Los fundadores de Samourai Wallet reciben penas de cinco y cuatro años

La jueza federal Denise Cote completó el 19 de noviembre de 2025 las sentencias de los fundadores de Samourai Wallet. Keonne Rodriguez recibió cinco años de prisión y William Lonergan Hill cuatro. Ambos se habían declarado culpables de conspirar para operar un negocio transmisor de dinero que conocidamente procesó fondos criminales.

Dos sentencias dentro de la misma causa

Rodriguez, consejero delegado del proyecto, fue sentenciado el 6 de noviembre. Hill, responsable tecnológico, recibió su pena el día 19. A cada uno se le impusieron además tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

Los acusados pagaron conjuntamente más de 6,3 millones de dólares en decomiso, cifra vinculada con las comisiones obtenidas. El orden de decomiso hacía referencia a una suma mucho mayor de ingresos criminales trazables procesados por el servicio. Distinguir beneficio de los operadores, volumen transmitido y perjuicio de víctimas evita sumar conceptos diferentes.

Las penas siguieron a declaraciones de culpabilidad, no a un veredicto sobre todos los cargos iniciales. Esa diferencia limita lo que puede afirmarse como decidido. Los hechos admitidos y aceptados por el tribunal sostuvieron la condena concreta por transmisión de dinero.

Qué era Samourai Wallet

Samourai ofrecía una wallet de bitcoin con herramientas de privacidad. Entre ellas figuraban servicios que coordinaban transacciones para romper vínculos evidentes entre entradas y salidas. La arquitectura podía dificultar que observadores asociaran un pago con su historial anterior.

La privacidad financiera tiene usos legítimos. Una persona puede querer evitar que un comercio conozca todo su saldo o protegerse frente a vigilancia y delincuencia. El caso no declaró ilegal cualquier wallet no custodial ni toda técnica CoinJoin. Se apoyó en el modo en que los acusados operaron, cobraron y promocionaron el servicio, y en su conocimiento admitido de usos criminales.

El Departamento de Justicia atribuyó a Samourai más de 237 millones de dólares en ingresos ilícitos transmitidos, procedentes de mercados darknet, fraudes, intrusiones, jurisdicciones sancionadas y otros delitos. Mensajes y materiales de marketing citados por la Fiscalía se utilizaron para probar intención, no solo capacidad técnica.

Transmisión de dinero y control técnico

Una cuestión central era si el servicio constituía un negocio de transmisión de dinero aunque los desarrolladores no mantuvieran custodia tradicional de todos los fondos. La causa mostró que el análisis penal puede considerar coordinación operativa, cobro de comisiones, infraestructura y conocimiento, además de quién posee una clave en cada instante.

Eso no produce una regla automática para cada software. Una aplicación publicada sin operador continuado presenta hechos distintos de un servicio gestionado, monetizado y comercializado para determinada clientela. La licencia exigible también depende de la norma concreta y de la jurisdicción.

Para equipos de desarrollo, documentar el modelo de control es tan importante como describirlo como “no custodio”. Deben analizar quién mantiene servidores, coordina transacciones, decide cambios, recibe tarifas y responde a solicitudes. Una etiqueta técnica no neutraliza la realidad económica.

Privacidad frente a conocimiento del delito

La condena no se basó únicamente en que terceros pudieran abusar del producto. Los hechos admitidos incluyeron conocimiento de ingresos criminales y una estrategia comercial que destacaba el interés de participantes de mercados grises u oscuros. Ese elemento subjetivo separa el caso de una herramienta de propósito general usada ilícitamente sin conocimiento del autor.

Al mismo tiempo, los proveedores de privacidad enfrentan un riesgo estructural: reducir trazabilidad puede atraer tanto usuarios legítimos como delincuentes. Controles, respuesta a incidentes y límites funcionales deben diseñarse sin afirmar que garantizan anonimato o inmunidad legal.

Perspectiva desde 2026

Desde agosto de 2026, las sentencias siguen siendo una referencia concreta sobre operación e intención. No deben convertirse en una prohibición general de escribir código de privacidad. Tampoco pueden reducirse a un debate abstracto sobre autocustodia, porque el expediente incluyó actividad empresarial y hechos admitidos.

La lección jurídica es examinar funciones y conducta. Para desarrolladores, saber cómo se usa el sistema y cómo se promociona puede alterar el riesgo. Para usuarios, que una herramienta sea no custodial no garantiza legalidad de los fondos ni impide que análisis blockchain y pruebas externas reconstruyan operaciones.

Fuentes

• Departamento de Justicia: sentencias de Rodriguez y Hill, 19 de noviembre de 2025.
• Departamento de Justicia: acusación inicial y descripción del servicio, 24 de abril de 2024.