Los fiscales generales de Kentucky, Nebraska y otros dieciséis estados, junto con DeFi Education Fund, presentaron el 14 de noviembre de 2024 una acción federal contra la Securities and Exchange Commission (SEC). La demanda de dieciocho estados contra la SEC sostuvo que la agencia intentaba someter plataformas cripto a un régimen federal de valores sin autorización suficiente y desplazaba competencias estatales.
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Qué ocurrió
El escrito se presentó en el Distrito Este de Kentucky contra la SEC y su entonces presidente, Gary Gensler. Los demandantes cuestionaron una estrategia desarrollada mediante demandas y actuaciones de cumplimiento contra plataformas de activos digitales. Según ellos, la agencia trataba las operaciones secundarias como contratos de inversión sin identificar una relación continuada entre comprador y emisor.
Los estados alegaron que esa postura interfería con sus licencias de transmisión de dinero, reglas de custodia, protección del consumidor y leyes de propiedad no reclamada. También invocaron límites constitucionales y de derecho administrativo. DeFi Education Fund añadió la perspectiva de usuarios, desarrolladores e interfaces descentralizadas.
La demanda solicitó declaraciones e injunciones para impedir determinadas actuaciones futuras. No pidió al tribunal clasificar todos los tokens ni resolvía si una plataforma concreta había ofrecido valores. En noviembre solo expresaba las pretensiones de los demandantes; la SEC todavía debía responder.
Claves jurídicas y regulatorias
El derecho federal de valores y la regulación estatal pueden coexistir. Un negocio puede necesitar licencia estatal como transmisor y, a la vez, registro federal si negocia valores. La pregunta era si la SEC estaba aplicando un estatuto dentro de su ámbito o creando un nuevo perímetro que alteraba el reparto de competencias sin intervención del Congreso.
Para obtener una declaración preventiva, los demandantes necesitaban demostrar una controversia real y un perjuicio suficientemente concreto. Una objeción política general a la estrategia de una agencia no siempre da legitimación. La SEC podía discutir tanto el fondo como la posibilidad de revisar una «política» que no estuviera recogida en una regla o acto final único.
El federalismo no convierte automáticamente la licencia estatal en un refugio frente a normas federales. Tampoco permite al supervisor federal absorber cualquier operación porque use un token. El litigio buscaba precisamente fijar el límite entre ambos niveles sin depender de una nueva demanda contra un exchange individual.
Por qué fue relevante para el sector
La acción transformó la crítica a la «regulación por aplicación coercitiva» en una controversia institucional. No era solo una empresa defendiéndose de cargos, sino gobiernos estatales afirmando que el enfoque federal perjudicaba sus propios sistemas. Eso ampliaba los posibles argumentos y remedios.
Para plataformas, la multiplicidad de autoridades seguía siendo un problema práctico. Ganar frente a la SEC no eliminaría requisitos de cada estado, y una licencia estatal no respondería a la condición de un token como valor. Los programas de cumplimiento debían mantener mapas separados de actividad, activo y jurisdicción.
Para DeFi, el caso podía afectar a interfaces que no custodian fondos pero facilitan acceso a contratos inteligentes. La demanda cuestionaba que esa actividad se tratara sin más como bolsa de valores. El resultado dependía, sin embargo, de hechos y de la legitimación de quienes pedían la intervención del tribunal.
Perspectiva desde 2026
El contexto federal cambió en enero de 2025 con una nueva dirección de la SEC y la creación de un grupo de trabajo sobre criptoactivos. La agencia retiró varias acciones de cumplimiento y en abril pidió pausar durante sesenta días este litigio para explorar una solución. El tribunal concedió la suspensión.
Las partes informaron en mayo de que todavía no existía acuerdo. Después continuó la discusión procesal, incluida una petición de desestimación y la participación de terceros. La cronología publicada por DeFi Education Fund seguía calificando el asunto como abierto.
A agosto de 2026, no había una sentencia final que aceptara la teoría federalista de los estados ni una retirada completa que la hiciera innecesaria. El cambio de política redujo parte del conflicto práctico, pero no respondió judicialmente al alcance futuro de la SEC. Presentar la demanda como una victoria definitiva excedería su estado procesal.
Fuentes
- Fiscal General de Kentucky: demanda de los dieciocho estados, 14 de noviembre de 2024.
- Fiscal General de Nebraska: comunicado contemporáneo, 14 de noviembre de 2024.
- DeFi Education Fund: ficha y cronología del litigio, consultada en agosto de 2026.
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