El 2 de abril de 2025, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó por 32 votos a 17 remitir favorablemente, con enmiendas, el proyecto H.R. 2392. El avance del STABLE Act en la Cámara acercó a Estados Unidos a un marco federal para stablecoins de pago, pero la votación no convirtió el texto en ley ni autorizó inmediatamente a nuevos emisores.
El proyecto competía con el GENIUS Act que se tramitaba en el Senado. Ambos compartían objetivos —reservas líquidas, reembolso, transparencia y supervisión—, aunque diferían en aspectos de arquitectura federal y estatal. En abril aún era necesario que una propuesta superara las dos cámaras, que sus versiones se conciliasen y que el presidente la firmara.
Cripto-índice:
Qué incluyó el avance del STABLE Act en la Cámara
El texto reservaba la emisión de stablecoins de pago a tres grupos: filiales de entidades depositarias aseguradas, emisores no bancarios con autorización federal y emisores estatales cualificados. Operar fuera de esas categorías quedaría prohibido una vez vigente el régimen. La licencia se vinculaba a la entidad emisora, no al código del token ni a cualquier plataforma que lo distribuyera.
Los emisores debían respaldar cada unidad al menos uno a uno con activos admitidos, entre ellos efectivo y determinados instrumentos líquidos de bajo riesgo. También tendrían que publicar políticas de reembolso, divulgar mensualmente la composición de reservas y someterse a certificaciones. La estabilidad prometida pasaba así de ser una afirmación comercial a una obligación verificable.
El STABLE Act incorporaba reglas sobre custodia y separación de activos, y trataba a los emisores como instituciones financieras a efectos de la Bank Secrecy Act. Eso implicaba programas contra el blanqueo, identificación y comunicación de operaciones sospechosas. La etiqueta “stablecoin” no eximía de sanciones económicas ni de controles sobre flujos ilícitos.
La propuesta excluía de la definición federal de valor a las stablecoins de pago emitidas conforme al régimen. El alcance era limitado: otros tokens, productos con rendimiento o acuerdos de inversión seguirían necesitando su propio análisis. Tampoco transformaba una stablecoin en depósito asegurado por el mero hecho de tener reservas.
Supervisión federal y estatal
Una cuestión central era cómo repartir competencias. El proyecto admitía vías estatales si el marco local cumplía condiciones federales, mientras reservaba funciones a supervisores bancarios y al nuevo régimen federal. Para emisores existentes, elegir entidad, domicilio y licencia podía determinar capital, exámenes y acceso al mercado nacional.
Los críticos temían fragmentación, arbitraje entre estados y una protección insuficiente frente a conflictos. Los defensores sostenían que preservar supervisores estatales permitiría aprovechar regímenes ya operativos. La votación 32-17 mostró apoyo mayoritario en el comité, pero no eliminó esas diferencias políticas ni las objeciones del Senado.
Por qué fue relevante para el sector
El avance confirmó que las stablecoins habían dejado de ser un asunto tratado solo mediante interpretaciones administrativas. Ambas cámaras trabajaban sobre un estatuto específico que podía definir quién emite dólares tokenizados y cómo se protegen las reservas en una insolvencia.
Para bancos, fintech y emisores cripto, el texto ofrecía una base para planificar gobierno, activos de reserva, auditoría y reembolso. Sin embargo, anticipar una futura ley no permitía actuar como si ya existiera. Hasta la entrada en vigor de un régimen federal seguían aplicándose licencias estatales, normas bancarias, prevención del blanqueo y cualquier legislación de valores pertinente.
Perspectiva desde 2026
El STABLE Act no fue el texto que acabó promulgándose. El Congreso aprobó una versión del GENIUS Act y el presidente la firmó el 18 de julio de 2025 como Public Law 119-27. La ley estableció un régimen federal y estatal para emisores permitidos, reservas uno a uno, reembolso y divulgaciones, y excluyó determinadas stablecoins de pago de la definición de valor.
Su aplicación quedó diferida hasta el primero de dos momentos: 120 días después de que los supervisores principales adopten las reglas finales o dieciocho meses tras la promulgación. A agosto de 2026, la transición regulatoria seguía en preparación. El voto de abril fue un antecedente legislativo importante, no la fuente directa de las obligaciones definitivas.
Fuentes
- Comité de Servicios Financieros de la Cámara: sesión y votación del H.R. 2392, 2 de abril de 2025.
- Axios Crypto: cobertura contemporánea del STABLE Act, 3 de abril de 2025.
- Congress.gov: tramitación y promulgación del GENIUS Act, 18 de julio de 2025.
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