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Nexo paga 45 millones y retira su producto de intereses de Estados Unidos

Ilustración editorial de una balanza jurídica, una cartera digital y un candado de seguridad.

Nexo alcanzó el 19 de enero de 2023 acuerdos paralelos con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y varios supervisores estatales por su Earn Interest Product. La compañía aceptó pagar 45 millones de dólares y cesar la oferta no registrada del producto de intereses de Nexo a inversores estadounidenses.

La cifra se repartía en dos bloques: 22,5 millones para resolver la actuación de la SEC y otros 22,5 millones para las autoridades estatales. Nexo no admitió ni negó las conclusiones administrativas. El acuerdo evitó un litigio sobre el fondo, pero hizo ejecutables la sanción y la orden de cese.

Cómo funcionaba el producto de intereses de Nexo

Los clientes entregaban criptoactivos a Nexo y la empresa prometía una rentabilidad. Nexo conservaba discreción para utilizar esos activos en préstamos y otras actividades con las que generaba ingresos para pagar los intereses. El usuario no recibía simplemente una recompensa automática de una blockchain: asumía el riesgo empresarial de un intermediario.

La SEC concluyó que el producto era un valor y que no se había registrado ni acogido a una exención. Su análisis atendió a la realidad económica, no al nombre comercial de “cuenta” o “interés”. Si una empresa capta activos de inversores y utiliza su gestión para producir el rendimiento prometido, pueden activarse las obligaciones de la Securities Act.

Nexo ya había empezado a limitar el producto antes del acuerdo. Tras la actuación de la SEC contra un producto semejante de BlockFi en febrero de 2022, dejó de admitir a nuevos inversores estadounidenses y de pagar intereses sobre determinadas aportaciones nuevas. En diciembre anunció una retirada gradual de todos sus servicios en el país.

Qué exigían los acuerdos federal y estatales

La orden de la SEC obligó a cesar la oferta y venta no registrada. Esto no equivalía a una prohibición mundial de Nexo ni a una declaración de que cualquier préstamo respaldado por criptoactivos fuera ilegal. Impedía mantener el EIP en Estados Unidos con la estructura que el supervisor consideraba contraria a las reglas de registro.

La coordinación estatal amplió el alcance práctico. Los productos minoristas deben afrontar tanto la legislación federal de valores como competencias estatales sobre valores, préstamos y protección del consumidor. Resolver solo con una autoridad no garantizaba acceso automático a todo el país.

El registro habría obligado a ofrecer información estandarizada sobre uso de activos, riesgos, situación financiera y condiciones. La ausencia de esas divulgaciones adquirió especial importancia después de las suspensiones de Celsius, BlockFi y Genesis. Una tasa elevada no permitía al cliente comparar de forma sencilla la liquidez y solvencia de cada prestamista.

Por qué fue relevante para el crédito cripto

El acuerdo reforzó la idea de que el rendimiento tiene una fuente y una contraparte. Un producto centralizado no se convierte en DeFi por estar denominado en tokens. Si la empresa decide cómo emplear los activos y promete devolverlos con intereses, la regulación examina su función económica.

Para otros operadores, los 45 millones mostraron el coste de distribuir un único producto en numerosos estados sin una estructura jurídica compatible. El cumplimiento necesitaba diseñarse antes del lanzamiento: clasificación, registro o exención, licencias estatales, comunicaciones y límites geográficos.

Para el usuario, el caso recordó que una orden de cese protege el mercado hacia el futuro, pero no constituye un seguro sobre saldos existentes. Antes de entregar activos conviene conocer quién los controla, si puede reutilizarlos, qué garantías existen y qué procedimiento se aplica si la empresa suspende retiradas.

Perspectiva desde 2026

Nexo anunció en abril de 2025 que preparaba su regreso a Estados Unidos y afirmó mantener conversaciones con reguladores. El anuncio político y comercial no bastaba por sí solo para demostrar que todos sus productos volvían a estar disponibles ni que la orden de 2023 hubiera desaparecido.

El regreso formal se comunicó el 16 de febrero de 2026 mediante una estructura apoyada en socios regulados para productos de inversión, crédito y negociación. Este desenlace aclara el alcance del acuerdo original: no era una expulsión perpetua de la empresa, pero tampoco autorizaba a reanudar sin cambios el antiguo EIP. Cualquier producto posterior debía cumplir el marco entonces vigente, registrarse si correspondía o apoyarse en una exención y una estructura permitida. Desde agosto de 2026, la lección no es que la SEC validara retroactivamente el modelo de 2020, sino que una compañía puede volver al mercado con un diseño jurídico diferente después de pagar y ejecutar una orden de cese.

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