El anteproyecto español para modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo está a la espera de ser tramitado en el Parlamento. En el pasado mes de junio fue sacado en audiencia pública por parte del Gobierno.
A la espera de que sea confirmado y aprobado, esta nueva normativa afectará de forma directa a las criptomonedas; y también lo hará sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria. Este nuevo texto será el que reemplace al de la directiva comunitaria de la Unión Europea que trata el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y provocará una extensión en su campo de aplicación.
A la hora de valorar en qué puede afectar a las criptomonedas, hay que tener en cuenta que lo haría sobre los proveedores exchange. Con motivo de la nueva normativa, se incorpora a estos como sujetos obligados a la hora de ejercer servicios de custodia de monederos electrónicos.
Dentro de este ámbito tienen cabida las personas físicas y jurídicas que se encarguen de prestar servicios de intercambio de monedas digitales; o también criptomonedas al hacer el cambio a las monedas fiduciarias.
De igual forma, también se añadirán a estos proveedores como sujetos obligados en las legislaciones nacionales, además de su regulación y registro. Esto será así con independencia de que puedan ofrecer o no servicios de cambio de monedas digitales a fiat.
Una nueva normativa exigente
La nueva normativa será un tanto exigente para todos estos proveedores, lo que hará que pueda ser un golpe para las criptomonedas. De hecho, el Grupo de Acción Financiera se encontraba contemplando la posibilidad de llevar a cabo una regulación sobre los proveedores que operen con security tokens. Estos son activos virtuales que se consideran valores negociables. No obstante, en este caso no será necesario finalmente puesto que se aplicará el mismo régimen normativo que para otros valores negociables.
El Gobierno de España ha mostrado un gran deseo por la regulación de las criptomonedas, de manera que pueda controlar a quienes operan con ellas.
Uno de los instrumentos utilizados para ellos será su normativa para pelear contra el fraude fiscal. Esta obliga a todos los españoles a informar de su tenencia y operaciones con criptomonedas. De esta manera se pierde una de las características de estos activos digitales, como es la privacidad. Así se busca evitar que haya quienes puedan tener este tipo de activos sin declararlo.
Desde el Gobierno han insistido esta medida se aplica tanto en España como en el extranjero siempre que afecte a los contribuyentes españoles. Así se exige información sobre titulares y saldos de las criptomonedas; y también se prohíbe el “software de doble uso”, ya que son programas informáticos que podrían manipular los asuntos contables.
Desde Moncloa se asegura que el objetivo es que no se permita ni la producción ni la tenencia con monedas virtuales y sistemas informáticos que permitan que se manipulen datos de gestión y contables.
Los usos de las criptomonedas
Esta decisión viene dada porque en un principio las monedas virtuales se ganaron una fama negativa. Les ocurrió esto tras ser utilizada por delincuentes para llevar a cabo operaciones ilegales, ya que no podían ser rastreadas. Ahí radica uno de los verdaderos peligros que se quieren atajar.
Hoy en día se utilizan por muchos para hacer frente a las devaluaciones de las monedas fiduciarias, además de para enviar dinero a países en los que hay restricciones e incluso bloqueos económicos. Este último caso es lo que ocurre en territorios como Cuba, Argentina, Venezuela…
Por ello, este tipo de regulaciones pueden hacer que, de alguna manera, se frene la evolución positiva de las monedas virtuales.
