El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el 23 de septiembre de 2022 la AB 2269, una propuesta de licencia estatal para empresas de activos digitales. El proyecto había superado la Asamblea y el Senado y estaba cerca de crear uno de los regímenes cripto más importantes de Estados Unidos. Su rechazo no significó que California renunciara a regular el sector, sino que el Ejecutivo consideró prematura y costosa la arquitectura concreta elegida.
La norma era conocida como una posible “BitLicense” californiana por su semejanza con el sistema de Nueva York. Habría prohibido realizar determinadas actividades con activos financieros digitales sin licencia del Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), con una entrada en vigor prevista para 2025.
Cripto-índice:
Qué exigía la AB 2269
El proyecto establecía un procedimiento de autorización, facultades de examen y supervisión y obligaciones sobre registros, información financiera y protección del cliente. Las empresas alcanzadas debían demostrar que podían operar de forma segura y conservar documentación suficiente para que el DFPI evaluara sus riesgos.
La propuesta incluía además condiciones específicas para ciertos activos diseñados para mantener un valor estable. El tratamiento de las stablecoins era delicado porque una regla estatal podía interferir con la legislación federal que se debatía en Washington y con las competencias bancarias y de transmisión de dinero ya existentes.
El alcance potencial era amplio. Exchanges, custodios y otros proveedores que prestaran servicios a residentes de California podían quedar dentro del perímetro aunque su sede estuviera en otro estado. En un mercado de ese tamaño, los requisitos californianos tenían capacidad para influir en las políticas nacionales de muchas empresas.
Por qué Newsom ejerció el veto
En su mensaje, el gobernador señaló que la Administración ya estaba estudiando un enfoque regulatorio conforme a una orden ejecutiva estatal de mayo de 2022. Consideró que la AB 2269 imponía una estructura demasiado rígida antes de completar ese trabajo y antes de saber qué marco federal adoptaría Estados Unidos.
Newsom también objetó el coste. La implantación requería decenas de millones de dólares durante los primeros años con cargo al fondo general, sin que el proyecto hubiera previsto una financiación suficiente a largo plazo a través de tasas. Para el gobernador, un programa de esa magnitud debía incorporarse al proceso presupuestario anual.
El veto ilustra una dificultad habitual de la regulación tecnológica. Actuar demasiado pronto puede fijar definiciones y requisitos que envejecen con rapidez; esperar demasiado deja a consumidores y empresas sin reglas claras. California optó por revisar el diseño, no por mantener indefinidamente un vacío.
Relevancia para empresas y usuarios
Para las compañías, el episodio confirmó la fragmentación regulatoria estadounidense. Además de las normas federales sobre valores, derivados, sanciones y blanqueo, cada estado puede exigir licencias de transmisión de dinero u otras autorizaciones. Una licencia obtenida en un estado no garantiza acceso automático a clientes de otro.
Para los consumidores, una licencia puede aportar controles sobre capital, custodia, reclamaciones y divulgación de riesgos. Sin embargo, un régimen excesivamente costoso también puede reducir la competencia y favorecer solo a operadores de gran tamaño. El reto era diseñar requisitos proporcionales sin debilitar la protección patrimonial.
El veto fue por tanto relevante como decisión institucional: mostró que incluso una jurisdicción favorable a la innovación exigía justificar presupuesto, coordinación federal y flexibilidad antes de establecer un nuevo supervisor sectorial.
Perspectiva desde 2026
California regresó al asunto un año después. El 13 de octubre de 2023, Newsom firmó la AB 39 y la SB 401, que juntas forman la Digital Financial Assets Law (DFAL). El nuevo marco concedió al DFPI facultades para licenciar, supervisar y examinar a numerosas empresas cripto, junto con reglas de protección al consumidor y requisitos para custodios y emisores.
La fecha operativa de la licencia, inicialmente prevista para julio de 2025, fue aplazada por la AB 1934 hasta el 1 de julio de 2026. Así, el veto de 2022 no detuvo la regulación; dio paso a un segundo diseño y a un calendario más largo para preparar normas y solicitudes. La trayectoria completa demuestra que un veto puede corregir la arquitectura de una política sin rechazar su objetivo.
Fuentes
- Gobernador de California: mensaje de veto de la AB 2269, 23 de septiembre de 2022.
- CoinDesk: cobertura contemporánea del veto, 24 de septiembre de 2022.
- DFPI: marco vigente de activos financieros digitales, consultado en 2026.
- Legislatura de California: AB 1934 y nueva fecha operativa, 2024.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.