El Property (Digital Assets etc) Act 2025 recibió Royal Assent el 2 de diciembre y confirmó una base legal para la propiedad británica sobre activos digitales. Una cosa digital no queda excluida de los derechos de propiedad personal solo por no encajar en las dos categorías tradicionales. La ley no declaró que todo dato, token o archivo sea siempre propiedad.
Cripto-índice:
El problema de las dos categorías clásicas
El common law inglés había organizado la propiedad personal entre things in possession y things in action. La primera categoría cubre objetos físicos capaces de posesión; la segunda, derechos exigibles mediante acción, como una deuda. Un criptoactivo no es físico y puede no representar una obligación frente a una persona concreta.
Los tribunales ya habían protegido bitcoin y otros tokens como propiedad en medidas cautelares, fraude e insolvencia. Sin embargo, persistía la duda de si hacerlo exigía forzar esos activos dentro de una categoría histórica. La Law Commission recomendó confirmar que la lista no era cerrada.
El texto aprobado fue deliberadamente breve. Estableció que una cosa de naturaleza digital o electrónica puede ser objeto de derechos de propiedad personal aunque no sea ni cosa en posesión ni cosa en acción. Así reconoció espacio para una tercera categoría sin definir todos sus límites por estatuto.
Qué no decidió el Parlamento
La ley no incluyó una lista de activos protegidos. No convirtió en propiedad cualquier información copiable ni toda referencia almacenada en una base de datos. Los tribunales deben seguir examinando rivalidad, exclusividad, control, identificabilidad y estabilidad del objeto en cada caso.
Tampoco resolvió automáticamente quién es el propietario. Controlar una clave privada demuestra capacidad técnica para mover tokens, pero esa clave puede haber sido robada, custodiada por un agente o compartida. La titularidad depende de contratos, confianza, circunstancias de adquisición y reglas aplicables.
El reconocimiento patrimonial no define la clasificación regulatoria. Un token puede ser propiedad y, además, valor, instrumento financiero o producto no regulado. La respuesta sobre custodia o restitución es distinta de la pregunta sobre si su oferta necesita autorización.
Efectos en fraude, insolvencia y sucesiones
Tratar un activo digital como propiedad permite solicitar órdenes de congelación y rastreo frente a quien lo recibe. También abre remedios patrimoniales que pueden ser más útiles que una simple indemnización, especialmente cuando el demandado es insolvente o los tokens han aumentado de valor.
En una quiebra, la distinción entre activos propios y custodiados para clientes determina si entran en la masa. Una plataforma que segrega correctamente puede sostener que los tokens pertenecen a usuarios; si los mezcla y su contrato solo promete un saldo, el cliente puede quedar como acreedor ordinario.
Las sucesiones también se benefician de claridad, pero necesitan planificación operativa. Un testamento puede transmitir derechos sin proporcionar acceso a las claves. Los titulares deben coordinar instrucciones, custodios y seguridad para que el heredero pueda identificar y recuperar el activo sin exponerlo antes del fallecimiento.
Neutralidad tecnológica y evolución judicial
El Parlamento evitó definir blockchain o criptografía. Esa neutralidad permite cubrir activos futuros que compartan características patrimoniales aunque usen otra tecnología. También reduce el riesgo de que una definición rígida quede obsoleta o cree arbitraje por diseño técnico.
La contrapartida es que gran parte del contenido seguirá desarrollándose en litigios. Los jueces deben resolver transferencia válida, buena fe, prioridad, garantías y conflicto de leyes. La reforma ofrece una puerta de entrada clara, no un código completo de propiedad digital.
Perspectiva desde 2026
Desde agosto de 2026, el principal efecto sigue siendo eliminar la objeción formal de que un activo digital no puede ser propiedad por faltar en las categorías tradicionales. Los resultados concretos dependen de la naturaleza del activo y de los hechos del litigio.
Para exchanges y custodios, la ley refuerza la necesidad de contratos precisos, segregación y registros de titularidad. Para usuarios, confirma que los derechos pueden protegerse, pero no que toda pérdida sea reversible. Localizar al demandado, obtener jurisdicción y conservar acceso siguen siendo problemas prácticos.
Fuentes
- Law Commission: Royal Assent del Property (Digital Assets etc) Act, 3 de diciembre de 2025.
- Parlamento británico: expediente y texto de la ley, 2025.
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