El 2 de julio de 2024 entró en vigor la Ley 7518 sobre servicios cripto en Turquía. La reforma añadió a la Ley del Mercado de Capitales un marco para plataformas, custodios y otros proveedores de servicios de criptoactivos, sometiéndolos a la autorización y supervisión de la Capital Markets Board (CMB o SPK). Fue una ley marco: definió competencias y responsabilidades, mientras reservó muchos detalles para normas posteriores.
La norma apareció en el Boletín Oficial número 32590 después de años de elevada adopción local y de un régimen fragmentado. Turquía ya había restringido en 2021 el uso directo de criptoactivos en pagos, pero carecía de una licencia integral para la intermediación. La reforma de 2024 no derogó aquella prohibición ni convirtió bitcoin en moneda de curso legal.
Cripto-índice:
Qué estableció la Ley 7518 sobre servicios cripto
La CMB recibió facultades para determinar qué actividades podían prestar las plataformas, fijar condiciones de constitución y operación, supervisar a los proveedores y adoptar medidas frente a actuaciones no autorizadas. La ley cubrió la compraventa, la oferta inicial o distribución, el intercambio, la transferencia y la custodia de criptoactivos en los supuestos definidos por el régimen.
La reforma también atribuyó relevancia a los estándares tecnológicos y contempló la intervención del consejo turco de investigación TÜBİTAK en criterios técnicos. Para las plataformas, el diseño de sistemas de información, la seguridad de claves y el registro de operaciones dejaron de ser solamente decisiones comerciales: pasaron a formar parte del perímetro de cumplimiento.
Los contratos entre proveedores y clientes debían celebrarse conforme a las reglas que desarrollara la CMB. La ley delimitó responsabilidades de administradores y personal, sancionó la prestación no autorizada y reguló el tratamiento de activos de clientes. Aun así, no creó una garantía pública contra pérdidas ni prometió recuperar fondos si un token o una plataforma fracasaban.
Una transición que no equivalía a licencia
Los proveedores que ya operaban al entrar en vigor dispusieron de un mes para declarar ante la CMB que solicitarían autorización cuando estuvieran disponibles los requisitos secundarios, o que se liquidarían en un plazo de tres meses sin aceptar nuevos clientes ni perjudicar derechos existentes. Los proveedores extranjeros que dirigían servicios a residentes turcos también debían cesar la actividad cubierta dentro del plazo transitorio si no entraban en el régimen.
Este mecanismo produjo listas públicas de empresas que habían presentado declaraciones. La inclusión en la lista de entidades “en actividad” no era una licencia definitiva ni una evaluación completa de solvencia. La propia CMB advirtió que la publicación reflejaba el trámite transitorio. Confundir una declaración con una autorización podía inducir a los usuarios a una confianza que el supervisor todavía no había concedido.
Para los operadores internacionales, la norma planteó una pregunta práctica: cuándo una web, una aplicación o una campaña estaba dirigida al mercado turco. Idioma, publicidad, oficinas, cuentas locales y captación activa podían ser indicios relevantes. El simple hecho de alojar infraestructura fuera del país no resolvía el alcance territorial.
Por qué fue un cambio estructural
La Ley 7518 trasladó el sector desde un entorno centrado en prevención del blanqueo y restricciones de pago hacia supervisión de mercado, gobierno corporativo y custodia. Las empresas tuvieron que preparar capital, estructura accionarial, controles internos, políticas de listado, conservación de registros y separación de activos.
También ofreció una base legal para perseguir a plataformas sin autorización. Esa mayor claridad no eliminó la incertidumbre inicial: hasta que se publicaran los reglamentos, ni la CMB ni las empresas podían completar todo el proceso de licencia. El acontecimiento de julio fue, por tanto, el inicio formal y no el final del despliegue regulatorio.
Perspectiva desde 2026
El 13 de marzo de 2025 entraron en vigor los comunicados III-35/B.1 y III-35/B.2. Desarrollaron la constitución y autorización de proveedores, la organización, controles, sistemas tecnológicos, custodia, capital y reglas operativas. En marzo de 2026, la CMB todavía ajustó plazos vinculados a contratos de custodia y certificados de autorización, lo que confirma que la transición siguió abierta en aspectos relevantes.
Desde 2026, la lectura correcta sigue siendo gradual: la ley creó el perímetro; los comunicados concretaron el estándar; y cada proveedor debe obtener su autorización. Una lista transitoria nunca debe presentarse al usuario como prueba automática de licencia plena.
Fuentes
- Boletín Oficial de Turquía: Ley 7518, 2 de julio de 2024.
- CMS: análisis contemporáneo de la reforma turca, julio de 2024.
- CMB: comunicado III-35/B.1 sobre proveedores cripto, 13 de marzo de 2025.
- CMB: publicación de los dos comunicados secundarios, 13 de marzo de 2025.
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