El gobernador Greg Abbott firmó el 20 de junio de 2025 la SB 21, que creó la reserva estratégica de bitcoin de Texas. La norma estableció un fondo especial administrado por el comptroller y separado del tesoro estatal. La ley autorizó una estructura de tenencia pública, pero no asignó por sí sola dinero para comprar bitcoin ni acreditó que el Estado hubiera realizado una adquisición.
Cripto-índice:
Qué creó exactamente la SB 21
La Texas Strategic Bitcoin Reserve nació como un fondo especial fuera del tesoro. Ese diseño permite mantener activos y rendimientos dentro de una cuenta jurídicamente diferenciada, sujeta a reglas propias. El comptroller quedó encargado de administrar la reserva y debía aplicar criterios prudentes de custodia, gestión y seguridad.
La ley no se limitó a nombrar bitcoin. Definió como elegibles los activos digitales con una capitalización media de mercado de al menos 500.000 millones de dólares durante los doce meses anteriores. Ese umbral pretendía reducir la discrecionalidad y excluir tokens de menor tamaño, aunque el conjunto elegible podía cambiar con la evolución del mercado.
La reserva también podía recibir ciertos airdrops, forks y donaciones asociados con activos ya mantenidos. Los recursos podían proceder de asignaciones legislativas, ingresos de la propia reserva u otras fuentes legalmente permitidas. Crear esas vías no obligaba a la Legislatura a dotarlas ni al comptroller a invertir una cantidad determinada.
Custodia y gobierno de un activo público
Mantener bitcoin en nombre del Estado plantea riesgos diferentes de tener efectivo o deuda pública. La norma permitía recurrir a un custodio cualificado y contemplaba almacenamiento en frío. También exigía controles que redujeran acceso no autorizado, pérdida de claves y concentración de funciones críticas.
Un esquema seguro requiere separar autorización, ejecución y registro. Las políticas deberían fijar cuántas firmas se necesitan, cómo se recupera el acceso, cuándo puede moverse un activo y qué ocurre si falla el proveedor. Una dirección pública facilita comprobar saldos, pero publicar información operativa excesiva puede aumentar el riesgo físico o informático.
La SB 21 creó además un comité asesor y obligaciones de información. La supervisión política no sustituye auditorías técnicas ni valoración contable, pero obliga a documentar decisiones. Para un activo volátil, el informe debe distinguir coste de adquisición, valor de mercado, ganancias no realizadas y gastos de custodia.
Autorización no significa compra
Buena parte de la reacción pública trató la firma como si Texas ya hubiera incorporado bitcoin a su balance. Jurídicamente son pasos distintos. Primero existe el vehículo; después debe existir financiación válida; por último, la autoridad competente decide ejecutar una operación conforme a los controles aplicables.
La distinción importa para evaluar riesgo y responsabilidad. Si no hay apropiación presupuestaria, el fondo puede existir sin saldo. Si recibe una donación, deben verificarse origen, condiciones y posibles conflictos. Si compra, precio, proveedor y custodia han de ajustarse a contratación pública, controles internos y deberes del comptroller.
La reserva tampoco ofrecía a particulares un derecho frente a Texas ni convertía bitcoin en dinero oficial. Era un mecanismo de gestión patrimonial del Estado. Su éxito no podía medirse solo por una subida de precio: también cuentan liquidez, seguridad, transparencia, coste de oportunidad y adecuación al interés público.
Un modelo distinto al de otros estados
New Hampshire había autorizado en mayo de 2025 al tesorero a invertir hasta un porcentaje de determinados fondos públicos. Texas optó por crear una reserva permanente separada. Ambas leyes utilizaban filtros de capitalización y exigencias de custodia, pero diferían en fuente de financiación, estructura y órgano administrador.
Esas diferencias impiden hablar de una única categoría de “reserva estatal”. Algunas iniciativas son autorizaciones de inversión; otras, fondos específicos; y otras no superan el proyecto legislativo. Compararlas exige revisar el texto final, no solo el título o una declaración política.
Perspectiva desde 2026
Visto desde 2026, la consecuencia jurídica segura de la SB 21 es la existencia del vehículo y de sus reglas. Cualquier afirmación sobre compras, saldos o rentabilidad necesita un informe oficial posterior. La firma de junio no prueba por sí misma que hubiera una operación.
El caso de Texas convirtió debates abstractos sobre claves privadas y volatilidad en cuestiones de administración pública. También mostró el valor de redactar umbrales y controles antes de disponer de fondos. La decisión política de exponerse a bitcoin sigue siendo distinta de la capacidad legal y operativa para custodiarlo.
Fuentes
- Legislatura de Texas: historial oficial de la SB 21, 20 de junio de 2025.
- Legislatura de Texas: texto final de la SB 21, junio de 2025.
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