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Reino Unido y EEUU crean una fuerza de trabajo sobre activos digitales

Ilustración editorial de una moneda estable anclada, un engranaje tecnológico y un globo regulatorio.

El Tesoro británico y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron el 22 de septiembre de 2025 la Transatlantic Taskforce for Markets of the Future. La fuerza de trabajo sobre activos digitales debía estudiar cooperación en capitales, tokenización y criptoactivos y presentar recomendaciones en 180 días. Su creación no armonizó licencias ni concedió un pasaporte automático entre ambos países.

Qué mandato recibió la fuerza de trabajo sobre activos digitales

La iniciativa se canalizó a través del UK-US Financial Regulatory Working Group, un foro ya existente entre autoridades financieras. El mandato combinó cuestiones de corto plazo, como reducir fricciones para empresas que accedían a ambos mercados, con opciones de medio plazo para infraestructuras mayoristas digitales y mercados de capitales.

El anuncio mencionó expresamente activos digitales, pero no publicó una norma detallada. Una fuerza de trabajo recopila posiciones y formula recomendaciones; carece por sí sola de facultad para cambiar una ley, autorizar una entidad o dejar sin efecto una sanción. Cada propuesta posterior necesitaba el vehículo jurídico correspondiente en Londres y Washington.

La fecha límite de 180 días servía para exigir un resultado concreto, aunque no garantizaba que todas las recomendaciones fueran adoptadas. También permitía incorporar a autoridades como la Financial Conduct Authority (FCA), el Banco de Inglaterra, la SEC y la CFTC, cuyas competencias no son idénticas.

Tokenización y stablecoins a ambos lados del Atlántico

Los mercados mayoristas tokenizados plantean cuestiones comunes: firmeza de la liquidación, custodia, identidad del titular, uso de dinero tokenizado y tratamiento en insolvencia. Si una operación atraviesa dos jurisdicciones, una diferencia sobre el momento de liquidación o la validez del registro puede elevar el riesgo aunque la tecnología sea compartida.

Las stablecoins añadían otra capa. Estados Unidos había aprobado en 2025 un marco federal para stablecoins de pago, mientras el Reino Unido seguía construyendo su perímetro. Coordinar criterios podía facilitar su uso como colateral o efectivo de liquidación, pero no convertía una autorización estadounidense en permiso para ofrecer servicios británicos.

Para una empresa, el anuncio invitaba a mapear actividades por país: emisión, custodia, negociación, promoción y atención a clientes. Una arquitectura tecnológica común podía requerir entidades y permisos distintos. El objetivo político de convergencia no debía sustituir un análisis de la normativa vigente.

Por qué importó la cooperación regulatoria

Londres y Nueva York concentran intermediarios, inversores e infraestructuras globales. Reglas incompatibles pueden fragmentar liquidez o forzar procesos duplicados. En cambio, enfoques comparables sobre divulgación, reservas y liquidación permiten escalar servicios sin rebajar necesariamente la protección.

La cooperación también ayuda a supervisar riesgos transfronterizos. Un proveedor de wallet, un emisor y una bolsa pueden estar en países distintos, mientras el activo circula globalmente. Compartir criterios e información reduce vacíos, aunque cada autoridad conserve sus competencias y garantías procesales.

La iniciativa podía además mejorar la previsibilidad de pruebas controladas. Si supervisores identificaban de antemano cuestiones comunes sobre reservas, interoperabilidad o protección del cliente, las empresas podían diseñar pilotos comparables. Eso no eliminaba el examen individual, pero evitaba que una diferencia puramente terminológica bloqueara proyectos legítimos.

Perspectiva desde 2026

En julio de 2026, Reino Unido y Estados Unidos publicaron las recomendaciones iniciales de la fuerza de trabajo. Entre ellas figuraban enfoques comunes para activos tokenizados, firmeza de liquidación y posible uso de stablecoins o fondos monetarios tokenizados como colateral en cámaras de contrapartida central.

Ese resultado confirma que el anuncio de septiembre inició un proceso real, pero también su carácter gradual. Desde agosto de 2026, las recomendaciones siguen necesitando decisiones de reguladores y legisladores. Para empresas, son una señal de dirección; la base de cumplimiento continúa siendo la norma efectivamente vigente en cada mercado.

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