preservaba parte del funcionamiento nativo de una DAO. A cambio, el proyecto debía aceptar límites sobre distribuciones, identificar un vínculo jurisdiccional y diseñar procesos capaces de cumplir obligaciones fuera de la cadena.
El modelo era una opción, no una clasificación automática para cualquier protocolo. Una interfaz DeFi, una fundación de desarrollo y una comunidad de titulares de tokens pueden ser actores distintos. Antes de elegir la DUNA había que analizar finalidad, número de miembros, control de la tesorería, actividad económica, impuestos y exposición regulatoria en otros estados o países.
Perspectiva desde 2026
La figura entró en vigor el 1 de julio de 2024 y permanecía disponible a agosto de 2026. El uso práctico confirmó que Wyoming no pretendía congelar el texto inicial: el estado aprobó en 2026 el proyecto SF0022, efectivo desde el 1 de julio de ese año, para aclarar definiciones y alinear parte de la terminología con la ley general de asociaciones no incorporadas.
La reforma añadió expresamente el concepto de «protocolo de registro distribuido» y precisó qué sucede cuando la afiliación baja de cien personas. Como regla, la DUNA puede convertirse automáticamente en una asociación no incorporada ordinaria, salvo que sus principios de gobierno dispongan otra solución compatible. También se aclaró la distribución de activos durante la liquidación conforme al derecho federal.
La evolución refuerza una idea prudente: la DUNA resuelve problemas de personalidad, patrimonio y gobernanza, pero no ofrece un refugio frente a normas de valores, fiscalidad, sanciones o blanqueo. Es una pieza organizativa útil cuyo resultado depende de que el diseño jurídico y el código describan la misma realidad.
Fuentes
- Wyoming Legislature: texto aprobado de SF0050, 7 de marzo de 2024.
- CoinDesk: cobertura contemporánea de la nueva estructura, 8 de marzo de 2024.
- Wyoming Legislature: resumen de las modificaciones SF0022, 2026.
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