La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York anunció el 14 de octubre de 2025 una acusación contra Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group, y una demanda de decomiso contra Prince Group sobre aproximadamente 127.271 bitcoin. El Gobierno los valoró entonces en unos 15.000 millones de dólares y los vinculó a presuntas estafas. Las alegaciones debían probarse y la confiscación definitiva requería su propio proceso.
Cripto-índice:
Qué alegó el Departamento de Justicia
Los fiscales acusaron a Chen Zhi de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo. Según la acusación, el conglomerado habría operado complejos en Camboya donde personas víctimas de trata eran obligadas a ejecutar estafas de inversión, conocidas como “pig butchering”. Chen Zhi se presumía inocente mientras no existiera condena.
En paralelo, el Gobierno presentó una demanda civil contra los bitcoin. Ese procedimiento se dirige al bien y exige demostrar que los activos son producto o instrumento de delitos que permiten el decomiso. La presentación no es una sentencia ni transfiere por sí sola la propiedad definitiva al Estado.
La cifra de 127.271 bitcoin era extraordinaria y el Departamento de Justicia describió la acción como la mayor de su historia. El valor en dólares era una estimación del momento, susceptible de variar con el mercado. El número de unidades resultaba más preciso para identificar el objeto reclamado.
Demanda de decomiso contra Prince Group y trazabilidad
La investigación reconstruyó movimientos a través de direcciones y sostuvo que los acusados utilizaron técnicas para separar fondos de su origen. Una blockchain pública permite seguir transferencias, pero no asigna automáticamente identidad o culpabilidad. Esa atribución necesita datos de exchanges, dispositivos, comunicaciones y control de claves.
Controlar técnicamente los bitcoin también era distinto de obtener el título jurídico. Las autoridades podían asegurar claves o fondos para impedir su movimiento mientras el tribunal decidía. Terceros que alegaran un interés legítimo podían tener vías procesales para formular reclamaciones.
El caso se coordinó con medidas de sanciones de Estados Unidos y Reino Unido contra una red mucho más amplia. Sanción, acusación penal y decomiso civil perseguían objetivos diferentes. Una designación bloquea relaciones económicas; una condena penal exige probar responsabilidad personal; el decomiso determina el destino de bienes.
Implicaciones para plataformas y víctimas
Para exchanges y custodios, el expediente mostró la necesidad de combinar análisis on-chain con conocimiento del cliente. Patrones de direcciones, contactos con servicios de alto riesgo y movimientos fragmentados pueden generar alertas, pero una decisión de bloqueo debe seguir políticas y requisitos legales.
Una recuperación estatal de gran tamaño tampoco garantiza reembolso automático a cada víctima. El tribunal debe resolver titularidad y decomiso, y después puede existir un procedimiento de restitución o remisión. Las víctimas necesitan conservar comprobantes, comunicaciones y hashes de transacción para acreditar su pérdida.
Las alegaciones sobre trabajo forzoso ampliaron la perspectiva más allá del fraude financiero. El cumplimiento podía involucrar trata de personas, sanciones y derechos humanos. Revisar solo la dirección de destino sin entender la red de control habría dejado fuera una parte esencial del riesgo.
Perspectiva desde 2026
El registro del tribunal, actualizado hasta julio de 2026, mostraba que la acción civil seguía tramitándose, con reclamantes y controversias sobre legitimación y prueba. Desde agosto de 2026, la enseñanza jurídica del anuncio sigue siendo separar las fases: ni la acusación ni la demanda debían narrarse como condena o adjudicación definitiva.
Para investigadores, la magnitud confirma la utilidad de la trazabilidad cuando se combina con pruebas externas y acceso lícito a claves. Para usuarios, recuerda que las estafas de inversión pueden presentar interfaces sofisticadas. La posibilidad de rastrear fondos no asegura que puedan recuperarse con rapidez.
Fuentes
- Departamento de Justicia: acusación y demanda de decomiso vinculadas a Prince Group, 14 de octubre de 2025.
- Fiscalía del Distrito Este de Nueva York: demanda civil de decomiso, 14 de octubre de 2025.
- Reuters: cobertura contemporánea de la actuación coordinada, 14 de octubre de 2025.
- Justia: expediente de la acción civil de decomiso, actualizado hasta julio de 2026.
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