Fiscales federales de Nueva York anunciaron el 24 de abril de 2024 la detención y acusación de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet. Los cargos contra los fundadores de Samourai Wallet incluían conspiración para cometer blanqueo y para operar un transmisor de dinero sin licencia. En aquella fecha eran alegaciones y ambos conservaban la presunción de inocencia.
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Qué ocurrió
Samourai se presentaba como un monedero de bitcoin centrado en la privacidad. Entre sus funciones estaban Whirlpool, que coordinaba transacciones CoinJoin para romper vínculos evidentes entre entradas y salidas, y Ricochet, que añadía saltos intermedios antes de que los fondos alcanzaran su destino. Los usuarios conservaban sus claves, pero los fiscales afirmaron que los operadores coordinaban servicios esenciales y cobraban comisiones.
La acusación sostuvo que desde 2015 el servicio procesó más de 2.000 millones de dólares en transacciones calificadas como ilícitas y facilitó el blanqueo de más de 100 millones procedentes de mercados de la red oscura, fraudes y otros delitos. Esas cantidades eran atribuciones del Gobierno, no hechos ya declarados por un jurado.
Rodriguez fue detenido en Estados Unidos y Hill en Portugal a petición estadounidense. Las autoridades incautaron servidores y el dominio web, y Google retiró la aplicación de su tienda. El cargo de conspiración para blanquear tenía una pena máxima mayor que el de transmisión sin licencia, pero una pena máxima legal no anticipaba la sentencia efectiva.
Claves jurídicas y regulatorias
El conflicto puso el foco en si la operación de determinadas herramientas sin custodia podía constituir un negocio de transmisión de dinero. La defensa pública del sector distinguía entre publicar código y controlar fondos de terceros. La Fiscalía, en cambio, destacó la coordinación de Whirlpool, la infraestructura mantenida, las comisiones y comunicaciones que, según sus alegaciones, mostraban promoción entre usuarios criminales.
La ausencia de custodia no resolvía automáticamente el análisis. El derecho penal examina la función del servicio, el conocimiento y la intención exigidos por cada delito. También importa separar un monedero genérico de una actividad organizada que facilita transacciones, mantiene servidores o toma decisiones operativas.
El uso legítimo de privacidad financiera tampoco impedía investigar usos criminales. CoinJoin puede dificultar la trazabilidad sin que cada participante esté blanqueando dinero. Para condenar a operadores concretos, el Gobierno debía probar los elementos del delito y no apoyarse únicamente en que la tecnología aumenta la privacidad.
Por qué fue relevante para el sector
El caso generó preocupación entre desarrolladores de software de autocustodia porque la frontera entre herramienta y servicio podía afectar a numerosos proyectos. Un equipo que controla una interfaz, cobra comisiones y coordina transacciones presenta un perfil distinto del autor que publica código sin intervención posterior. Documentar esas diferencias se convirtió en una tarea de diseño jurídico.
También obligó a revisar mensajes comerciales y conocimiento del uso. Promocionar expresamente una función para ocultar producto del delito puede tener consecuencias muy diferentes de explicar privacidad frente a vigilancia comercial. Moderación, soporte y respuestas públicas pueden convertirse en prueba del propósito atribuido a los operadores.
Para usuarios, la incautación mostró un riesgo adicional: «sin custodia» no significa necesariamente «sin dependencia». Aunque las claves permanezcan en el dispositivo, servidores de coordinación, actualizaciones y dominios pueden ser puntos de interrupción. Comprender esa arquitectura ayuda a valorar continuidad y exposición legal.
Perspectiva desde 2026
Hill fue extraditado desde Portugal en julio de 2024. En 2025, ambos acusados se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La resolución evitó un juicio sobre todos los cargos iniciales y, por ello, no debe describirse como una condena por cada alegación formulada en abril.
El juez condenó a Rodriguez a cinco años de prisión el 6 de noviembre de 2025 y a Hill a cuatro años el 19 de noviembre. Cada uno recibió además tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. El DOJ indicó que habían transmitido conscientemente más de 237 millones de dólares en producto criminal y que pagaron conjuntamente unos 6,37 millones en decomiso, vinculados a comisiones.
A agosto de 2026, el proceso había pasado de acusación a declaraciones de culpabilidad y sentencias. El desenlace no convierte en ilícita toda herramienta de privacidad, pero confirma que la condición no custodial no impide responsabilidad cuando los operadores admiten dirigir un transmisor sin licencia que conoce la procedencia criminal de fondos.
Fuentes
- Department of Justice: acusación de los fundadores de Samourai, 24 de abril de 2024.
- CoinDesk: cobertura contemporánea de las detenciones, 24 de abril de 2024.
- Department of Justice: penas impuestas a Rodriguez y Hill, 19 de noviembre de 2025.
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