Donald Trump firmó el 6 de marzo de 2025 la orden ejecutiva que estableció la reserva estratégica de bitcoin de Estados Unidos y un depósito separado para otros activos digitales. La decisión convirtió determinados criptoactivos decomisados en una cartera administrada con objetivos públicos, pero no ordenó una compra inmediata en el mercado.
Cripto-índice:
Cómo se financia la reserva estratégica de bitcoin de Estados Unidos
La reserva debía capitalizarse con bitcoin del Departamento del Tesoro definitivamente decomisado en procedimientos civiles o penales, o recibido para satisfacer ciertas sanciones monetarias. La orden excluía activos necesarios para obligaciones legales y contemplaba liberaciones cuando procediera. No todo bitcoin incautado pasa automáticamente a ser propiedad definitiva del Gobierno.
La distinción entre incautación y decomiso es esencial. Una incautación preserva bienes durante una investigación o litigio; el decomiso definitivo requiere el procedimiento aplicable y puede quedar sujeto a derechos de víctimas, propietarios o terceros. Solo después de resolver esas cuestiones puede determinarse qué activo integra la reserva.
La orden establecía como regla que el bitcoin depositado en la reserva no se vendiera. Aun así, incluía excepciones derivadas de órdenes judiciales, deberes legales, devolución a víctimas y otras facultades expresas. Por eso “no vender” describe la política general, no una inmunidad absoluta frente a toda obligación jurídica.
Bitcoin y otros activos recibieron tratamientos distintos
Los demás criptoactivos decomisados se reunirían en el United States Digital Asset Stockpile. Para ese depósito, el Gobierno no podía adquirir activos adicionales salvo mediante decomiso, sanciones o una nueva actuación ejecutiva o legislativa. La separación reflejaba el tratamiento singular concedido a bitcoin en la orden.
Los secretarios de Tesoro y Comercio quedaron autorizados a desarrollar estrategias presupuestariamente neutrales para adquirir bitcoin adicional, sin costes incrementales para los contribuyentes. Esa autorización permitía estudiar mecanismos; no equivalía a aprobar cualquier compra ni demostraba que una operación hubiera ocurrido.
La administración también debía obtener un inventario completo de los activos digitales controlados por agencias federales. La tarea es más compleja que sumar direcciones: hay fondos bajo custodia probatoria, derechos de devolución, procedimientos abiertos y activos controlados mediante intermediarios. La contabilidad pública necesita reflejar esas restricciones.
La custodia planteaba riesgos técnicos y de gobernanza. Una reserva soberana requiere segregación de funciones, copias de seguridad, rotación de responsables, auditoría y reglas de transferencia. Publicar todas las direcciones podría mejorar transparencia, pero también revelar patrones operativos o facilitar ataques; el equilibrio debe diseñarse expresamente.
Efectos jurídicos y de mercado
La orden modificó la gestión del patrimonio federal, no declaró bitcoin moneda de curso legal ni obligó a particulares a aceptarlo. Tampoco cambió por sí sola su tratamiento fiscal, las obligaciones de exchanges o la legislación de valores. Esos ámbitos dependen de normas y autoridades diferentes.
Para titulares relacionados con un decomiso, la nueva política no eliminaba vías procesales. Un reclamante podía discutir titularidad, inocencia o devolución conforme al expediente correspondiente. La etiqueta “estratégica” no permite conservar activos que un tribunal ordene entregar a una víctima verificable.
El anuncio tuvo impacto político porque presentó la retención como alternativa a las subastas históricas. Sin embargo, valorar éxito exige datos sobre inventario, costes, seguridad y disposiciones autorizadas. El aumento posterior del precio no prueba por sí solo buena gestión, del mismo modo que una caída no decide la legalidad de la política.
Perspectiva desde 2026
El informe federal sobre activos digitales publicado en julio de 2025 mantuvo la reserva y recomendó desarrollar estrategias de adquisición neutrales para el presupuesto. Desde agosto de 2026, la orden sigue siendo el punto de partida, pero no debe citarse como prueba de compras adicionales concretas sin documentación oficial de cada operación.
La principal innovación fue institucional: separar bitcoin del resto de activos y someter su conservación a una política común. La credibilidad a largo plazo dependerá de inventarios verificables, respeto a derechos de víctimas y controles de custodia. Una reserva pública no se mide solo por el saldo, sino por la legitimidad con que cada unidad llegó y permanece en ella.
Fuentes
- Casa Blanca: orden ejecutiva de creación de la reserva, 6 de marzo de 2025.
- Associated Press: alcance inicial de la orden, marzo de 2025.
- President’s Working Group: informe sobre activos digitales, julio de 2025.
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