El Gobierno de Venezuela ha mostrado una actitud ambigua con respecto a las criptomonedas y la tecnología blockchain, lo que hace que se hayan generado muchas dudas con respecto a la regulación existente en el país Latinoamericano.
Por un lado, el Gobierno decidió asumir la obligación de promover el uso de la criptomoneda tanto en el ámbito público como en el privado, para lo cual creo su propia moneda digital, llamada Petro. Además, ha adoptado diferentes medidas enfocadas a promocionar su uso, como la creación de zonas especiales para poder pagar con esta criptomoneda, fijar salarios en Petro, etcétera.
Sin embargo, en otras ocasiones ha tomado decisiones contrarias a la industria critpográfica, como ha sido la encarcelación de los mineros de criptomonedas. Además, también ha amenazado con cerrar las operaciones con monedas digitales que se encargan de las transacciones de divisas.
Cripto-índice:
Petro, la criptomoneda de Venezuela
Venezuela decidió apostar por las criptomonedas lanzando Petro, su propia moneda digital oficial. Además, tal y como indican diferentes regulaciones, el bolívar se encuentra vinculado al valor de la misma. Asimismo, el Gobierno de Venezuela ha recurrido al valor de la nueva moneda digital para establecer salarios mínimos, precios públicos e impuestos, entre otros.
De acuerdo a la Constitución de Venezuela y la ley, solo los bolívares soberanos son una moneda de curso legal. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Constitucional del país han hecho un gran esfuerzo para promover que se utilice la criptomoneda.
Por este motivo, en abril de 2018 se emitió un decreto constitucional para la regulación blockchain y de las criptomonedas. En su artículo 9, titulado “Promoción y Garantía de Uso”, se establece que el Estado venezolano se encargará de promover, proteger y garantizar el uso de las criptomonedas como medios de pago tanto en empresas públicas como privadas, dentro y fuera del territorio nacional.
Con esta decisión, se abrían de forma definitiva y legal, el uso de criptomonedas en el país.
Calificación y legalidad del Petro
El Petro califica como deuda pública de acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Sector Público. Califica como valores bajo la ley venezolana y es una deuda pública al mismo tiempo, aunque sea de un tipo inusual.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el hecho de que la emisión de esta criptomoneda nacional sea equivalente a la emisión de deuda pública, Petro es ilegal e inconstitucional.
En primer lugar lo es porque, de acuerdo al Artículo 312 de la Constitución y el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, la deuda pública debe ser aprobada por ley. Sin embargo, la Asamblea Nacional, encargada de emitir las leyes en el país, no promulgó ninguna ley que aprobara la emisión de Petro.
Por otro lado, de acuerdo al Artículo 12 de la Constitución y del artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se prohíbe la acumulación de reservas de petróleo; y lay Ley de Administración Financiera del Sector Pública prohíbe garantizar las transacciones de deuda pública a través de activos públicos. De esta manera, al conceder esta garantía esta violando tanto la ley como la Constitución.
Regulación específica de las criptomonedas
En lugar de optar por un enfoque conservador, similar al de otros países, que consisten en aplicar reglas existentes a los mercados de capitales, las materias primas, etcétera, relacionadas con las transacciones, en el caso de Venezuela se han emitido regulaciones específicamente para las criptomonedas. También ha nacido un organismo llamado SUNACRIP para su control y supervisión.
Entre las regulaciones más importantes se encuentran aquellas que indican la obligación de registro a todas las personas o empresas que realicen actividades relacionadas con los criptoactivos; o la obligación de los exchanges de obtener licencias para poder operar.
Por otro lado, todas aquellas actividades que se encuentren relacionadas de una u otra manera con los activos criptográficos se encuentran regulados por los decretos publicados por la Asamblea Consitucional. Esta establece el requisito de contar ccon una autorización implícita para poder operar con criptoactivos. Afecta tanto a empresas de intercambio como a quienes realizan actividades mineras o por el uso de equipos destinados a la minería digital.
Impuestos
Las autoridades fiscales y los organismos reguladores de Venezuela no han promulgado una normativa fiscal específica con relación a las criptomonedas. Por ello, se encuentran reguladas por las reglas generales del país.
No obstante, un Decreto presidencia establece la excepción de impuestos de aduana para la importación de todo el equipamiento informático necesario para poder realizar minería de criptomonedas.
Además, a través de otro decreto se estableció que todos los impuestos generados a través de las transacciones con criptomonedas deben ser calculadas y pagadas en la misma moneda con la que se realizó la transacción. En todo caso, las transacciones que tengan que ver con la exportación de bienes y servicios o los valores negociados en las bolsas de valores están exentos de esta obligación.
Venezuela lleva varios años tocando máximos históricos en el volumen manejado en Bitcoin dentro del país.
Bitcoin es la salvación cuando el Gobierno intenta empobrecerte.. algo que veremos en pocos meses en España.
Según los datos en Octubre a España le va a caer una buena.
Por eso tenemos Bitcoin.. que nuestro dinero no depende de 4 catetos incompetentes que sólo saben de poder y no de economía.