La gobernadora Kelly Ayotte firmó el 6 de mayo de 2025 la ley HB 302, que creó la reserva de activos digitales de New Hampshire. El nombre podía sugerir una compra inmediata de bitcoin, pero el efecto jurídico era más preciso: la norma facultaba al tesorero estatal para invertir una parte limitada de determinados fondos públicos. No le obligaba a hacerlo ni fijaba una asignación automática.
New Hampshire se convirtió así en el primer estado estadounidense que aprobó una autorización expresa de este tipo. La novedad trasladó al presupuesto público cuestiones hasta entonces tratadas sobre todo por inversores privados: elegibilidad del activo, volatilidad, custodia de claves y responsabilidad de quien administra dinero de los contribuyentes.
Cripto-índice:
Qué autorizó la reserva de activos digitales de New Hampshire
La HB 302 añadió la sección 6:8-d a la legislación estatal. Permitió invertir recursos del fondo general, del fondo de estabilización de ingresos y de otros fondos que autorizara la legislatura en metales preciosos y activos digitales. El límite era el 5 % del total de fondos públicos, no un objetivo que el tesorero tuviera que alcanzar.
Para ser elegible, un activo digital debía haber mantenido una capitalización de mercado media superior a 500.000 millones de dólares durante el año natural anterior. En mayo de 2025 ese umbral dirigía en la práctica la autorización hacia bitcoin, aunque el texto no mencionaba una moneda concreta y dejaba abierta la puerta a que otra superara el requisito en el futuro.
La ley también admitía tres vías de tenencia: una solución de custodia segura bajo control del tesorero, un custodio cualificado o un producto cotizado emitido por una sociedad de inversión registrada. Para la tenencia directa exigía controles como gobernanza con varias personas, restricciones de acceso, registro de acciones, recuperación ante desastres y auditorías periódicas del código y la seguridad.
Claves jurídicas y límites de la autorización
La decisión no convirtió bitcoin en moneda de curso legal ni en una obligación del estado. Era una habilitación discrecional sometida al deber del tesorero de administrar fondos públicos. Antes de invertir debía valorar liquidez, volatilidad, costes, concentración y compatibilidad con las necesidades de cada fondo.
El umbral de capitalización funcionó como filtro objetivo, pero no como garantía de solvencia. Una gran valoración de mercado no elimina las oscilaciones de precio ni asegura que el activo sea adecuado para atender pagos a corto plazo. Del mismo modo, recurrir a un producto cotizado reduce la complejidad de gestionar claves, pero introduce comisiones, riesgo de contraparte y dependencia de la estructura del vehículo.
La regulación de custodia fue especialmente relevante. Si el estado optaba por claves propias, la ley impedía que una sola persona pudiera mover los activos y obligaba a dejar trazabilidad operativa. Si elegía un tercero, la cualificación y los términos contractuales debían proteger el acceso estatal en caso de fallo, insolvencia o indisponibilidad del proveedor.
Por qué fue relevante para el sector
La HB 302 abrió una vía legislativa distinta de la mera aceptación de donaciones o de la conservación de criptoactivos abandonados. Por primera vez, un tesorero podía decidir adquirir exposición con fondos autorizados. Ese matiz convirtió la gestión de activos digitales en una cuestión de política financiera estatal y no solo de innovación tecnológica.
Para custodios y emisores de productos cotizados, la norma describió condiciones concretas para competir por una posible relación pública. Para otros estados ofreció un modelo reproducible, aunque cada administración debía evaluar su propia tolerancia al riesgo. La ley tampoco demostraba que una reserva fuera rentable: solamente establecía quién podía decidir, cuánto podía asignar y cómo debía mantenerse la inversión.
Perspectiva desde 2026
La autorización entró en vigor el 5 de julio de 2025 y permanece incorporada al estatuto de New Hampshire. El texto vigente conserva el límite del 5 %, el umbral de 500.000 millones de dólares y las tres alternativas de custodia. Hasta agosto de 2026, las fuentes públicas consultadas no acreditan una compra ejecutada por el tesorero; por ello no debe confundirse la existencia legal de la reserva con una cartera estatal ya financiada.
El desenlace confirma el carácter prudente del hito. La ley creó capacidad y controles, pero dejó la decisión económica en manos de la administración. Su importancia histórica reside en normalizar el análisis fiduciario de bitcoin dentro de la tesorería pública, no en probar que New Hampshire hubiera destinado necesariamente el máximo permitido.
Fuentes
- Legislatura de New Hampshire: expediente oficial de la HB 302, 6 de mayo de 2025.
- Axios: alcance de la primera autorización estatal de inversión cripto, 8 de mayo de 2025.
- Estatutos de New Hampshire: sección 6:8-d vigente, consultada en agosto de 2026.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.