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Nueva York demanda a NovaTech y AWS Mining por fraude cripto

Ilustración editorial de un candado de seguridad, una herramienta de minería y un globo regulatorio.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 6 de junio de 2024 una demanda contra NovaTech y AWS Mining, sus fundadores y varios promotores. La acción sostuvo que dos esquemas basados en trading y minería de criptomonedas habían captado más de 1.000 millones de dólares. Las conductas descritas eran alegaciones civiles sujetas a prueba, no una condena ya dictada.

Dos promesas con estructura semejante

AWS Mining ofrecía contratos de minería y, según la Fiscalía, prometía recuperar y triplicar la inversión en un periodo determinado. Cuando el modelo dejó de pagar, algunos de sus promotores pasaron a NovaTech. La nueva plataforma afirmaba generar rendimientos semanales mediante operaciones con criptoactivos y divisas.

La demanda alegó que NovaTech recibió más de 1.000 millones de dólares de cientos de miles de participantes, pero destinó alrededor de 26 millones a trading real. El resto habría sostenido pagos a inversores anteriores, comisiones y gastos. Esa estructura es característica de un esquema piramidal cuando la rentabilidad depende principalmente de nuevas aportaciones.

Más de 11.000 neoyorquinos habrían participado. La Fiscalía destacó la captación dentro de comunidades haitianas y otras comunidades inmigrantes, mediante grupos de mensajería, encuentros religiosos y relaciones de confianza. La familiaridad del promotor podía reducir la percepción de riesgo sin aportar una garantía financiera real.

Promotores y responsabilidad

La acción no se limitó a las sociedades y sus fundadores. Incluyó a personas que comercializaban los programas y recibían comisiones por construir redes. Un promotor puede responder si realiza afirmaciones falsas, omite información material o participa en una oferta sujeta a registro, aunque no controle toda la plataforma.

Los mensajes de rentabilidad fija, ausencia de riesgo o tecnología secreta deben verificarse. Invocar minería, inteligencia artificial o blockchain no explica de dónde procede el rendimiento. Si los pagos dependen de nuevas entradas, el vocabulario tecnológico no transforma la economía del producto.

La Fiscalía solicitó restitución, devolución de ganancias, sanciones y prohibiciones de actividad. Esas medidas requerían una resolución judicial o acuerdos aplicables a cada demandado. El importe captado tampoco equivalía automáticamente al daño recuperable, que debía calcularse atendiendo a pagos, pérdidas y activos disponibles.

Un segundo frente federal

En agosto de 2024, la SEC presentó una acción federal separada contra NovaTech, Cynthia y Eddy Petion y diversos promotores. Alegó que el programa había recaudado más de 650 millones de dólares en criptoactivos de más de 200.000 inversores. Las cifras diferían porque las agencias aplicaban periodos, demandados y teorías propias.

La coexistencia de demandas estatales y federales no significaba doble condena automática. Cada autoridad debía probar sus cargos y coordinar remedios para evitar una recuperación duplicada. Algunos demandados podían pactar por separado sin que ello resolviera las alegaciones frente al resto.

La recuperación planteaba además un problema transfronterizo. Activos, operadores e inversores podían encontrarse en países distintos, lo que exigía localizar cuentas, reconocer órdenes y coordinar supervisores. Una sentencia favorable no garantiza por sí sola que exista patrimonio accesible suficiente para devolver todas las pérdidas.

Perspectiva desde 2026

Desde agosto de 2026, el valor del caso reside también en su patrón de captación. Las estafas de afinidad aprovechan comunidad, idioma, religión o migración para sustituir diligencia por confianza personal. La protección efectiva exige materiales accesibles y canales de denuncia que comprendan ese contexto.

Para evaluar una oferta, conviene exigir identidad jurídica, registros, estados verificables, custodia y una explicación del ingreso. Las capturas de pagos de otros miembros no prueban rentabilidad sostenible. Y mientras un litigio siga abierto, debe distinguirse cuidadosamente entre lo alegado, lo admitido en un acuerdo y lo declarado por sentencia.

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