La Securities and Exchange Commission (SEC) presentó el 2 de octubre de 2024 un aviso de apelación en su litigio contra Ripple Labs. La apelación de la SEC en el caso Ripple pretendía revisar partes de una sentencia que había diferenciado las ventas institucionales de XRP de ciertas ventas programáticas en plataformas. El aviso abrió el recurso, pero no anuló automáticamente las decisiones del tribunal de primera instancia.
Cripto-índice:
Qué ocurrió
La SEC había demandado a Ripple y a dos de sus ejecutivos en diciembre de 2020 por una supuesta oferta de valores no registrada. En julio de 2023, la jueza Analisa Torres concluyó que las ventas institucionales analizadas constituían contratos de inversión, mientras que las ventas programáticas a través de exchanges no cumplían en aquellos hechos el elemento de expectativa razonable basada en los esfuerzos de otros.
La distinción no significaba que XRP tuviera una naturaleza jurídica fija para cualquier operación. El tribunal examinó diferentes modos de venta, información disponible para los compradores y compromisos asumidos. Algunas distribuciones también quedaron fuera de la teoría de la SEC por no implicar la inversión de dinero exigida por la prueba Howey.
El 7 de agosto de 2024, la sentencia final impuso a Ripple una multa civil de 125.035.150 dólares y una orden que prohibía nuevas infracciones de las disposiciones de registro. La SEC recurrió en octubre y Ripple presentó después una apelación cruzada. En ese momento, ninguna de las dos impugnaciones había sido resuelta por el Segundo Circuito.
Claves jurídicas y regulatorias
Un aviso de apelación es un acto procesal breve que preserva el derecho a pedir revisión. El alcance concreto se desarrolla después mediante formularios y escritos. Por eso, la presentación no equivalía a una decisión del tribunal de apelación ni permitía afirmar que la SEC ya hubiera revertido la parte desfavorable.
El fondo afectaba a la relación entre token y transacción. El test de Howey analiza una inversión de dinero en una empresa común con expectativa de beneficios procedentes de los esfuerzos de otros. El mismo activo puede participar en contratos jurídicamente distintos si cambian el vendedor, la información, la promesa y el canal de distribución.
La SEC buscaba evitar que la venta mediante un exchange bastara para apartar una operación del derecho de valores. Ripple defendía que los compradores programáticos no sabían a quién adquirían XRP ni recibían las promesas propias de sus contratos institucionales. La eventual respuesta podía afectar a otras demandas sobre mercados secundarios, aunque siempre debía trasladarse con atención a hechos diferentes.
Por qué fue relevante para el sector
La decisión de 2023 había sido citada por plataformas y emisores para sostener que un token no es por sí mismo un contrato de inversión. La apelación amenazaba con modificar uno de los pocos análisis judiciales desarrollados sobre ventas programáticas. Exchanges y proyectos siguieron, por ello, la definición exacta de las cuestiones recurridas.
Para cumplimiento, el caso aconsejaba separar rondas privadas, ventas institucionales, incentivos y negociación secundaria. Un informe único que describa «venta de XRP» puede ocultar diferencias decisivas en contratos, destinatarios y comunicación. La documentación comercial es tan relevante como el código del activo.
La multa también recordó que una victoria parcial no elimina los efectos de los incumplimientos declarados. Ripple había reducido de forma muy importante la cantidad solicitada por la agencia, pero seguía sometida a una sentencia y a una orden de no reincidencia mientras se tramitaba el recurso.
Perspectiva desde 2026
En 2025 las partes negociaron una salida que habría reducido la multa y levantado la orden, pero el tribunal de distrito rechazó modificar la sentencia en los términos propuestos. Finalmente, el 7 de agosto de 2025, la SEC, Ripple y sus ejecutivos presentaron una estipulación conjunta para retirar tanto la apelación como la apelación cruzada.
El desistimiento cerró el litigio sin una decisión del Segundo Circuito sobre el fondo. La sentencia final permaneció vigente: multa de 125.035.150 dólares y prohibición de infringir las reglas de registro. Por tanto, no hubo un precedente de apelación que confirmara o revocara la distinción entre ventas institucionales y programáticas.
A agosto de 2026, la lectura correcta es que las partes abandonaron sus recursos y aceptaron el resultado existente. El caso conserva valor persuasivo, pero no debe presentarse como una regla universal sobre XRP ni como una resolución del Segundo Circuito aplicable a todos los tokens.
Fuentes
- CryptoLaw: biblioteca documental del expediente Ripple, consultada en agosto de 2026.
- Reuters: cobertura contemporánea del aviso de apelación, 2 de octubre de 2024.
- SEC: desistimiento conjunto de las apelaciones, 7 de agosto de 2025.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.