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El Parlamento Europeo aprueba el paquete AML que incluye a los proveedores cripto

Ilustración editorial de un documento normativo, un sello de aprobación y una calculadora fiscal.

El Parlamento Europeo aprobó el 24 de abril de 2024 tres piezas centrales de la reforma contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. El paquete AML europeo para proveedores cripto incorporó a los proveedores de servicios de criptoactivos, o CASP, al nuevo código normativo único y creó la autoridad europea AMLA. Aún faltaba la adopción formal del Consejo antes de que los textos fueran legislación definitiva.

Qué ocurrió

La votación parlamentaria abarcó un reglamento con obligaciones directamente aplicables al sector privado, una sexta directiva sobre mecanismos nacionales y un reglamento para establecer la Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA). El conjunto pretendía reducir diferencias entre Estados miembros y mejorar la coordinación de supervisores y unidades de inteligencia financiera.

La mayor parte del sector cripto quedó incluida entre las entidades obligadas. Los CASP tendrían que aplicar diligencia debida, identificar y verificar clientes, vigilar operaciones y comunicar actividades sospechosas. Las normas complementaban el régimen de autorización y conducta de MiCA, pero no lo sustituían.

El Parlamento presentó además medidas sobre titularidad real, acceso a registros, límites al efectivo y supervisión de entidades de alto riesgo. Frankfurt había sido elegida sede de AMLA. La votación cerraba la posición parlamentaria, aunque el procedimiento legislativo no terminó hasta la adopción del Consejo del 30 de mayo de 2024.

Claves jurídicas y regulatorias

Trasladar obligaciones del sector privado a un reglamento era un cambio estructural. A diferencia de una directiva, el reglamento se aplica sin necesidad de que cada país reproduzca todas sus reglas en una ley nacional. La directiva mantenía un papel distinto: organizar autoridades, unidades de inteligencia y aspectos que exigen transposición interna.

Para los CASP, el texto consolidó la diligencia debida en relaciones de negocio y en determinadas operaciones ocasionales. El reglamento definitivo fijó un umbral de 1.000 euros para ciertas transacciones ocasionales en criptoactivos y exigió medidas basadas en riesgo cuando una transferencia implicara una dirección de autocustodia. Eso no equivalía a prohibir los monederos propios ni a identificar a cada dirección pública.

AMLA recibió facultades de coordinación y supervisión directa sobre una selección de entidades financieras de alto riesgo con actividad transfronteriza. Su creación tampoco desplazó inmediatamente a los supervisores nacionales. El sistema se diseñó como una red en la que la nueva autoridad fija criterios, coordina y asume determinados casos.

Por qué fue relevante para el sector

MiCA había dado protagonismo a licencias, reservas, conducta y organización de los CASP. El paquete AML añadió la capa de prevención del delito financiero. Una empresa podía estar autorizada bajo MiCA y, aun así, incumplir si su evaluación de riesgos, monitorización o comunicación de operaciones sospechosas era insuficiente.

La armonización redujo el margen para escoger un país únicamente por disponer de prácticas AML menos exigentes. Al mismo tiempo, obligó a los grupos paneuropeos a adaptar sistemas de datos y alertas a un estándar común. La calidad del expediente del cliente, el origen de fondos y el tratamiento de transferencias hacia autocustodia pasaron a ser asuntos centrales de producto.

Para usuarios, la consecuencia no era una vigilancia ilimitada. Las entidades debían aplicar medidas proporcionales al riesgo y respetar protección de datos, acceso y rectificación. El reto jurídico consistía en obtener información suficiente sin convertir cada operación legítima en sospechosa por el mero uso de blockchain.

Perspectiva desde 2026

El Consejo adoptó formalmente el paquete el 30 de mayo de 2024 y los textos se publicaron en el Diario Oficial en junio. El Reglamento (UE) 2024/1624 entró en vigor en julio de 2024, pero la mayor parte de sus obligaciones comenzará a aplicarse el 10 de julio de 2027. Esta diferencia entre vigencia y aplicación evita atribuir en 2026 deberes cuyo plazo general todavía no había llegado.

AMLA inició su actividad en Frankfurt a mediados de 2025 y durante 2026 seguía construyendo personal, metodología y cooperación con autoridades nacionales. Su capacidad jurídica ya existía, pero el despliegue completo de la supervisión directa y del nuevo código era gradual.

A agosto de 2026, el paquete estaba aprobado y en vigor, mientras empresas y supervisores preparaban la aplicación principal. La votación de abril fue decisiva, pero no transformó de un día para otro los controles de todos los CASP. La lectura correcta combina el acto legislativo, su adopción final y el calendario de transición.

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