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Termina el periodo máximo de transición de MiCA en toda la UE

Ilustración editorial de una balanza jurídica, un candado de seguridad y un mazo judicial.

El 1 de julio de 2026 se produjo el fin de la transición de MiCA en toda la Unión Europea. Expiró la última fecha posible del grandfathering del artículo 143. Un proveedor sin autorización MiCA ni otra base válida debía cesar los servicios, aunque su Estado no hubiera completado medidas nacionales. Algunos países habían terminado antes.

Qué permitía el régimen transitorio

MiCA comenzó a aplicar su régimen de proveedores el 30 de diciembre de 2024. Las entidades que ya prestaban servicios conforme al derecho nacional podían continuar durante un periodo limitado si su Estado lo permitía. El máximo europeo terminaba el 1 de julio de 2026.

Los Estados podían acortar o no utilizar la transición. Por eso, una empresa registrada en un país no debía asumir que podía operar hasta julio en todos. La fecha dependía del Estado de origen y de la base desde la que atendía clientes.

El grandfathering no era una licencia MiCA ni confería pasaporte. Permitía continuar temporalmente bajo reglas nacionales. La autorización europea exigía una evaluación nueva de gobierno, capital, custodia, conducta y sistemas.

Qué debía ocurrir al expirar

ESMA pidió planes de salida ejecutables. Una entidad sin autorización debía dejar de captar clientes y organizar cierre o transferencia. Seguir operando por inercia podía constituir prestación no autorizada.

Los clientes necesitaban aviso claro, plazo y opciones. Podían migrar a un CASP autorizado, retirar a una wallet autocustodiada o cerrar posiciones. La empresa debía evitar ventas forzosas innecesarias y explicar comisiones y consecuencias.

Una salida ordenada incluye soporte, reconciliación y conservación de registros. Desactivar la interfaz sin devolver activos no cumple el objetivo. Si hay saldos bloqueados o procedimientos AML, deben existir vías para resolverlos.

Autorización, registro y marca

Los usuarios podían comprobar proveedores en el registro de ESMA y en autoridades nacionales. Un antiguo registro AML no equivalía a autorización MiCA. La entidad debía figurar con su razón social y servicios autorizados.

La marca comercial puede diferir de la entidad. Un grupo internacional puede tener una filial autorizada y otras no. El contrato, dominio y aviso al cliente deben identificar qué sociedad presta el servicio.

Las listas públicas también permiten comprobar el Estado de origen y si una autoridad ha comunicado una retirada o advertencia posterior.

Una licencia tampoco cubre todo. MiCA enumera custodia, exchange, ejecución, asesoramiento y otros servicios. Ofrecer una actividad fuera del permiso o un producto regulado por otra norma puede necesitar autorización adicional.

Reverse solicitation y clientes europeos

Las plataformas extranjeras no podían usar la solicitud inversa como modelo comercial. La excepción se interpreta estrechamente cuando el cliente inicia de forma exclusiva el servicio. Publicidad, afiliados o promoción en la Unión pueden impedir invocarla.

Un usuario que accede por iniciativa propia no convierte a la empresa en CASP autorizado ni obtiene todas las protecciones de MiCA. Tampoco permite ofrecer después otros activos de forma activa sin analizar el alcance.

Consecuencias para custodia y pasaporte

Desde julio, la autorización común permite pasaporte entre Estados. Para empresas, reduce múltiples registros, pero exige notificación y cumplimiento continuo. Supervisores pueden investigar quejas y retirar permisos.

Para clientes, MiCA aporta reglas sobre segregación, conflictos e información. No asegura el valor de los criptoactivos ni convierte saldos en depósitos garantizados. El riesgo de mercado permanece.

Perspectiva desde 2026

A 7 de agosto de 2026, el plazo ha expirado en todos los Estados. La cuestión ya no es cuánto grandfathering queda, sino si la entidad está autorizada, ha salido o invoca otra base válida.

El hito eliminó el último mosaico transitorio, pero no todas las diferencias supervisoras. Empresas y usuarios deben verificar el registro y el servicio concreto. “Registrado en Europa” dejó de ser una descripción suficiente.

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