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Blockchain

Entra en vigor la primera ley vietnamita sobre activos digitales

Ilustración editorial de un documento normativo, un engranaje tecnológico y una lupa de supervisión.

El 1 de enero de 2026 se produjo la entrada en vigor de la ley digital vietnamita aprobada en junio de 2025. La Ley 71/2025/QH15 reconoció activos digitales, activos virtuales y criptoactivos y habilitó su desarrollo regulatorio. La vigencia de esas definiciones no convirtió las criptomonedas en moneda de curso legal ni autorizó automáticamente exchanges.

De la aprobación a la aplicación

La Asamblea Nacional había aprobado la Ley de la Industria de Tecnología Digital el 14 de junio de 2025. Durante el periodo entre aprobación y vigencia, el Gobierno preparó normas y un piloto de mercado. El 1 de enero marcó el momento en que la base estatutaria general comenzó a aplicarse.

La ley definió activo digital como un activo representado mediante datos digitales, susceptible de creación, emisión, almacenamiento, transferencia y autenticación electrónica. Dentro de esa categoría distinguió activos virtuales y criptoactivos según tecnología y función. Excluyó dinero, valores y otros instrumentos ya sometidos a legislación especial.

Esa exclusión evita duplicar regímenes, pero obliga a clasificar. Un token que representa una acción no deja de ser valor por usar blockchain. Un crédito tokenizado puede depender del derecho contractual subyacente. El nombre comercial no decide qué norma aplica.

Reconocimiento patrimonial y medios de pago

Reconocer un activo digital permite construir reglas sobre propiedad, custodia, transferencia y recuperación. Una persona puede tener derechos sobre un token sin que el Estado lo acepte para saldar obligaciones monetarias. La ley no eliminó la prohibición de utilizar criptoactivos no autorizados como medios de pago.

Para contratos, la definición ayuda a identificar el objeto y documentar entrega. Sin embargo, controlar una clave no prueba siempre propiedad. Custodios, mandatarios y atacantes pueden mover activos sin ser titulares legítimos. Registros, acuerdos y procedencia siguen siendo necesarios.

En insolvencia, el efecto depende de segregación. Si una plataforma mantiene activos en nombre de clientes, debe poder atribuir saldos y demostrar que no forman parte de su patrimonio. La ley general ofrece base, pero las condiciones de licencia concretan protección y responsabilidad.

El piloto de cinco años

Vietnam había aprobado en septiembre de 2025 la Resolución 05 para un piloto de mercado de cinco años. El régimen reguló emisión, negociación y proveedores bajo licencia y estableció requisitos de capital, tecnología, AML y protección del cliente.

El piloto impuso condiciones a emisores y operadores domésticos. No era una apertura libre para plataformas extranjeras. Una empresa necesitaba analizar presencia local, autorización, activos admisibles y restricciones de oferta. Atender usuarios vietnamitas desde el exterior podía seguir generando riesgo.

La ley y la resolución debían leerse juntas. La primera reconocía categorías y facultades; la segunda construía un mercado experimental. Citar una sin la otra podía exagerar tanto la permisividad como la prohibición.

Licencias, AML y protección

Los proveedores necesitaban identificar clientes, monitorear operaciones y reportar sospechas. También debían mantener sistemas, custodia y recursos. La transparencia de blockchain no sustituye diligencia: una dirección no proporciona identidad y los fondos pueden atravesar redes y puentes.

Para usuarios, la licencia importa, pero no garantiza precio ni redención. Hay que verificar entidad, servicios cubiertos y procedimiento de reclamación. Un token permitido dentro del piloto puede seguir siendo volátil o depender de un emisor privado.

Perspectiva desde 2026

La State Securities Commission publicó el 20 de enero de 2026 procedimientos administrativos para tramitar licencias dentro del piloto. Ese paso confirmó la secuencia: definición legal, mercado experimental y procedimiento de acceso.

Desde agosto, la vigencia de la ley ya no debe confundirse con ausencia de requisitos. El operador necesita encajar en las normas posteriores. Para el usuario, reconocimiento legal significa que el activo puede ser objeto de derechos; no que cualquier plataforma o pago sea legal.

Fuentes

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