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MiCA pasa a aplicarse a los proveedores de servicios cripto

Ilustración editorial de una balanza jurídica, una moneda digital y eslabones de una cadena.

El 30 de diciembre de 2024 comenzó la aplicación plena de MiCA, el Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Las reglas sobre stablecoins ya operaban desde junio; la segunda fase añadió autorización y obligaciones para proveedores de servicios, ofertas de otros criptoactivos y prevención del abuso de mercado.

Quién necesita autorización

MiCA creó la categoría de proveedor de servicios de criptoactivos, o CASP. Incluye custodia, plataformas de negociación, intercambio por dinero u otros tokens, ejecución, colocación, recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento, gestión de carteras y transferencia.

Una empresa autorizada en un Estado miembro puede prestar servicios en otros mediante pasaporte europeo. La licencia exige sede y dirección efectiva, responsables idóneos, capital, gobierno y procedimientos. El pasaporte no elimina supervisión ni permite actividades fuera del permiso concedido.

Entidades financieras ya reguladas pueden prestar ciertos servicios mediante un procedimiento de notificación, sujeto a equivalencia entre su licencia y la actividad. No toda autorización bancaria o de inversión cubre automáticamente cualquier negocio cripto.

Custodia y conducta

Los CASP deben actuar de forma honesta, imparcial y profesional, gestionar conflictos y entregar información clara. Los custodios necesitan separar activos y posiciones de clientes, mantener registros y establecer políticas de claves y devolución. El contrato debe explicar derechos y responsabilidades.

Las plataformas tienen reglas de admisión, negociación y liquidación, además de controles frente a abuso. Los proveedores deben tramitar reclamaciones y externalizar con vigilancia. La tecnología puede delegarse, pero la responsabilidad regulatoria no desaparece por usar un proveedor cloud o un contrato inteligente.

MiCA no sustituye toda la normativa. Prevención del blanqueo, protección de datos, fiscalidad, pagos y sanciones continúan aplicándose. Un token puede quedar dentro del reglamento y a la vez activar otro régimen por su función o por la forma del servicio.

El periodo transitorio

Los operadores que prestaban servicios legalmente antes del 30 de diciembre podían continuar bajo medidas nacionales hasta recibir o ver rechazada su autorización, o hasta el final del plazo adoptado por su Estado. MiCA permitía como límite máximo el 1 de julio de 2026.

Los países podían acortar ese periodo o no ofrecerlo. Por ello, una empresa no podía asumir dieciocho meses en toda la Unión. Debía comprobar su base legal en cada Estado y presentar la solicitud con tiempo suficiente.

El régimen transitorio tampoco autorizaba a una empresa nueva a comenzar después de la fecha sin licencia. Protegía continuidad de operadores existentes bajo condiciones nacionales. Comercializar desde fuera de la UE solo era posible en supuestos limitados, como iniciativa exclusiva y genuina del cliente.

El cierre del 1 de julio de 2026

ESMA recordó en abril de 2026 que todas las transiciones expirarían el 1 de julio. Desde esa fecha, un proveedor sin autorización o base específica no puede seguir prestando servicios amparándose en la situación anterior. Solicitar tarde no prorroga por sí solo el permiso.

Las autoridades y empresas debían preparar salidas ordenadas para solicitudes rechazadas o incompletas. Avisos, retiradas, transferencias y conservación de registros son tan importantes como el alta, porque un cierre desordenado puede perjudicar a clientes.

Perspectiva desde 2026

Desde agosto de 2026, MiCA ha completado su transición máxima. La noticia de diciembre de 2024 fue el inicio formal del régimen, no la desaparición inmediata de todos los registros nacionales. Dos fechas y múltiples decisiones estatales convivieron durante dieciocho meses.

Para el usuario, conviene comprobar la entidad concreta y su licencia en el registro, no solo la marca. Para empresas, pasaporte y autorización requieren correspondencia entre servicios reales y permiso. Llamar «tecnología» a una función regulada no cambia su clasificación.

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