La expansión a nivel global de Bitcoin y las criptomonedas en general ha generado muchas dudas en el terreno legal, en especial en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, órgano que el está muy atento a todo lo que pueda suceder con el mundo criptográfico. De hecho, la institución publicó hace unos días un documento en el que repasa las principales amenazas de las monedas virtuales; además de cómo se les puede hacer frente y la forma en la que afectan a la sociedad.
Este se trata de un marco de acción legal, en el cual se recalca como los activos digitales pueden servir para llevar a cabo acciones fraudulentas y criminales.
Criptomonedas enfocadas a la privacidad
En su informe, el Departamento de Justicia ha hecho un especial hincapié en las criptomonedas orientadas a la privacidad, como es el caso de Dash, zCash y Montero. A su juicio se trata de unos elementos que sirven para ocultar comportamientos ilícitos.
La razón es que considera que estas monedas virtuales, frecuentemente, son empleadas para canjearlas por otras criptomonedas como bitcoin. Las operaciones, en estos casos, considera que es un problema. La razón, que se lleve a cabo una técnica de superposición de activos virtuales.
Para la institución, el uso de criptomonedas puede hacer que se salten controles contra el blanqueo de dinero o el financiamiento del terrorismo. Por ello, considera que se trata de una actividad de alto riesgo. Asimismo, en su informe indica que en la mayoría de las ocasiones, tras decomisar o incautar monedas digitales privadas, los activos no son liquidados; ya que de hacerlo provocaría que pudieran volver a utilizar con fines ilícitos.
La regulación, antes que la innovación
En su documento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deja claro que es necesario establecer una normativa más estricta sobre las criptomonedas, a sabiendas de que eso pueda suponer limitaciones para el desarrollo de Bitcoin y otras criptomonedas, así como de las propias redes basadas en blockchain. De esta forma, apuesta por la regulación sobre la innovación.
Para este departamento, las criptomonedas en sí mismas son una amenaza, por lo que tratará de establecer una firme regulación que impida en la medida de lo posible su uso con fines delictivos, pero que al mismo tiempo podría provocar la ralentización en el proceso de la adopción de los activos digitales.
El marco de acción legal planteado desde el Departamento de Justicia sugiere también que por más que se pueda tener confianza en la Web 3.0, esta puede suponer también amenazas muy peligrosas para la seguridad pública. Por ello, tratan de hacer frente a las amenazas existentes antes de que puedan salir de su control.
Ante esto, ha hecho hincapié en en la necesidad de establecer condiciones para la innovación tecnológica mediante políticas públicas. Además, la entidad tiene claro que no importa lo innovador de un protocolo, plataforma o servicio, ya que todo debe estar debidamente ajustado a la normativa ya establecida. Y esto puede suponer un freno para algunos de los futuros proyectos blockchain.
