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La propuesta de la OCC para la GENIUS Act detalló licencias y reservas

Ilustración editorial de una moneda estable anclada, un escudo de protección y un edificio bancario.

La Office of the Comptroller of the Currency publicó el 25 de febrero de 2026 la propuesta de la OCC para la GENIUS Act. El proyecto empezó a traducir la ley federal de stablecoins de 2025 en requisitos operativos para emisores bajo su jurisdicción, determinados emisores extranjeros y servicios de custodia.

El documento fue una notice of proposed rulemaking, no una regla final. Abrió un periodo de comentarios y no concedió licencias ni hizo inmediatamente exigible cada estándar propuesto. La distinción resulta esencial porque la fecha efectiva general de la ley dependía de reglas finales o del límite de enero de 2027.

Contenido de la propuesta de la OCC para la GENIUS Act

La OCC describió el procedimiento de solicitud para emisores federales cualificados y filiales de entidades supervisadas. La evaluación abarcaría plan de negocio, dirección, recursos, riesgos, tecnología y capacidad de cumplir reembolsos. Una solicitud completa no equivaldría a aprobación automática.

En reservas, la propuesta desarrolló la cobertura uno a uno exigida por la ley, los activos admisibles, la segregación y las necesidades de liquidez. También abordó divulgaciones periódicas y certificaciones. Mantener activos por valor contable suficiente no basta si no pueden convertirse a tiempo o presentan desajustes con la moneda prometida.

Las reglas propuestas incluyeron capital, gestión de riesgos, continuidad, reembolso y custodia. Para entidades que conservan activos de clientes, la OCC trató salvaguarda, registros y controles operativos. La stablecoin no se convierte en depósito asegurado por estar custodiada por un banco.

Competencias y emisores extranjeros

La GENIUS Act repartió supervisión entre varios reguladores federales y estados. La OCC debía controlar emisores federales y ciertas filiales bancarias, además de aspectos de emisores extranjeros admitidos. Otras entidades quedarían bajo FDIC, Reserva Federal o supervisores estatales según su estructura.

Para emisores extranjeros, el acceso al mercado estadounidense exige cumplir las condiciones del estatuto y el futuro régimen de la OCC. La existencia de una licencia en el país de origen no sustituye automáticamente reconocimiento, reservas accesibles y capacidad de supervisión en Estados Unidos.

La propuesta no cubrió todo el paquete. La OCC indicó que Bank Secrecy Act, prevención del blanqueo y sanciones de OFAC se abordarían en procedimientos separados coordinados con el Tesoro. Por tanto, ninguna lectura podía tratar la omisión como exención.

Qué podían hacer las empresas

Durante la consulta, emisores y bancos podían evaluar impactos y presentar datos sobre capital, liquidez, custodia y costes. También podían preparar sistemas compatibles con la ley. No podían presentarse como emisores permitidos solo por diseñar su actividad conforme a un borrador.

Los cambios entre propuesta y regla final pueden ser materiales. Contratos, políticas y arquitectura tecnológica deben conservar margen de adaptación, especialmente en procesos de reembolso y gestión de reservas.

También era necesario separar stablecoins de pago, depósitos tokenizados y otros tokens estables. La propuesta se aplicaba a las categorías y emisores definidos por el estatuto; un instrumento fuera de esa definición podía quedar bajo otras normas y no obtenía un vacío regulatorio.

Perspectiva desde 2026

El periodo de comentarios comenzó tras la publicación en el Federal Register del 2 de marzo y concluyó sesenta días después. En abril, la FDIC publicó su propia propuesta para entidades bajo su supervisión. Esa secuencia confirmó que la implementación era interinstitucional y todavía se encontraba en construcción.

A agosto de 2026, las fuentes oficiales consultadas seguían identificando el texto de la OCC como propuesta y no mostraban una regla final sustitutiva. La fecha límite de la GENIUS Act seguía siendo el 18 de enero de 2027 salvo que reglas finales de los reguladores principales activaran antes el plazo de 120 días. Febrero abrió el desarrollo normativo; no lo cerró.

Fuentes

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