El Gobierno introdujo el 26 de noviembre de 2025 en la Cámara de Representantes el proyecto australiano para plataformas digitales. La propuesta sometía a licencia financiera a determinadas plataformas de activos digitales y custodia tokenizada. En esa fecha era un proyecto: todavía necesitaba aprobación parlamentaria y Royal Assent.
Cripto-índice:
Regular la plataforma en vez de cada token
El Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 creó dos nuevos conceptos de producto financiero: digital asset platform y tokenised custody platform. El foco estaba en la facilidad mediante la que un operador mantenía activos para clientes y permitía negociar, transferir o ejercer derechos.
Ese enfoque evitaba declarar que todo token subyacente era un producto financiero. Bitcoin podía no serlo por sí mismo y, aun así, la plataforma que controlaba los activos del usuario quedaría regulada por los riesgos de custodia e intermediación. La ley se dirigía a la relación entre operador y cliente.
Una plataforma de custodia tokenizada podía representar derechos sobre activos mediante tokens sin que esos activos fueran criptoactivos nativos. La definición pretendía cubrir estructuras donde el usuario depende del operador para acceder, canjear o transferir valor.
Licencia AFS y obligaciones del operador
Los operadores incluidos necesitarían una Australian Financial Services licence o una variación de la existente. La licencia trae deberes de prestar servicios con eficiencia, honestidad y equidad, gestionar conflictos, mantener competencia y recursos y cumplir sistemas de resolución de disputas.
El proyecto añadió reglas específicas sobre activos de clientes, liquidación, información y funcionamiento de la plataforma. ASIC recibiría poderes para dictar estándares y supervisar. La responsabilidad no quedaría agotada por almacenar claves con un tercero: el operador debía evaluar y controlar la cadena de custodia.
Las obligaciones de divulgación y diseño buscaban que el usuario comprendiera qué posee. Una entrada en una plataforma puede representar titularidad directa, una reclamación contractual o una participación agrupada. En insolvencia, esas diferencias determinan si el cliente recupera el activo o compite como acreedor.
Exenciones y proporcionalidad
La propuesta incorporó exclusiones para ciertos servicios de bajo valor y arreglos limitados. El objetivo era no imponer la misma carga a un proyecto pequeño sin custodia material que a un exchange con miles de millones. Los umbrales y condiciones debían verificarse; superar un límite podía activar la licencia.
También había margen para declaraciones y reglas de ASIC o del ministro. Esa flexibilidad permite adaptar el régimen, pero exige controles de transparencia. Una exención sectorial no debe entenderse como ausencia de normas de consumo, blanqueo, sanciones o privacidad.
Los proveedores extranjeros que atienden Australia no quedaban necesariamente fuera. Si ofrecen la facilidad a usuarios australianos o ejercen control relevante, necesitan analizar alcance territorial, estructura local y licencias. Bloquear una dirección IP de forma nominal puede no reflejar la clientela real.
Qué no cambió el día de la presentación
Presentar un proyecto no modifica de inmediato la Corporations Act. Las plataformas seguían sometidas a las definiciones existentes de producto y servicio financiero, además de obligaciones de consumo y AML. ASIC mantenía sus posiciones sobre productos que ya encajaban en categorías vigentes.
Por ello, una empresa no podía esperar a la futura ley si su producto ya era un managed investment scheme, derivado u otra facilidad regulada. La reforma pretendía cerrar un vacío específico, no suspender enforcement durante la tramitación.
Perspectiva desde 2026
El proyecto superó ambas cámaras el 1 de abril de 2026 y recibió Royal Assent el 8 de abril como Act 38 of 2026. El nuevo régimen comenzará el 9 de abril de 2027, después de un periodo de doce meses, y ASIC publicó una hoja de ruta para estándares, guía y licencias.
Desde agosto de 2026, el hito de noviembre ya puede situarse dentro de una ley aprobada, pero todavía en transición. Las empresas deben atender la normativa actual y preparar la futura autorización. Decir que el régimen “ya se aplica” omitiría su fecha de comienzo y el desarrollo reglamentario pendiente.
Fuentes
- Parlamento de Australia: expediente y tramitación del proyecto, desde 26 de noviembre de 2025.
- Tesoro australiano: anuncio de la reforma, 26 de noviembre de 2025.
- ASIC: hoja de ruta tras la aprobación de la ley, 20 de abril de 2026.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.