Italia promulgó el 29 de diciembre de 2022 la Ley 197/2022, su presupuesto para 2023, con una regulación fiscal específica para las criptoactividades. El impuesto cripto de Italia incorporó una categoría expresa de rentas, reglas para calcular plusvalías y pérdidas y medidas transitorias para valorar o regularizar las tenencias.
Hasta entonces, el tratamiento dependía en buena medida de interpretaciones y analogías con divisas extranjeras. La reforma no gravaba simplemente la tenencia ni convertía toda transferencia entre carteras en una venta. Identificaba hechos y rendimientos concretos, y exigía documentar el coste de adquisición para determinar el resultado fiscal.
Cripto-índice:
Cómo nació el impuesto cripto de Italia
Desde 2023, la ley incluyó entre las rentas diversas las plusvalías y otros rendimientos obtenidos mediante reembolso, transmisión onerosa, permuta o tenencia de criptoactivos. La ganancia se calculaba, con carácter general, por diferencia entre la contraprestación o valor recibido y el coste acreditado. Si el contribuyente no podía justificar ese coste con elementos ciertos, se exponía a que se considerase cero.
Las plusvalías netas quedaban sometidas a un impuesto sustitutivo del 26 % cuando superaban el umbral anual de 2.000 euros previsto entonces. Las minusvalías podían compensarse y trasladarse a ejercicios posteriores en las condiciones de la norma. El resultado exigía reconstruir compras, ventas y comisiones en euros, incluso cuando la operativa se hubiera realizado en varias plataformas.
La ley aclaró además que el intercambio entre criptoactivos con las mismas características y funciones no constituía por sí solo un hecho fiscalmente relevante. Esa formulación no permitía asumir que cualquier permuta cripto a cripto fuera neutral: había que comparar la función económica y aplicar las definiciones legales a cada operación.
Revalorización, regularización y prueba
Como medida transitoria, los titulares podían optar por revalorizar las criptoactividades poseídas el 1 de enero de 2023 pagando un impuesto sustitutivo del 14 % sobre el valor tomado como nueva referencia. No era un descuento general sobre futuras ganancias, sino una elección que exigía comparar el coste histórico documentado, el valor de revalorización y la posible evolución del activo.
El presupuesto incluyó también mecanismos para declarar activos que no se hubieran reflejado correctamente en ejercicios anteriores, con diferencias según existieran o no rendimientos omitidos. Regularizar no equivalía a una amnistía frente a cualquier conducta y debía seguir el procedimiento legal. La situación particular del contribuyente determinaba documentos, importes y riesgos.
La prueba adquiría una importancia práctica central. Una dirección pública permite ver movimientos, pero no acredita por sí sola el precio de adquisición, la identidad del propietario o si una transferencia se hizo entre carteras propias. Extractos de exchanges, registros de cartera, justificantes bancarios y criterios de valoración coherentes pasaron a formar parte de la defensa de una declaración.
Por qué fue relevante para contribuyentes y plataformas
La reforma dio mayor previsibilidad al sustituir una analogía por normas escritas para criptoactivos. También dejó claro que la regulación europea de mercados y la tributación nacional cumplen funciones diferentes. MiCA podía armonizar servicios y emisiones, pero no fijaba el impuesto personal italiano sobre una plusvalía.
Para plataformas e intermediarios, una categoría fiscal expresa aumentaba la demanda de historiales completos y datos exportables. Para los usuarios, multiplicar cuentas, protocolos y carteras elevaba el coste de reconstruir la base. La claridad del tipo impositivo no eliminaba las dudas sobre valoración, permutas, rendimientos de protocolos o pérdida de acceso a claves.
Perspectiva desde 2026
El régimen de 2022 se mantuvo como base, pero sus condiciones cambiaron. La Ley de Presupuestos para 2025 eliminó el umbral mínimo de 2.000 euros tanto para la tributación de plusvalías como para el tratamiento de las pérdidas. También dispuso que la tasa aplicable a las plusvalías y otros rendimientos cripto subiera del 26 % al 33 % desde el 1 de enero de 2026.
Por ello, el artículo debe leerse como fotografía del marco aprobado en diciembre de 2022, no como guía para una declaración presentada en 2026. La evolución demuestra que crear una categoría específica no congela sus tipos, umbrales o medidas transitorias. Quien opere en agosto de 2026 debe revisar la versión vigente y conservar datos desde el origen, porque una reforma posterior puede cambiar el resultado sin modificar el historial técnico de las operaciones.
Fuentes
- Normattiva: texto oficial de la Ley 197/2022, 29 de diciembre de 2022.
- CoinDesk: cobertura contemporánea del régimen fiscal italiano, 30 de diciembre de 2022.
- Cámara de Diputados de Italia: evolución de la tributación de criptoactivos, consultado en 2026.
- Normattiva: Ley 207/2024 de Presupuestos para 2025, 30 de diciembre de 2024.

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