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El proyecto británico de autorización cripto define el futuro perímetro

Ilustración editorial de una cartera digital, un gráfico financiero y un sello de aprobación.

El 29 de abril de 2025, HM Treasury publicó el proyecto británico de autorización cripto que debía incorporar numerosos servicios al perímetro del Financial Services and Markets Act 2000. El borrador cubría exchanges, custodia, intermediación, préstamos y staking, y alcanzaba en determinados casos a empresas extranjeras que atendieran a consumidores del Reino Unido.

El anuncio concretó una política discutida desde 2023, pero no produjo obligaciones inmediatas. Era un proyecto de instrumento reglamentario abierto a comprobaciones técnicas. La Financial Conduct Authority (FCA) aún debía consultar sus reglas, y el Gobierno tenía que completar y aprobar la legislación secundaria.

Alcance del proyecto británico de autorización cripto

El texto creó actividades reguladas para emitir determinadas stablecoins desde el Reino Unido, custodiar criptoactivos cualificados, operar plataformas de negociación y negociar como principal o agente. También incluyó organizar operaciones, prestar y tomar prestados criptoactivos y realizar staking.

La definición de staking contemplaba servicios en los que una empresa usa o dispone el uso de criptoactivos para validar una blockchain y distribuye recompensas. El liquid staking podía quedar incluido cuando el proveedor organizaba la actividad y emitía una representación del activo depositado. No todo uso individual de una red quedaba necesariamente dentro del servicio regulado.

La autorización bajo FSMA supondría requisitos sobre idoneidad, gobierno, recursos, conducta, protección de activos y supervisión. Era un salto frente al registro basado principalmente en prevención del blanqueo y las reglas de promociones financieras que ya aplicaba la FCA.

Empresas extranjeras y consumidores británicos

El proyecto adoptó un alcance territorial amplio para actividades de negociación. Una plataforma extranjera que prestara directa o indirectamente servicios a un consumidor británico podía necesitar autorización aunque careciera de oficina local. Existían excepciones delimitadas para comunicaciones iniciadas verdaderamente por el cliente y para relaciones con intermediarios autorizados.

El modelo obligaba a revisar idioma, publicidad, incorporación de usuarios, medios de pago y acuerdos de distribución. Un aviso contractual que dijera “no dirigido al Reino Unido” no bastaría si la conducta comercial mostraba captación activa. Para grupos internacionales, elegir una única entidad europea tampoco resolvía el acceso británico tras el Brexit.

El borrador no incluía todas las reglas de abuso de mercado, admisión y divulgación. Esas materias se desarrollarían por separado. Por eso, una firma no podía calcular todavía todo el coste de cumplimiento únicamente a partir del instrumento de abril.

Por qué fue relevante para el sector

El Reino Unido pasaba de controlar publicidad y blanqueo a regular el ciclo completo del servicio. Exchanges y custodios tendrían que demostrar no solo identidad de clientes, sino resiliencia, salvaguarda, gestión de conflictos y capacidad financiera. Los prestamistas y proveedores de staking entraban expresamente en la discusión.

Para consumidores, la autorización prometía estándares más comparables, pero no una garantía contra volatilidad o pérdida. Un token podía caer a cero aunque la plataforma estuviera autorizada. La protección se concentraba en conducta del proveedor, información y custodia, no en asegurar el valor de cada activo.

Perspectiva desde 2026

El Parlamento aprobó el 4 de febrero de 2026 las Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026. La FCA publicó el 30 de junio sus reglas y orientaciones finales para el nuevo régimen. Así, el borrador de abril se convirtió en una arquitectura normativa real, aunque con entrada en vigor diferida.

La ventana de solicitudes debía abrir el 30 de septiembre de 2026 y cerrar el 28 de febrero de 2027. El régimen obligatorio comenzará el 25 de octubre de 2027. A agosto de 2026, las empresas se preparaban para pedir autorización; todavía no podían describirse como autorizadas bajo un marco que no había empezado.

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