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La propuesta de custodia cripto de la SEC amplía las obligaciones de los asesores

Ilustración editorial de un concepto jurídico y financiero.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) votó el 15 de febrero de 2023 proponer una nueva regla de salvaguarda para asesores de inversión registrados. La propuesta de custodia cripto de la SEC pretendía extender la protección vigente más allá de fondos y valores para alcanzar todos los activos del cliente bajo custodia del asesor, incluidos los criptoactivos.

Era un proyecto abierto a comentarios, no una norma aplicable. Su publicación no convirtió automáticamente en infractor a un asesor ni resolvió qué plataformas cumplían el estándar. Cualquier obligación nueva dependía de una posterior votación final de la Comisión después de revisar las observaciones recibidas.

Qué planteaba la propuesta de custodia cripto de la SEC

La llamada Safeguarding Rule habría sustituido la regla de custodia existente bajo la Ley de Asesores de Inversión. El cambio de “fondos y valores” a “activos” ampliaba el perímetro a bienes que un asesor mantiene o puede controlar por cuenta del cliente. La SEC mencionó expresamente los criptoactivos, con independencia de que cada uno fuera o no un valor.

Como principio general, el asesor tendría que mantener esos activos con un custodio cualificado. El proyecto reforzaba las condiciones para bancos, sociedades fiduciarias, intermediarios y determinadas instituciones extranjeras, y exigía analizar si poseían o controlaban realmente los activos. Una mera anotación contractual no bastaba si el custodio carecía de capacidad para protegerlos frente a terceros.

También preveía acuerdos escritos entre asesor y custodio, garantías razonables sobre segregación, estados de cuenta, registros y verificaciones independientes. Para ciertos activos físicos o situaciones excepcionales contemplaba requisitos alternativos. La estructura trataba de impedir que la etiqueta de “custodia” ocultara préstamos, mezcla patrimonial o derechos débiles en una insolvencia.

El problema del custodio cualificado

En cripto, controlar una clave privada puede permitir una transferencia irreversible. Sin embargo, la custodia jurídica incluye más que almacenar claves: importa quién es titular, cómo se autorizan movimientos, si los activos se segregan, qué ocurre tras una bifurcación y qué reclamación conserva el cliente si el proveedor quiebra.

La SEC advirtió que muchas plataformas no eran custodios cualificados y que la condición de sociedad fiduciaria estatal no garantizaba por sí sola el cumplimiento. Ese planteamiento generó preocupación porque algunos asesores podían perder acceso a proveedores especializados, incluso cuando estos dispusieran de tecnología avanzada. La discusión enfrentaba capacidad técnica, forma institucional y supervisión efectiva.

El deber fiduciario del asesor tampoco desaparece al contratar un tercero. Debía investigar al custodio, explicar riesgos y vigilar la relación. La propuesta reforzaba esa responsabilidad mediante documentación y garantías contractuales, pero no prometía que la segregación eliminara toda pérdida por ataque, error operativo o fallo del protocolo.

Por qué habría cambiado el acceso institucional

Fondos, patrimonios y clientes asesorados suelen acceder a activos a través de profesionales sujetos a reglas distintas de las de un comprador minorista directo. Si pocos proveedores cripto podían cumplir la definición de custodio cualificado, la oferta institucional podía concentrarse o reducirse. Los asesores tenían que revisar además sus acuerdos sobre negociación, liquidación y facultad de mover activos.

La propuesta también separó clasificación y custodia. Un criptoactivo podía quedar fuera de la definición de valor y, aun así, entrar en la regla porque esta pretendía cubrir todos los activos del cliente. Esa elección buscaba evitar un vacío de protección mientras continuaban los litigios sobre la naturaleza de tokens concretos.

Perspectiva desde 2026

La Comisión reabrió brevemente los comentarios en agosto de 2023, pero nunca aprobó una regla final. El 12 de junio de 2025 retiró formalmente esta y otras propuestas, con efecto al publicarse la retirada el 17 de junio. La SEC indicó que no pretendía finalizar aquellos textos y que una futura actuación en la materia requeriría una nueva propuesta.

Por tanto, desde 2026 la Safeguarding Rule de febrero de 2023 no debe citarse como derecho vigente. La regla de custodia anterior y los deberes fiduciarios aplicables continuaron operando, junto con otras normas según el servicio. El episodio sigue siendo relevante porque identificó problemas reales de segregación, control e insolvencia, pero su desenlace demuestra la diferencia jurídica entre una agenda regulatoria y una obligación finalmente adoptada.

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