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La anulación de la regla DeFi para brokers se convierte en ley

Ilustración editorial de una calculadora fiscal, una red de nodos y eslabones de una cadena.

El 10 de abril de 2025, Donald Trump firmó la resolución H.J.Res.25 y completó la anulación de la regla DeFi para brokers aprobada por Tesoro e Internal Revenue Service (IRS) en diciembre de 2024. La resolución se convirtió en Public Law 119-5 y dejó la norma sin fuerza ni efecto antes de que comenzaran sus principales obligaciones de información.

La medida utilizó la Congressional Review Act (CRA), un mecanismo que permite al Congreso desaprobar reglas recientes mediante una resolución conjunta firmada por el presidente. Fue la primera ley de la nueva administración dirigida específicamente a criptoactivos. Su alcance, sin embargo, era más estrecho que una derogación general de la fiscalidad digital.

Qué alcanzó la anulación de la regla DeFi para brokers

La regla anulada se titulaba “Gross Proceeds Reporting by Brokers That Regularly Provide Services Effectuating Digital Asset Sales”. Habría considerado brokers informantes a determinados proveedores de interfaces o front-end capaces de facilitar de manera regular ventas de activos digitales, aunque no custodiaran directamente los fondos.

Esos proveedores tendrían que identificar usuarios y comunicar ingresos brutos mediante el Form 1099-DA para operaciones futuras. Tesoro argumentó que ciertas interfaces ejercían suficiente control sobre el acceso y ejecución para encajar en el concepto legal de broker. El sector DeFi respondió que muchos desarrolladores no conocían a las contrapartes ni podían reunir los datos exigidos por protocolos autónomos.

La ley no modificó operación por operación la definición tributaria de ingreso, ganancia o pérdida. Un usuario seguía obligado a declarar ventas, permutas y otras disposiciones imponibles aunque no recibiera un formulario. La ausencia de información de un intermediario no convierte la transacción en exenta.

El efecto especial de la Congressional Review Act

La CRA dispone que una regla desaprobada se trate como si nunca hubiera entrado en vigor y limita la posibilidad de publicar en el futuro otra “sustancialmente igual” sin autorización legal posterior. Esa expresión no está definida con detalle y su aplicación puede generar debate, pero eleva el coste jurídico de reconstruir el mismo régimen administrativo.

La resolución no eliminó la potestad del Congreso para aprobar nuevas reglas de información ni impidió al IRS aplicar normas distintas dentro de su autoridad. Tampoco resolvió qué grado de control convierte a un proveedor tecnológico en intermediario a otros efectos, como sanciones, transmisión de dinero o prevención del blanqueo.

Para desarrolladores, la diferencia entre front-end y protocolo seguía siendo relevante. Una interfaz puede seleccionar tokens, cobrar comisiones, enrutar órdenes o controlar actualizaciones aunque el contrato subyacente sea inmutable. La anulación fiscal evitó una obligación concreta, no declaró jurídicamente descentralizada a cualquier aplicación que use contratos inteligentes.

Por qué fue relevante para DeFi

El cumplimiento del Form 1099-DA podía obligar a introducir identificación y conservación de datos en interfaces diseñadas sin cuentas de cliente. Su retirada redujo el riesgo de que proveedores estadounidenses cerraran, geobloquearan usuarios o transformaran su arquitectura únicamente para reportar ingresos brutos.

También mostró que la definición de intermediario digital se estaba decidiendo por varias vías. El Congreso podía limitar una regla del Tesoro, mientras agencias y tribunales seguían examinando intermediación bajo otras leyes. Para un proyecto, ganar la discusión fiscal no resolvía automáticamente las demás.

Perspectiva desde 2026

Las reglas para brokers custodios permanecieron vigentes. El IRS aplicó el reporte de ingresos brutos a determinadas operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2025 y añadió información de base para ciertos activos desde 2026. Las instrucciones del Form 1099-DA continuaron desarrollándose para exchanges custodios, monederos alojados, quioscos y algunos procesadores.

A agosto de 2026, los front-end DeFi cubiertos por la regla de diciembre de 2024 no habían vuelto a quedar sometidos a aquella ampliación. La distinción práctica se mantenía: la ley eliminó un deber de terceros, pero los contribuyentes conservaban sus obligaciones de calcular, documentar y declarar resultados.

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