La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el 26 de marzo de 2024 una acusación contra varias sociedades operadoras de KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang. Los cargos del DOJ contra KuCoin sostenían que la plataforma había funcionado como transmisor de dinero sin licencia y sin controles adecuados contra el blanqueo. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó ese mismo día una demanda civil distinta.
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Qué ocurrió
Según la acusación penal, KuCoin buscó clientes estadounidenses y llegó a atender a más de 1,5 millones de usuarios registrados en el país. Los fiscales alegaron que la plataforma no se inscribió en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y que durante años no implantó un programa eficaz de prevención del blanqueo y conocimiento del cliente, conocido como AML/KYC.
La Fiscalía imputó a las sociedades delitos relacionados con la Bank Secrecy Act, transmisión de dinero sin licencia y conspiración. Gan y Tang fueron acusados individualmente como fundadores. En aquel momento todas esas afirmaciones eran alegaciones pendientes de prueba; la presentación de una acusación no equivalía a una condena ni permitía atribuir a cada usuario una actividad ilícita.
En paralelo, la CFTC afirmó que KuCoin había ofrecido futuros, swaps y operaciones minoristas apalancadas sobre materias primas digitales a personas en Estados Unidos sin los registros exigidos. También cuestionó su programa de identificación de clientes. La vía civil de derivados y la causa penal compartían hechos, pero tenían bases jurídicas, remedios y cargas procesales diferentes.
Claves jurídicas y regulatorias
Un negocio que acepta y transmite valor puede quedar sometido a las obligaciones federales aplicables a los money services businesses. Eso incluye registro, identificación del cliente, vigilancia de operaciones y comunicación de actividad sospechosa. Operar mediante criptoactivos o desde sociedades extranjeras no elimina esas obligaciones cuando la actividad alcanza de manera sustancial el mercado estadounidense.
La acusación puso especial atención en el periodo anterior a julio de 2023, durante el cual KuCoin no exigía información identificativa básica a todos sus clientes. La plataforma introdujo después KYC obligatorio para nuevas altas y para quienes quisieran seguir operando, pero el DOJ sostuvo que las deficiencias históricas y el servicio prestado a clientes estadounidenses ya habían generado responsabilidad.
La CFTC, por su parte, no regulaba toda compraventa al contado de tokens mediante aquella demanda. Su competencia se vinculaba a contratos de futuros, swaps, operaciones apalancadas y al funcionamiento de instalaciones de negociación. El caso ilustró cómo una misma plataforma podía caer simultáneamente dentro del perímetro de transmisión de dinero y del derecho de derivados.
Por qué fue relevante para el sector
La actuación debilitó la idea de que una exclusión formal de Estados Unidos basta para evitar su jurisdicción. Los reguladores examinaron usuarios realmente atendidos, mensajes comerciales, disponibilidad tecnológica y controles frente a direcciones IP o redes privadas virtuales. Para un exchange global, las condiciones de uso debían coincidir con barreras operativas y procesos verificables.
También elevó el riesgo personal de los fundadores. La gobernanza corporativa y la asignación de recursos a cumplimiento podían formar parte de la evaluación penal, no solo de una inspección administrativa. Consejos y directivos necesitaban documentar quién supervisaba AML, qué alertas se escalaban y cómo se corregían carencias.
Para los clientes, la intervención advertía de riesgos de continuidad y retirada. Una investigación puede forzar la salida de un mercado, imponer periodos de reclamación o modificar productos disponibles. La diversificación de custodia y la comprobación de la entidad contractual siguen siendo relevantes incluso cuando el exchange mantiene una marca global única.
Perspectiva desde 2026
El frente penal cambió en enero de 2025. Peken Global Limited, entidad operadora de KuCoin, se declaró culpable de un cargo de transmisión de dinero sin licencia y aceptó pagar más de 297 millones de dólares: 184,5 millones en decomiso y aproximadamente 112,9 millones de multa. KuCoin acordó abandonar el mercado estadounidense durante al menos dos años y retirar a Gan y Tang de la gestión.
La Fiscalía aplazó durante dos años el procesamiento de los dos fundadores, quienes aceptaron decomisar aproximadamente 2,7 millones de dólares cada uno. Esa suspensión no debe describirse como una condena individual ni como una absolución. A agosto de 2026, el periodo anunciado todavía no había concluido.
El proceso civil también llegó a una solución. El 30 de marzo de 2026, un tribunal aprobó una orden consentida que impuso a Peken una multa de 500.000 dólares y una prohibición permanente de permitir acceso directo estadounidense sin el registro correspondiente como mercado extranjero. La CFTC desistió con carácter definitivo de las restantes pretensiones frente a otras sociedades. Así, las alegaciones de marzo desembocaron en una admisión penal corporativa y en una resolución civil específica, no en una validación general de todos los cargos iniciales.
Fuentes
- Department of Justice: acusación contra KuCoin y sus fundadores, 26 de marzo de 2024.
- Reuters: cobertura contemporánea de los cargos, 26 de marzo de 2024.
- Department of Justice: declaración de culpabilidad de Peken Global, 27 de enero de 2025.
- CFTC: resolución civil frente a Peken Global, 30 de marzo de 2026.
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