La apelación de la SEC en Ripple no pudo continuar de inmediato

El 3 de octubre de 2023, la jueza federal Analisa Torres rechazó la solicitud de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para presentar una apelación inmediata en su litigio contra Ripple Labs. La decisión mantuvo en pie, durante el resto del procedimiento, el análisis que la magistrada había realizado en julio sobre distintas ventas de XRP.

El resultado fue relevante, pero más limitado de lo que sugerían algunos titulares. La apelación de la SEC en Ripple no quedó prohibida para siempre: el tribunal negó una vía interlocutoria, es decir, un recurso excepcional antes de que existiera una sentencia final. El caso, las obligaciones de Ripple y la posibilidad de recursos posteriores continuaban abiertos.

Qué ocurrió en la apelación de la SEC en Ripple

En julio de 2023, Torres había resuelto parcialmente las peticiones de sentencia sumaria. Consideró que las ventas institucionales de XRP examinadas sí habían formado parte de ofertas de contratos de inversión no registrados. En cambio, concluyó que las ventas programáticas realizadas a través de plataformas y otras distribuciones analizadas no satisfacían el test jurídico en las circunstancias probadas.

La SEC pidió certificar para apelación dos aspectos de esa resolución. Para interrumpir el proceso, debía demostrar que existía una cuestión de derecho controlante, que había motivos sustanciales para discrepar y que una revisión inmediata podía acelerar materialmente el final del litigio. La jueza concluyó que la agencia no había cumplido esos requisitos.

La orden señaló que la decisión de julio no establecía una regla según la cual las ventas realizadas en un exchange nunca pudieran constituir contratos de inversión. El resultado dependía de los hechos, incluidos lo que sabían los compradores y las manifestaciones atribuibles al promotor. Por ello, una discrepancia con otro juez sobre un caso distinto no convertía automáticamente el asunto en la cuestión jurídica abstracta que exige una apelación interlocutoria.

Al denegar la certificación, la solicitud de suspender el procedimiento quedó sin objeto. Seguían pendientes otras fases, entre ellas las consecuencias jurídicas de las ventas institucionales y, en aquel momento, el juicio previsto respecto de determinadas pretensiones contra los ejecutivos Bradley Garlinghouse y Christian Larsen.

Claves jurídicas y límites de la decisión

La resolución obligaba a distinguir entre el activo XRP y cada transacción concreta. El análisis bajo el test de Howey se dirige a saber si hubo una inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de beneficios derivada de los esfuerzos de otros. El canal de venta era relevante por cómo afectaba a esa expectativa, pero no actuaba como una exención universal.

Tampoco se trataba de un precedente vinculante para todos los tribunales de Estados Unidos. Era una decisión de un tribunal federal de distrito que otros jueces podían considerar persuasiva, aceptar o diferenciar. De hecho, litigios posteriores mostraron que la aplicación de Howey a distribuciones de criptoactivos seguía dependiendo del expediente probatorio y de la estructura de la oferta.

Para Ripple, la negativa evitó una pausa y conservó una victoria procesal importante. Para la SEC, no supuso renunciar a su teoría ni perder el derecho a cuestionar la resolución al finalizar el caso. Presentarla como una declaración definitiva de que XRP nunca podía estar vinculado a una oferta de valores habría confundido una decisión procesal con una clasificación absoluta.

Por qué fue relevante para el sector

Emisores, exchanges y abogados utilizaron la distinción entre ventas institucionales y programáticas para evaluar otros modelos de distribución. La orden recordó, sin embargo, que copiar la forma de una venta no bastaba: importaban la publicidad, los compromisos del equipo, la información disponible para el comprador y el uso de los fondos.

El episodio también mostró el peso del calendario procesal. Una apelación inmediata podía haber retrasado el juicio y obtener una respuesta del Segundo Circuito antes de una sentencia final. Al negarla, Torres dejó que el expediente avanzara, sin transformar su interpretación en doctrina definitiva para todo el mercado.

Perspectiva desde 2026

El litigio continuó mucho después de octubre de 2023. En agosto de 2024, el tribunal impuso a Ripple una multa civil de 125.035.150 dólares y una orden que prohibía futuras infracciones de las disposiciones de registro. Tanto la SEC como Ripple presentaron recursos, lo que confirmó que la negativa interlocutoria no había eliminado la revisión posterior.

El 7 de agosto de 2025, las partes comunicaron conjuntamente la retirada de sus apelaciones y asumieron sus propios costes. La SEC explicó que así quedaba resuelta la acción civil, mientras permanecía la sentencia final de 2024. Por tanto, visto desde 2026, el hito de octubre fue una etapa relevante del caso, no su desenlace: la distinción de 2023 siguió en pie junto con la sanción y la orden aplicables a Ripple.

Fuentes

• Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: orden que deniega la apelación interlocutoria, 3 de octubre de 2023.
• Reuters: cobertura contemporánea de la decisión, 3 de octubre de 2023.
• SEC: retirada conjunta de las apelaciones y cierre de la acción civil, 7 de agosto de 2025.