El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el 6 de abril de 2023 su primera evaluación de riesgo ilícito de DeFi. El informe examinó cómo delincuentes, estafadores, grupos de ransomware y actores vinculados a Corea del Norte utilizaban servicios de finanzas descentralizadas para transferir y blanquear activos digitales.
El documento no prohibió DeFi ni creó por sí mismo una nueva obligación. Era una evaluación de riesgos destinada a orientar futuras políticas, supervisión y controles privados. Su tesis principal fue que utilizar smart contracts o adoptar una estructura aparentemente descentralizada no exime de leyes ya aplicables contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
Cripto-índice:
Qué entendió el Tesoro por servicios DeFi
El Tesoro empleó una definición funcional: protocolos y servicios de activos virtuales que pretenden permitir operaciones automatizadas entre usuarios, a menudo sin un intermediario tradicional. Advirtió que la etiqueta «descentralizado» podía ocultar grados relevantes de control sobre interfaces, gobernanza, claves administrativas, comisiones o desarrollo.
Por eso recomendó analizar hechos y circunstancias. Si una persona o empresa acepta y transmite valor, cambia activos o realiza otras funciones reguladas como negocio, puede ser una institución financiera bajo la Bank Secrecy Act. La automatización de parte del proceso no decide por sí sola quién conserva responsabilidad jurídica.
El informe diferenció además la tecnología subyacente del servicio. Publicar código abierto no es necesariamente lo mismo que operar una interfaz, seleccionar activos, cobrar comisiones o poder modificar el protocolo. Identificar esos papeles permite asignar obligaciones sin tratar a todos los desarrolladores o usuarios como un único intermediario.
Vulnerabilidades y usos ilícitos señalados
Entre las vulnerabilidades figuraban programas que no aplicaban controles contra el blanqueo, fallos de ciberseguridad, mezcladores, cadenas cruzadas y dificultad para obtener información sobre beneficiarios. Actores ilícitos podían encadenar servicios, convertir tokens y mover fondos entre redes para aumentar el coste del rastreo.
El Tesoro destacó robos de activos digitales atribuidos a la República Popular Democrática de Corea y su posterior blanqueo. También describió ransomware, fraude, estafas y tráfico de drogas. No sostuvo que la mayor parte de toda actividad DeFi fuera ilícita: identificó amenazas y lagunas cuya importancia debía compararse con otros canales financieros.
Las blockchains públicas proporcionan un historial que puede facilitar análisis forense, pero una dirección no revela automáticamente la identidad de su titular. La trazabilidad técnica y la identificación jurídica cumplen funciones distintas. Exchanges de entrada y salida, proveedores de interfaces y analítica de cadena pueden ayudar a conectarlas.
Implicaciones regulatorias para protocolos y empresas
La evaluación recomendó reforzar la supervisión, aportar orientación adicional al sector privado y valorar mejoras legales para cubrir lagunas. También pidió cooperación internacional, porque una aplicación puede estar distribuida mientras desarrolladores, servidores y usuarios se encuentran en varios países.
Para los proyectos, el mensaje práctico era documentar quién controla cada componente y qué medidas son técnicamente posibles. Gestión de sanciones, monitorización de operaciones, respuesta a incidentes y gobierno de cambios no desaparecen por desplegar código. La ausencia de una sociedad claramente visible puede aumentar, en vez de reducir, la incertidumbre.
Perspectiva desde 2026
La evaluación de abril siguió formando parte del marco oficial de análisis del Tesoro. La Estrategia Nacional contra la Financiación Ilícita de mayo de 2024 incorporó los riesgos tecnológicos a un programa más amplio: cerrar lagunas legales, hacer la supervisión más eficaz, mejorar la cooperación operativa y utilizar innovación responsable para detectar actividad ilícita.
Ese seguimiento no convirtió el informe de 2023 en una norma general de registro para todos los protocolos DeFi. Hasta agosto de 2026, su importancia reside en el enfoque funcional que trasladó a supervisores y empresas: examinar control y actividad económica en vez de aceptar una etiqueta de descentralización. Para cumplimiento, la pregunta útil dejó de ser únicamente «¿es DeFi?» y pasó a ser «¿quién presta qué servicio, a quién y con qué capacidad de intervención?».
Fuentes
- Tesoro de EEUU: evaluación de financiación ilícita en DeFi, 6 de abril de 2023.
- CoinDesk: cobertura contemporánea del informe, 6 de abril de 2023.
- Tesoro de EEUU: Estrategia Nacional contra la Financiación Ilícita de 2024, 16 de mayo de 2024.
- Tesoro de EEUU: repositorio de evaluaciones de riesgo de blanqueo, consultado en agosto de 2026.
Participa en la conversación
Comparte una duda, un matiz o una experiencia relacionada con este análisis. Leemos todos los comentarios.