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La exclusión británica para pagos con stablecoins llega a consulta

Ilustración editorial de una moneda estable anclada, una moneda digital y un candado de seguridad.

HM Treasury publicó el 21 de abril de 2026 un borrador para crear una exclusión británica para pagos con stablecoins dentro del nuevo régimen cripto. La propuesta buscaba evitar que ciertos servicios de pago con qualifying stablecoins emitidas en Reino Unido necesitaran además permisos de dealing o arranging. El documento no cambió la ley al publicarse.

Cómo funcionaría la exclusión británica para pagos con stablecoins

Las Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 habían creado actividades reguladas para emitir, custodiar y negociar determinados criptoactivos. El Tesoro detectó que una empresa que usara una stablecoin británica para pagar podía quedar también dentro de dealing o arranging, aunque su función principal fuera transmitir valor.

El borrador proponía sacar ciertos pagos con UK qualifying stablecoins de esas actividades de negociación. La finalidad era reducir duplicidades mientras se preparaba una reforma más amplia de servicios de pago. La emisión continuaría bajo autorización de la Financial Conduct Authority (FCA).

La exclusión no alcanzaría de la misma forma a préstamo y endeudamiento con stablecoins. El Gobierno consideraba que esas actividades planteaban riesgos de consumidor distintos y debían permanecer en el perímetro de dealing. Tampoco resolvía automáticamente todos los pagos transfronterizos con tokens emitidos fuera del Reino Unido.

Esa última frontera era relevante para proveedores globales. El borrador se centraba en stablecoins cualificadas emitidas en Reino Unido, por lo que un pago idéntico con un token extranjero podía recibir otro tratamiento. La estructura de emisión y la localización del servicio seguían importando.

Custodia y promoción seguían siendo relevantes

Una firma que guardara tokens por cuenta de un cliente podía necesitar permiso de safeguarding aunque la transferencia de pago quedara fuera de dealing. El borrador precisaba además que una exclusión temporal de custodia para liquidación estaba pensada para cerrar operaciones, no para custodiar stablecoins durante un servicio de pagos.

El Tesoro también planteó ajustes de promoción financiera para mantener coherencia con el nuevo perímetro. Una exclusión no permitía describir cualquier token como estable ni ocultar comisiones o riesgos. El emisor y la estructura debían satisfacer la definición de qualifying stablecoin.

Las empresas sujetas a prevención del blanqueo podían conservar obligaciones de registro aun sin permiso de dealing. Identificación, monitoreo y sanciones dependen de funciones y riesgos, no solo de la etiqueta regulatoria elegida para la operación.

Evitar solapamientos sin crear un vacío

El problema era secuencial. El régimen cripto debía comenzar antes de que terminara la modernización del derecho de pagos. Aplicar dos autorizaciones completas a una misma función podía frenar proveedores; eliminar toda supervisión hasta la reforma podía dejar desprotegidos a usuarios.

La solución propuesta mantenía emisión y salvaguarda dentro del marco cripto mientras aligeraba dealing y arranging para pagos concretos. Más adelante, la custodia ligada al pago podría trasladarse al régimen de pagos. Ese diseño exigía una transición coordinada con la FCA.

Para una empresa, era necesario descomponer el flujo: quién emite, quién recibe dinero, quién conserva tokens y quién inicia la transferencia. Solo entonces podía determinarse qué exclusión resultaba aplicable. Un producto que añadiera crédito o inversión podía salir del supuesto.

Perspectiva desde 2026

El Tesoro recibió observaciones hasta el 22 de mayo de 2026. A comienzos de agosto, la publicación de abril debía citarse por su naturaleza de borrador: el efecto jurídico dependía del instrumento final y de su entrada en vigor, no de la nota de política.

La propuesta anticipó una dirección clara: separar el uso de una stablecoin para pagar de su emisión, custodia o préstamo. Para usuarios y firmas, la pregunta no es si el token “sirve para pagos”, sino qué actividad realiza cada participante y qué permiso la cubre.

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