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BlockFi se declara en quiebra tras quedar atrapada por la caída de FTX y Alameda

Ilustración editorial de una balanza jurídica, un documento normativo y un candado de seguridad.

BlockFi Inc. y ocho sociedades afiliadas solicitaron el 28 de noviembre de 2022 la protección del Chapter 11 ante el Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey. La plataforma había detenido las retiradas el día 10, incapaz de operar con normalidad tras el colapso de FTX. La quiebra de BlockFi mostró cómo una relación presentada meses antes como rescate podía convertirse en un canal de contagio.

La empresa declaró que utilizaría el proceso para estabilizar el negocio y recuperar obligaciones de FTX, Alameda Research y otras contrapartes. La presentación no determinó todavía cuánto cobraría cada cliente ni probó por sí misma conductas ilícitas de sus directivos. Inició un procedimiento colectivo para conservar activos, resolver reclamaciones y liquidar ordenadamente la compañía.

La exposición de BlockFi a FTX y Alameda

BlockFi había sufrido tensiones durante la crisis de crédito cripto del verano de 2022. FTX US le concedió financiación y obtuvo una opción para adquirir la empresa. Ese apoyo permitió continuar temporalmente, pero también hizo que BlockFi dependiera de un grupo cuya situación financiera no conocía con suficiente precisión.

Cuando FTX cayó, BlockFi tenía activos inmovilizados en su plataforma y reclamaciones frente a Alameda. La documentación del procedimiento señaló un incumplimiento de aproximadamente 680 millones de dólares en obligaciones de préstamos garantizados de Alameda. La compañía perdió a la vez acceso a una fuente de financiación, a activos propios y a cobros esperados.

La existencia de garantías no garantizaba una recuperación inmediata. Su valor podía caer, estar sujeto a disputas o depender de activos vinculados con el mismo grupo insolvente. En una crisis correlacionada, prestatario, garante y colateral pueden deteriorarse al mismo tiempo.

No todas las cuentas tenían la misma posición jurídica

BlockFi ofrecía monederos, cuentas de interés, préstamos y servicios para clientes privados. Los términos de cada producto resultaban determinantes. En un monedero, la documentación podía reconocer que el título sobre los criptoactivos seguía perteneciendo al cliente; en una cuenta remunerada, el usuario transfería activos para que la empresa los utilizara y recibía a cambio una obligación de devolución.

Esa diferencia afectaba a las retiradas y a la prioridad concursal. No bastaba con que dos saldos aparecieran en la misma aplicación. El tribunal debía examinar contratos, movimientos y titularidad antes de autorizar devoluciones, mientras los acreedores de productos de préstamo dependían de las recuperaciones generales del patrimonio.

El Chapter 11 impuso además la suspensión automática de muchas acciones individuales. Aunque un cliente necesitara liquidez, no podía adelantarse sin más al resto. La igualdad dentro de cada clase exige verificar reclamaciones, reservar fondos para litigios y aplicar el plan confirmado.

Por qué fue relevante para el crédito cripto

BlockFi evidenció que la diversificación aparente puede ocultar dependencias comunes. Prestamistas, exchanges y firmas de negociación se financiaban entre sí, aceptaban garantías similares y mantenían activos en las mismas plataformas. La quiebra de un nodo redujo la liquidez y el valor de las garantías del resto.

También cuestionó el rescate privado como sustituto de controles prudenciales. Una línea de crédito puede ganar tiempo, pero no crea segregación de activos ni corrige una concentración excesiva. Si quien proporciona el salvavidas tiene sus propios problemas de solvencia, la operación amplifica la exposición.

Para los usuarios, el rendimiento debía interpretarse como remuneración por un riesgo real de crédito. La marca, la facilidad de retirada en periodos normales y las garantías anunciadas no equivalían a seguro de depósitos. Para las empresas, el caso reclamaba límites por contraparte, pruebas de estrés y transparencia sobre reutilización de colateral.

Perspectiva desde 2026

El tribunal confirmó el plan de BlockFi en septiembre de 2023 y este entró en vigor el 24 de octubre. La compañía pasó a liquidarse y a perseguir sus reclamaciones. En marzo de 2024 alcanzó un acuerdo que reconoció hasta 874,5 millones de dólares en créditos frente a FTX y Alameda; después, el administrador vendió esas reclamaciones por encima de su valor nominal.

La venta permitió anunciar en julio de 2024 distribuciones del 100 % del importe dolarizado y admitido de las reclamaciones elegibles. No significaba devolver la misma cantidad de bitcoin o ether a su valor posterior, ni que cualquier reclamación discutida recibiera automáticamente el pago. Las distribuciones se canalizaron mediante Coinbase o en efectivo y exigieron controles de identidad; en abril de 2025, el administrador fijó un último plazo para que clientes pendientes completaran esos requisitos. El resultado fue mejor que las estimaciones iniciales, pero dejó una lección jurídica incómoda: en insolvencia, recuperar el 100 % de un crédito valorado en la fecha de petición puede seguir siendo muy distinto de recuperar los activos que el usuario creía conservar.

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