El 7 de agosto de 2024, la jueza Analisa Torres impuso a Ripple Labs una multa civil de 125.035.150 dólares y una orden judicial permanente por determinadas ventas institucionales de XRP. La sanción de Ripple por ventas de XRP cerró la fase de remedios en primera instancia, aunque ambas partes conservaban entonces la posibilidad de recurrir.
La cifra fue muy inferior a los cerca de 2.000 millones de dólares que la SEC había solicitado entre restitución, intereses y multa. Ripple destacó esa diferencia como una victoria, pero la resolución no eliminó la infracción declarada en 2023. El tribunal había concluido que 1.278 operaciones de venta institucional constituían ofertas y ventas no registradas de contratos de inversión.
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Qué cubrió la sanción de Ripple por ventas de XRP
El litigio distinguió formas de distribuir el mismo activo. En julio de 2023, la jueza consideró que las ventas institucionales de Ripple satisfacían el test de Howey porque los compradores invirtieron dinero en una empresa común con una expectativa razonable de beneficios derivada de los esfuerzos de la compañía. En cambio, concluyó que las ventas programáticas ciegas en exchanges no se habían probado del mismo modo, pues los compradores no sabían si pagaban a Ripple.
La orden de agosto se concentró en el primer grupo. Calculó la multa a partir de las 1.278 transacciones infractoras y fijó 125 millones de dólares. Rechazó conceder la restitución solicitada porque la SEC no había demostrado el tipo de perjuicio pecuniario exigido para esa medida. Esa negativa no significaba que las ventas fueran lícitas; afectaba al remedio disponible.
El tribunal dictó además una prohibición permanente de futuras violaciones de la sección 5 de la Securities Act. No concedió la petición de la SEC de obligar a Ripple a registrar cada posible venta futura, pero la compañía debía analizar su conducta y respetar las reglas de registro. La orden miraba hacia adelante y podía hacerse valer si se producían nuevas infracciones.
Un activo, transacciones jurídicamente distintas
El caso se convirtió en una referencia porque rechazó resolver toda la situación de XRP con una sola etiqueta. El tribunal examinó contratos, conocimiento de compradores, comunicaciones y método de venta. Esa lógica separa el token de la operación mediante la que se ofrece, aunque no impide que determinadas transacciones conviertan su distribución en un contrato de inversión.
Para emisores y plataformas, la consecuencia era incómoda: una conclusión favorable sobre ventas secundarias no ofrecía inmunidad a colocaciones directas. Ofertas a inversores sofisticados, compromisos de lock-up, descuentos y materiales comerciales podían crear un conjunto de expectativas diferente al de una compra anónima en el mercado.
La resolución tampoco fue una sentencia del Tribunal Supremo ni una regla universal para todos los tokens. Era una decisión de un tribunal federal de distrito aplicada a un expediente concreto. Otros jueces podían valorar hechos distintos, y una apelación tenía capacidad para alterar la doctrina.
Por qué la fase de remedios fue relevante
La diferencia entre lo pedido y lo concedido mostró que ganar en responsabilidad no garantiza todos los remedios. La SEC debía justificar restitución y cuantía de la multa con las normas aplicables. A su vez, Ripple seguía obligada por una sentencia final y una prohibición, pese a evitar la mayor parte del importe reclamado.
Para el mercado de XRP, el fallo redujo incertidumbre inmediata, pero no cerró el caso en agosto de 2024. La SEC podía recurrir las conclusiones sobre ventas programáticas, y Ripple podía impugnar las institucionales o la sanción. Presentarlo entonces como resolución definitiva habría sido prematuro.
Perspectiva desde 2026
El 7 de agosto de 2025, la SEC, Ripple y sus directivos presentaron una estipulación conjunta para retirar la apelación y la apelación cruzada ante el Segundo Circuito. La SEC confirmó que la sentencia final, incluida la multa de 125.035.150 dólares y la orden permanente, permanecía en vigor.
Así terminó la vía de recurso sin una decisión de apelación sobre el fondo. Desde 2026, el resultado tiene fuerza para las partes, pero su razonamiento no debe transformarse en una declaración nacional de que XRP, en cualquier venta y circunstancia, nunca es un valor. La principal enseñanza sigue siendo transaccional: hay que analizar cómo, a quién y con qué promesas se distribuye.
Fuentes
- Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: orden de remedios, 7 de agosto de 2024.
- Reuters vía Investing.com: cobertura contemporánea de la sanción, 7 de agosto de 2024.
- SEC: retirada conjunta de las apelaciones, 7 de agosto de 2025.
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