El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito resolvió el 26 de noviembre de 2024 que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) había excedido su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. La sentencia sobre Tornado Cash y OFAC interpretó el concepto legal de propiedad; no autorizó el blanqueo ni decidió la responsabilidad penal de los desarrolladores.
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Qué ocurrió
Seis usuarios, apoyados por Coinbase, impugnaron la inclusión de Tornado Cash en la lista de sanciones del Tesoro. OFAC había atribuido al mezclador operaciones vinculadas a ciberdelincuencia y a grupos patrocinados por Corea del Norte. El tribunal de distrito aceptó la posición del Gobierno, pero los demandantes recurrieron.
El Quinto Circuito revocó esa sentencia y ordenó conceder a los usuarios una sentencia parcial bajo la Administrative Procedure Act. Se centró en los contratos inmutables: programas desplegados en Ethereum que, una vez creados sin capacidad de modificación, podían seguir siendo utilizados por cualquiera pese a la voluntad de sus autores o de una organización.
Para el tribunal, esos contratos no eran «propiedad» bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), porque nadie podía poseerlos, controlarlos o excluir a otros de su uso. OFAC podía sancionar personas y determinados intereses patrimoniales, pero no ampliar mediante interpretación administrativa un término que el Congreso no había extendido a ese código autónomo.
Claves jurídicas y regulatorias
IEEPA permite bloquear propiedad e intereses en propiedad de personas designadas ante una emergencia nacional. La disputa no consistía en negar la gravedad del uso ilícito, sino en determinar si el objeto bloqueado cabía en esa habilitación. Según la mayoría, un contrato que ninguna parte puede apagar, vender o controlar carece de los atributos jurídicos necesarios.
La decisión distinguió entre software, entidad y servicio. Una interfaz web, una organización que cobre comisiones, claves administrables o contratos actualizables pueden presentar relaciones de control distintas. La conclusión sobre contratos inmutables no impedía investigar a operadores humanos ni aplicar otras leyes penales, de transmisión de dinero o sanciones cuando sus elementos se cumplieran.
El tribunal reconoció que las tecnologías nuevas pueden dejar vacíos respecto de leyes antiguas, pero atribuyó al Congreso la decisión de ampliarlas. Ese razonamiento limitó la capacidad de la agencia para resolver la laguna por sí sola y convirtió la arquitectura técnica —en particular, la posibilidad real de control— en un hecho jurídicamente decisivo.
Por qué fue relevante para el sector
Para DeFi, la sentencia fue una de las distinciones judiciales más claras entre código inmutable y una organización controlada. Demostró que llamar «protocolo» a un servicio no basta, pero también que una agencia no puede atribuir propiedad a alguien cuando nadie conserva facultades prácticas de exclusión o modificación.
Los equipos de desarrollo obtuvieron una señal importante, aunque no inmunidad. Diseñar contratos sin claves administrativas puede modificar el análisis de sanciones patrimoniales, pero no elimina responsabilidades por promoción, comisiones, interfaces, coordinación o conocimiento de usos ilícitos. El examen depende de cada función y de cada persona.
Para usuarios y empresas de cumplimiento, el fallo exigía separar una dirección sancionada de un bloque de código que seguía ejecutándose. La imposibilidad técnica de detenerlo no eliminaba todos los riesgos de interactuar con contrapartes designadas. Las herramientas de análisis on-chain y las políticas de riesgo continuaban siendo necesarias.
Perspectiva desde 2026
El 21 de marzo de 2025, el Tesoro retiró de su lista a Tornado Cash y a las direcciones asociadas. En abril, el tribunal de distrito dictó sentencia final y dejó sin efecto la designación conforme al mandato de apelación, pese a la discusión del Gobierno sobre si la retirada había vuelto abstracto el litigio.
La causa civil no cerró el frente penal. En agosto de 2025, un jurado declaró al cofundador Roman Storm culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no alcanzó veredicto en los cargos de conspiración para blanquear y vulnerar sanciones. Los fiscales solicitaron un nuevo juicio para octubre de 2026 sobre los cargos sin resolver; a agosto de 2026 ese desenlace seguía pendiente.
Por ello, la historia posterior confirmó el límite exacto del fallo: OFAC no podía bloquear aquellos contratos inmutables como propiedad bajo IEEPA, pero las conductas de personas alrededor del protocolo podían analizarse con normas distintas. Confundir la retirada de sanciones con una legalización general de Tornado Cash ocultaría esa separación esencial.
Fuentes
- Quinto Circuito: opinión en Van Loon v. Department of the Treasury, 26 de noviembre de 2024.
- Justia: texto y síntesis de la sentencia, 26 de noviembre de 2024.
- Departamento del Tesoro: retirada de las sanciones a Tornado Cash, 21 de marzo de 2025.
- OFAC: actualización de la lista de sanciones, 21 de marzo de 2025.
- Departamento de Justicia: veredicto contra Roman Storm, 6 de agosto de 2025.
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