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La Cámara de EEUU avanza un marco federal para emisores de stablecoins de pago

Ilustración editorial de una moneda estable anclada, un documento normativo y una moneda digital.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes acordó el 27 de julio de 2023, por 34 votos a 16, remitir la Clarity for Payment Stablecoins Act. H.R.4766 pretendía crear vías federales y estatales para autorizar emisores, exigir reservas y reconocer un derecho de reembolso para stablecoins de pago.

La votación fue un avance parlamentario, pero no hizo vigente el marco. El proyecto necesitaba superar el pleno de la Cámara, el Senado y la firma presidencial. La falta de acuerdo entre dirigentes del comité y la Administración mostró que el reparto de supervisión seguía siendo el principal obstáculo.

Qué stablecoins pretendía regular H.R.4766

El texto se centraba en activos digitales diseñados para pagos o liquidación y convertibles por un importe monetario fijo. Esa definición buscaba distinguir una stablecoin de pago de valores, depósitos tokenizados, tokens algorítmicos u otros instrumentos cuya promesa de estabilidad no dependía de reservas líquidas y derecho de reembolso.

Solo emisores autorizados podrían crear estos tokens para usuarios estadounidenses. Bancos y entidades no bancarias seguirían vías distintas, con supervisores prudenciales responsables. Los estados conservarían un papel importante, sujeto a estándares federales mínimos y a mecanismos de intervención en situaciones de riesgo.

La tensión se concentró en cuánto poder tendría la Reserva Federal sobre emisores aprobados por autoridades estatales. Un modelo excesivamente centralizado podía desplazar regímenes como el de Nueva York; uno demasiado fragmentado podía facilitar arbitraje y stablecoins con salvaguardas desiguales.

Reservas, reembolso y transparencia

La propuesta exigía respaldo uno a uno con activos líquidos permitidos, como efectivo y deuda pública de corta duración. También imponía divulgaciones periódicas sobre composición de reservas y procedimientos para que el titular obtuviera dólares. El objetivo era reducir el riesgo de que una promesa de paridad ocultase crédito o activos difíciles de vender.

Las reservas no debían confundirse con capital del emisor ni utilizarse libremente para financiar otras actividades. En insolvencia, su tratamiento y la prioridad de los titulares eran esenciales. Un token estable en condiciones normales puede perder la paridad si los clientes dudan de la disponibilidad o propiedad de los activos de respaldo.

El proyecto abordaba además custodia, gestión, informes y cumplimiento contra el blanqueo. La estabilidad de precio no elimina riesgos operativos: una clave comprometida, un contrato defectuoso o una orden legal de congelación también pueden impedir transferencias o reembolsos.

Por qué el voto fue relevante pese al desacuerdo

Hasta julio de 2023, los emisores se apoyaban en licencias estatales, trust companies y normas de transmisión de dinero sin una ley federal específica. H.R.4766 ofrecía un suelo común y reconocía que las stablecoins utilizadas como dinero requerían reglas diferentes de las aplicables a tokens especulativos.

Para bancos y fintechs, el diseño condicionaba quién podía emitir y bajo qué supervisor. Para exchanges, determinaba qué tokens podían listar como instrumentos de pago y qué información debían verificar. Para titulares, la cuestión práctica era si existía un derecho exigible de reembolso y activos identificables detrás de cada unidad.

Perspectiva desde 2026

H.R.4766 no completó el procedimiento del 118.º Congreso y nunca fue ley. Sin embargo, varias de sus ideas reaparecieron en la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, conocida como GENIUS Act. El presidente firmó S.1582 el 18 de julio de 2025 como Ley Pública 119-27.

La GENIUS Act creó un marco federal y estatal para emisores permitidos, respaldo líquido completo, divulgación mensual, reembolso y cumplimiento de órdenes legales. Su entrada en aplicación depende del calendario y de normas de desarrollo previstas por el propio estatuto, por lo que no todas las obligaciones se volvieron operativas el día de la firma. Vista desde agosto de 2026, la votación de 2023 fue un antecedente fallido pero sustantivo del primer régimen federal de stablecoins de pago finalmente aprobado dos años después.

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