El presidente Donald Trump firmó el 23 de enero de 2025 una orden ejecutiva cripto que revocó el marco impulsado por Joe Biden y creó el President’s Working Group on Digital Asset Markets. El texto declaró una política favorable a redes públicas, autocustodia y stablecoins denominadas en dólares, y prohibió a las agencias promover una moneda digital de banco central estadounidense.
Cripto-índice:
Qué quedó revocado
La orden retiró la Executive Order 14067 de marzo de 2022 y el marco internacional del Tesoro asociado. Las agencias debían identificar disposiciones, guías y actuaciones adoptadas bajo aquellas políticas y recomendar si procedía rescindirlas o modificarlas.
Revocar una orden presidencial no anulaba automáticamente leyes, reglamentos ni sentencias. Cada agencia debía actuar dentro de sus competencias y seguir procedimientos cuando un cambio requiriera consulta o nueva regla. El texto marcaba dirección política, no reescribía por sí solo todo el derecho financiero.
La política protegía acceso y uso lícito de blockchains abiertas, minería, validación, transacciones y autocustodia. También promovía acceso bancario y claridad tecnológica neutral. Esas declaraciones orientaban a la administración, pero no creaban una defensa general frente a fraude, sanciones o blanqueo.
El grupo presidencial
El grupo reunió al asesor especial de inteligencia artificial y cripto con responsables de Tesoro, Justicia, Comercio, Seguridad Nacional, SEC, CFTC y otras oficinas. Debía revisar regulación y presentar en 180 días propuestas legislativas y administrativas.
Entre sus tareas estaba evaluar una reserva nacional de activos digitales procedentes potencialmente de incautaciones legales. La orden no compró bitcoin ni creó en ese instante la reserva. Solicitó un estudio y criterios, dejando las decisiones posteriores a instrumentos específicos.
La composición buscaba coordinar agencias con mandatos distintos. SEC y CFTC se ocupan de mercados, Tesoro de sanciones y fiscalidad, y reguladores bancarios de solvencia y actividades permisibles. Un grupo puede proponer coherencia, pero no transferir competencias que el Congreso asignó por ley.
La prohibición de una CBDC
Las agencias federales no debían establecer, emitir ni promover una central bank digital currency dentro o fuera del país. La orden definía CBDC como dinero digital denominado en la unidad de cuenta nacional y pasivo directo del banco central.
La restricción no afectaba a stablecoins privadas, depósitos tokenizados ni reservas bancarias existentes por el mero hecho de ser digitales. La identidad del emisor y el pasivo subyacente separan esas categorías. El grupo debía favorecer stablecoins legítimas respaldadas por dólares.
Resultados del mandato
El grupo publicó su informe el 30 de julio de 2025. Recomendó legislación de estructura de mercado, implementación del marco federal de stablecoins, claridad bancaria, tratamiento fiscal y modernización AML. También apoyó herramientas como safe harbors y sandboxes.
Durante esos meses se produjeron decisiones separadas: la orden de marzo de 2025 creó una reserva estratégica de bitcoin con activos decomisados, y el GENIUS Act se convirtió en ley en julio. Esos actos no deben retrotraerse al 23 de enero; desarrollaron la política mediante instrumentos propios.
El informe también recomendó que Congreso y reguladores coordinaran estructura de mercado, custodia y recordkeeping. Al ser recomendaciones, algunas exigían ley y otras podían ejecutarse con autoridad existente. El documento no tenía efecto uniforme sobre todas ellas.
Perspectiva desde 2026
Desde agosto de 2026, la orden se aprecia como el punto de partida de un giro coordinado. Su efecto más inmediato fue organizativo y político; la sustancia llegó después mediante decisiones de agencias, legislación y otras órdenes.
Para empresas, una declaración favorable no reemplaza licencias actuales. Para lectores, conviene preguntar si una medida es política, recomendación, regla o ley. Confundir esas capas produce expectativas falsas sobre derechos y fechas de entrada en vigor.
Fuentes
- Casa Blanca: Executive Order 14178, 23 de enero de 2025.
- Reuters: cobertura contemporánea de la orden, 23 de enero de 2025.
- Casa Blanca: recomendaciones del grupo presidencial, 30 de julio de 2025.
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