El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 26 de septiembre de 2024 sanciones contra PM2BTC y Cryptex, dos servicios vinculados al intercambio de moneda virtual en Rusia. La actuación se coordinó con cargos penales, incautación de dominios y cooperación internacional frente a blanqueo, fraude, ransomware y evasión de sanciones.
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Dos servicios dentro de una red
OFAC designó a PM2BTC, un exchange que habría facilitado una proporción elevada de transacciones relacionadas con actividad ilícita. También incluyó a Cryptex, que ofrecía conversión y transferencias sin los controles de identidad esperables y habría procesado más de 51 millones de dólares vinculados a ransomware y otros delitos.
El Tesoro señaló a Sergey Ivanov como operador asociado a servicios de blanqueo y a Timur Shakhmametov por su relación con Joker’s Stash, un mercado de tarjetas robadas. La actuación alcanzó empresas y direcciones de moneda virtual para dificultar el uso de infraestructura alternativa.
La operación incluyó al sistema UAPS y servicios de pago conectados a tiendas de fraude. Esa visión de red era importante: cerrar un dominio aislado no impide que los mismos operadores migren si conservan cuentas, proveedores y rutas de liquidez.
Qué produce una designación de OFAC
Los bienes e intereses en bienes de personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. En general, las personas estadounidenses no pueden realizar transacciones con ellas salvo licencia o excepción. También pueden aplicarse restricciones a entidades poseídas en al menos un 50 %.
Una dirección blockchain incluida por OFAC ayuda a identificar exposición, pero no reemplaza el análisis. Los activos pueden moverse y las personas designadas pueden utilizar nuevas direcciones. Exchanges y custodios necesitan combinar listas, análisis de transacciones, identidad y escalado de alertas.
Bloquear no significa confiscar automáticamente. El activo sigue sujeto a una restricción jurídica hasta que una autoridad autorice otra cosa. La incautación penal requiere base y procedimiento distintos, aunque ambas medidas puedan coordinarse en la misma operación.
Sanción, acusación y prueba
La designación administrativa se apoyaba en las facultades de OFAC. Los cargos penales contra individuos eran acusaciones que debían probarse ante un tribunal. Comunicar el operativo exigía separar ambos planos y mantener la presunción de inocencia respecto de quienes no hubieran sido condenados.
El Departamento de Estado anunció recompensas por información que condujera a arrestos o condenas. Países Bajos tomó servidores asociados a Cryptex y mostró una pantalla de incautación. La cooperación reveló que infraestructura, operadores y víctimas se repartían entre jurisdicciones.
Para un exchange que recibiera fondos procedentes de esas direcciones, la respuesta no consistía solo en rechazar la operación. Debía conservar registros, impedir avisos indebidos al cliente, evaluar obligaciones de reporte y consultar procedimientos de bloqueo. Mover los tokens para «devolverlos» podía constituir una transacción prohibida.
El análisis temporal era igualmente importante. Una dirección podía haber recibido fondos antes de la designación y mantenerlos después. Las obligaciones cambian cuando la persona entra en la lista, mientras la investigación sobre el origen puede abarcar años anteriores. Fecha, contraparte y control debían reconstruirse por separado.
Los servicios sin identificación ofrecían velocidad a usuarios legítimos, pero también reducían barreras para criminales. El caso mostró que una política nominal de cumplimiento no protege si el modelo acepta sistemáticamente actividad ilícita o facilita eludir controles de terceros.
Perspectiva desde 2026
Desde agosto de 2026, la actuación sigue mostrando cómo las sanciones se aplican a intermediarios cripto sin prohibir la tecnología. El objetivo era cortar servicios y personas que, según las autoridades, profesionalizaban la conversión de ingresos criminales y conectaban mercados ilícitos con liquidez.
Para empresas, la lección es mantener controles continuos y capacidad de congelar sin destruir evidencia. Para usuarios, una transferencia aceptada por la red puede seguir siendo jurídicamente ilícita. La validez técnica de un bloque no concede permiso frente a sanciones, blanqueo o órdenes de incautación.
Fuentes
- Tesoro de Estados Unidos: sanciones contra la red rusa, 26 de septiembre de 2024.
- Chainalysis: análisis contemporáneo de Cryptex y UAPS, septiembre de 2024.
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