La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) publicaron el 3 de enero de 2023 su primera declaración conjunta sobre los riesgos bancarios de los criptoactivos. El documento respondió a las quiebras y pérdidas de 2022 con una posición supervisora coordinada, pero no prohibió que los bancos atendieran a empresas del sector.
La distinción era importante. Las agencias advirtieron de que determinadas actividades podían resultar incompatibles con una práctica bancaria segura y sólida. Al mismo tiempo, afirmaron que ninguna entidad tenía prohibido prestar servicios a clientes de una clase o tipo concreto, siempre que evaluara la legalidad y gestionara correctamente los riesgos.
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Qué riesgos identificaron los supervisores bancarios
La declaración enumeró fraude, estafas, volatilidad, incertidumbre sobre custodia y propiedad, comunicaciones engañosas y deficiencias de gobierno corporativo. También destacó el contagio generado por préstamos y relaciones opacas entre plataformas, un problema visible tras los colapsos de Terra, Celsius y FTX.
Las stablecoins recibieron atención específica. Una pérdida de confianza podía provocar solicitudes simultáneas de reembolso y salidas rápidas de los depósitos que respaldaban al token. Para un banco que concentrase financiación procedente de emisores o empresas cripto interconectadas, esa volatilidad podía trasladarse a su propia liquidez.
Las agencias se mostraron especialmente cautas ante redes públicas y descentralizadas. Mencionaron ausencia de mecanismos claros de gobierno, dificultad para asignar responsabilidades, ciberataques, interrupciones, activos perdidos y financiación ilícita. No afirmaron que toda red pública fuera ilegal: indicaron que emitir o mantener directamente determinados criptoactivos en balance probablemente no encajaría con la seguridad y solidez exigidas.
Una expectativa supervisora, no una ley nueva
La declaración conjunta no fue una ley del Congreso ni un reglamento aprobado mediante un procedimiento de consulta. Su fuerza práctica procedía de la supervisión cotidiana. Un banco que pretendiera desarrollar una actividad debía explicar su fundamento jurídico, capital, liquidez, controles contra el blanqueo, ciberseguridad y protección del consumidor.
Esto daba a los supervisores margen para objetar un modelo concreto sin declarar ilícita toda la tecnología. La seguridad y solidez bancaria funciona de forma preventiva: una autoridad puede exigir cambios antes de que una exposición amenace a depositantes o al fondo de garantía, aunque todavía no haya ocurrido una pérdida.
El riesgo era que una cautela caso por caso se convirtiera en una exclusión de facto. Si el coste de demostrar que cualquier actividad cripto era aceptable resultaba imprevisible, algunos bancos podían decidir no abrir cuentas ni prestar servicios incluso a empresas legales. La propia frase contra la prohibición de clases de clientes trataba de evitar esa lectura, aunque no eliminó la incertidumbre operativa.
Por qué fue relevante para bancos y empresas cripto
Para los bancos, el texto convirtió los criptoactivos en una materia de consejo de administración y gestión integral, no en un proyecto aislado de innovación. Una relación aparentemente sencilla —como custodiar efectivo de un emisor— podía generar concentración de depósitos, riesgo reputacional, sanciones y movimientos bruscos de liquidez.
Para exchanges y emisores, el acceso bancario pasó a depender de una documentación más completa sobre propiedad, reservas, flujos y clientes. La consecuencia no era solo regulatoria: sin cuentas, pagos y liquidación en dinero fiduciario, una empresa podía tener dificultades para operar aunque su servicio cripto no estuviera prohibido.
Perspectiva desde 2026
La orientación cambió de forma expresa en 2025. El 7 de marzo, la OCC retiró su participación en la declaración y reafirmó que los bancos nacionales podían prestar custodia de criptoactivos, mantener ciertas reservas de stablecoins y participar en redes de validación para pagos sin obtener previamente una no objeción supervisora específica.
El 24 de abril de 2025, la Reserva Federal y la FDIC se sumaron a la retirada formal de las declaraciones conjuntas de enero y febrero de 2023. La FDIC eliminó además su requisito anterior de aprobación previa para actividades cripto permisibles. El giro no declaró inexistentes los riesgos identificados: mantuvo la obligación de cumplir la ley y operar con seguridad y solidez. Vista desde agosto de 2026, la declaración de 2023 representa una fase de supervisión extraordinariamente cauta que fue sustituida por un enfoque más neutral respecto de la tecnología y basado en las facultades bancarias ordinarias.
Fuentes
- Reserva Federal, FDIC y OCC: declaración conjunta sobre riesgos cripto, 3 de enero de 2023.
- Axios: cobertura contemporánea de la declaración bancaria, 3 de enero de 2023.
- OCC: aclaración sobre actividades bancarias con criptoactivos, 7 de marzo de 2025.
- FDIC y Reserva Federal: retirada de las declaraciones conjuntas, 24 de abril de 2025.
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