FTX Trading, FTX US, Alameda Research y alrededor de 130 sociedades relacionadas solicitaron el 11 de noviembre de 2022 la protección del Chapter 11 ante el Tribunal de Quiebras de Delaware. Sam Bankman-Fried dimitió como consejero delegado y fue sustituido por John J. Ray III, especialista en reestructuraciones. La presentación convirtió una crisis de retiradas en uno de los procedimientos concursales más complejos de la historia de los activos digitales.
La quiebra de FTX no fue, por sí sola, una sentencia por fraude. El Chapter 11 creó un proceso colectivo para preservar bienes, detener reclamaciones individuales y ordenar activos y pasivos. Las investigaciones penales y regulatorias siguieron vías distintas y sus conclusiones llegaron después.
Cripto-índice:
Qué decía la solicitud inicial de FTX
Los formularios de apertura situaron tanto los activos como los pasivos en intervalos de 10.000 a 50.000 millones de dólares. También indicaron más de 100.000 acreedores, aunque la documentación posterior advirtió que la cifra podía superar el millón. Esos rangos eran estimaciones tempranas, formuladas antes de reconstruir una contabilidad dispersa entre numerosas entidades.
El cambio de dirección fue inmediato. Ray asumió el control de los deudores y Bankman-Fried dejó su cargo. En un Chapter 11 la empresa suele continuar como deudor en posesión, pero eso no significa que mantenga necesariamente a los mismos gestores. El nuevo equipo debía localizar activos, asegurar sistemas, revisar transferencias y preparar información fiable para el tribunal.
La solicitud activó la suspensión automática de muchas acciones de cobro en Estados Unidos. Esa protección evita que los acreedores con más rapidez o recursos se apropien de los bienes disponibles antes de determinar prioridades. Para clientes de distintos países, sin embargo, todavía era necesario coordinar tribunales y liquidadores extranjeros.
¿De quién eran los criptoactivos depositados?
La cuestión central era si los saldos de clientes estaban verdaderamente segregados o si se habían mezclado con el patrimonio y operaciones del grupo. Una interfaz puede mostrar que un usuario dispone de determinados tokens, pero ese apunte no demuestra que existan unidades equivalentes reservadas en una dirección separada.
La respuesta jurídica dependía de las condiciones contractuales, la entidad con la que contrató cada usuario, los movimientos reales y el derecho aplicable. Si un cliente conservaba un derecho de propiedad identificable, su posición podía diferir de la de un acreedor ordinario. Si existía solo una obligación contractual de devolución, entraba en la distribución concursal junto con otras reclamaciones.
El token FTT añadió otro problema. Parte del balance y de las garantías del grupo dependía de un activo emitido dentro de su propio ecosistema, con liquidez limitada y precio vulnerable a ventas masivas. Valorar una empresa con tokens estrechamente relacionados con ella puede crear una apariencia de solvencia que desaparece cuando el mercado intenta realizarlos.
Por qué la quiebra de FTX fue relevante
El caso mostró que un exchange centralizado combina riesgos de custodia, contraparte, gobierno corporativo y liquidez. La ejecución de operaciones en blockchain no sustituye controles básicos como conciliación, separación de funciones, gestión de garantías y autorización de transferencias entre empresas vinculadas.
También desmontó la expectativa de una protección comparable al depósito bancario. Los clientes de FTX no contaban con un seguro público que restituyera automáticamente su saldo. Debían presentar o verificar reclamaciones, superar controles de identidad y esperar a que el patrimonio recuperado se distribuyera conforme al plan aprobado.
Para reguladores y empresas, la lección fue que la prueba de reservas necesita una imagen completa de obligaciones y control. Saber que unas direcciones contienen activos no revela préstamos intragrupo, pasivos fuera de cadena, garantías prometidas a terceros ni quién tiene facultad para mover las claves.
Perspectiva desde 2026
El tribunal confirmó el plan de reorganización en octubre de 2024 y este entró en vigor el 3 de enero de 2025. Las distribuciones comenzaron después mediante proveedores especializados. El plan estimó recuperaciones superiores al 100 % para numerosos acreedores porque añadía intereses sobre el valor en dólares de la reclamación a 11 de noviembre de 2022; no devolvía necesariamente el mismo número de bitcoin, ether u otros tokens.
Esa distinción explica por qué “recuperación completa” y restitución económica no son sinónimos. Quien tenía un bitcoin recibió una reclamación valorada cerca de los precios deprimidos de la fecha de quiebra y no toda la apreciación posterior del activo. En mayo de 2026, el FTX Recovery Trust anunció una nueva fecha de registro para junio y otra ronda de pagos prevista para julio, mientras continuaban la admisión de reclamaciones y los controles fiscales, de identidad y sanciones. La quiebra produjo recuperaciones extraordinarias para un colapso de esta magnitud, pero a costa de años de espera y de convertir criptoactivos en créditos concursales denominados en dinero.
Fuentes
- Tribunal de Quiebras de Delaware: solicitud inicial del grupo FTX, 11 de noviembre de 2022.
- Reuters: cobertura contemporánea de la solicitud, 11 de noviembre de 2022.
- FTX: entrada en vigor del plan de reorganización, 16 de diciembre de 2024.
- FTX Recovery Trust: estado y requisitos de las distribuciones, actualización de 2026.
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