La Casa Blanca publicó el 16 de septiembre de 2022 su primer marco integral para el desarrollo responsable de los activos digitales. No era una ley ni un reglamento con efectos inmediatos, sino la síntesis política de varios informes federales encargados por la Orden Ejecutiva 14067. Su relevancia estuvo en reunir por primera vez, dentro de una misma estrategia, protección al consumidor, estabilidad financiera, delitos financieros, competitividad, innovación y una posible moneda digital del banco central.
Hasta entonces, la actuación estadounidense se encontraba repartida entre organismos con competencias distintas: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), los supervisores bancarios, el Tesoro, el Departamento de Justicia y las autoridades estatales. El marco trató de ordenar esa respuesta y de trasladar al Congreso varias áreas en las que el Ejecutivo consideraba necesaria nueva legislación.
Cripto-índice:
Qué contenía el marco federal
El documento agrupó sus recomendaciones en seis grandes objetivos. El primero era reforzar la protección de consumidores, inversores y empresas mediante investigaciones, reclamaciones y una aplicación más intensa de las normas existentes. También pedía a las agencias compartir información sobre quejas y vigilar prácticas desleales o engañosas.
En estabilidad financiera, la Casa Blanca puso el foco en las stablecoins y en los riesgos de liquidez, opacidad y concentración. Solicitó al Congreso una ley específica y defendió que las autoridades pudieran actuar si el proceso legislativo se demoraba. La preocupación había aumentado tras el colapso de TerraUSD en mayo de 2022, que demostró que no todos los activos presentados como estables compartían el mismo respaldo ni el mismo mecanismo de reembolso.
El marco abordó además la financiación ilícita. Planteó ampliar determinadas obligaciones de la Bank Secrecy Act a proveedores de servicios de activos digitales y reforzar los instrumentos contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y los ataques de ransomware. Al mismo tiempo, defendió investigación pública sobre privacidad, ciberseguridad, eficiencia energética e interoperabilidad.
Otro bloque examinó un posible dólar digital. El Ejecutivo no ordenó emitirlo, pero animó a la Reserva Federal a continuar su evaluación técnica y dejó abierta una coordinación interinstitucional. Esta cautela mostraba que una moneda digital pública no era solo una cuestión tecnológica: afectaba a privacidad, intermediación bancaria, política monetaria y arquitectura de pagos.
Una hoja de ruta, no una nueva licencia
Jurídicamente, era importante no atribuir al documento efectos que no tenía. El marco no creó un registro federal de exchanges, no declaró que todos los tokens fueran valores y no autorizó una CBDC. Era una hoja de ruta del Ejecutivo que señalaba prioridades para supervisores y legisladores.
Esa diferencia explica por qué muchas cuestiones siguieron resolviéndose mediante actuaciones administrativas y litigios. Las competencias de cada organismo dependían de las leyes existentes y de las características de cada producto. El marco podía coordinar posiciones, pero no sustituir al Congreso cuando era necesario definir nuevas facultades, requisitos prudenciales o un régimen de mercado.
Para las empresas, el mensaje práctico fue que el cumplimiento cripto dejaba de considerarse un asunto aislado. Un mismo producto podía activar normas sobre valores, derivados, transmisión de dinero, sanciones, protección de datos, publicidad y prevención del blanqueo. La gobernanza interna y la capacidad de explicar reservas, custodia y riesgos pasaban a ser tan importantes como la tecnología.
Por qué fue relevante para el sector
El marco de septiembre de 2022 consolidó los activos digitales como una materia transversal de política económica y seguridad nacional. También anticipó una etapa de mayor presión regulatoria: los supervisores entendían que buena parte de los riesgos podía abordarse con normas vigentes, mientras la industria reclamaba categorías específicas y vías claras de registro.
La estrategia puso asimismo en primer plano una cuestión que continuaría durante los años siguientes: si Estados Unidos debía priorizar una CBDC, stablecoins privadas reguladas o una combinación de ambos modelos. Las decisiones sobre dinero digital podían alterar la relación entre ciudadanos, bancos, plataformas tecnológicas y Estado.
Perspectiva desde 2026
El marco no sobrevivió intacto al cambio de Administración. El 23 de enero de 2025, una nueva orden ejecutiva revocó expresamente la Orden Ejecutiva 14067 y las políticas incompatibles derivadas de ella. La nueva orientación creó un grupo presidencial de trabajo sobre mercados de activos digitales, defendió la autocustodia y el acceso a redes públicas y prohibió a las agencias impulsar una CBDC estadounidense salvo autorización legal.
El giro demuestra la principal limitación de una estrategia basada en órdenes ejecutivas: puede coordinar rápidamente a la Administración, pero también modificarse sin una nueva ley del Congreso. Aun así, el documento de 2022 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, ninguna política federal seria sobre banca, pagos, sanciones o mercados pudo ignorar el peso específico de los activos digitales.
Fuentes
- Casa Blanca: marco integral para el desarrollo responsable de los activos digitales, 16 de septiembre de 2022.
- Axios: cobertura contemporánea del marco y del debate sobre el dólar digital, 16 de septiembre de 2022.
- Casa Blanca: Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology, 23 de enero de 2025.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.